Foto: Redes Sociales

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, desató una ola de indignación social que expuso nuevamente la crisis de seguridad en Michoacán y la incapacidad de las autoridades para contener la violencia política en el estado. Cientos de manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Michoacán, en Morelia, para exigir justicia y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

La protesta, realizada el 2 de noviembre, inició en la Plaza Jardín Morelos y culminó con la irrupción en la sede del Poder Ejecutivo estatal. Las puertas principales fueron forzadas y los inconformes colocaron pancartas con mensajes de repudio al gobernador y al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece.

Poco después, un grupo antimotines dispersó la movilización con gases lacrimógenos. Aunque las autoridades reportaron que no hubo heridos y que ocho personas fueron detenidas, organizaciones civiles denunciaron un uso excesivo de la fuerza y la falta de diálogo por parte del gobierno estatal.

Meses antes de su asesinato, el edil Manzo había solicitado apoyo a la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tras recibir amenazas del crimen organizado. Su petición, ignorada en su momento, hoy resuena como una muestra más de la vulnerabilidad de los servidores públicos en regiones controladas por grupos delictivos.

En respuesta a los hechos, el 3 de noviembre, diversas instituciones educativas suspendieron clases presenciales como acto de “solidaridad y respeto” hacia la familia de Manzo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) emitió un comunicado en el que expresó: “Fiel a sus principios de humanismo, solidaridad y responsabilidad social, se solidariza con el pueblo de Uruapan”.
Otros planteles anunciaron que, por razones de seguridad, las clases se impartirán de manera virtual, reflejando el clima de miedo e incertidumbre que prevalece en la entidad tras el homicidio del edil.

El caso de Carlos Manzo se suma a una larga lista de agresiones contra funcionarios locales en Michoacán, un estado donde la violencia política parece haberse normalizado mientras la respuesta institucional continúa limitada a comunicados y detenciones menores.