Tan sólo en 2022, la Policía Cibernética identificó alrededor de 500 incidentes relacionados con menores de edad en México vinculados a este tipo de desafíos.
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Foto: Redes Sociales
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, desató una ola de indignación social que expuso nuevamente la crisis de seguridad en Michoacán y la incapacidad de las autoridades para contener la violencia política en el estado. Cientos de manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Michoacán, en Morelia, para exigir justicia y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La protesta, realizada el 2 de noviembre, inició en la Plaza Jardín Morelos y culminó con la irrupción en la sede del Poder Ejecutivo estatal. Las puertas principales fueron forzadas y los inconformes colocaron pancartas con mensajes de repudio al gobernador y al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece.
Poco después, un grupo antimotines dispersó la movilización con gases lacrimógenos. Aunque las autoridades reportaron que no hubo heridos y que ocho personas fueron detenidas, organizaciones civiles denunciaron un uso excesivo de la fuerza y la falta de diálogo por parte del gobierno estatal.
Meses antes de su asesinato, el edil Manzo había solicitado apoyo a la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tras recibir amenazas del crimen organizado. Su petición, ignorada en su momento, hoy resuena como una muestra más de la vulnerabilidad de los servidores públicos en regiones controladas por grupos delictivos.
En respuesta a los hechos, el 3 de noviembre, diversas instituciones educativas suspendieron clases presenciales como acto de “solidaridad y respeto” hacia la familia de Manzo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) emitió un comunicado en el que expresó: “Fiel a sus principios de humanismo, solidaridad y responsabilidad social, se solidariza con el pueblo de Uruapan”.
Otros planteles anunciaron que, por razones de seguridad, las clases se impartirán de manera virtual, reflejando el clima de miedo e incertidumbre que prevalece en la entidad tras el homicidio del edil.
El caso de Carlos Manzo se suma a una larga lista de agresiones contra funcionarios locales en Michoacán, un estado donde la violencia política parece haberse normalizado mientras la respuesta institucional continúa limitada a comunicados y detenciones menores.
Tan sólo en 2022, la Policía Cibernética identificó alrededor de 500 incidentes relacionados con menores de edad en México vinculados a este tipo de desafíos.
De los 25 mineros, cuatro quedaron atrapados en zonas más profundas, a 300 metros aproximadamente.
Autoridades prevén afectaciones por más de 10 horas en distintas carreteras federales y estatales.
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Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
La encuesta se aplicó a cerca de 20 mil adultos en 30 países. De ellos, el 33 por ciento señaló que la violencia y el crimen son los principales problemas que les preocupan.
Entre 2012 y 2022, en México se registraron un total de 276 accidentes en minas a nivel nacional, con un saldo de 392 víctimas.
Estadounidenses residentes en México, ciudadanos con doble nacionalidad y mexicanos deportados desde EE.UU. se han organizado para sumarse a la jornada de protestas.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.