El huracán Olaf, de categoría dos y con vientos superiores a 150 kilómetros por hora, se impactó en Los Cabos y La Paz, Baja California Sur (BCS), el pasado nueve de septiembre, provocando daños por más de 200 millones de pesos (mdp) en infraestructura urbana y el patrimonio de muchas familias humildes.

En ambos puertos el oleaje se elevó de cinco a siete metros, inundó calles y hogares en las colonias más cercanas a la costa; y el Consejo Estatal de Protección Civil (CEPC), a instancias del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, declaró como zona de desastre a toda la entidad. Las líneas eléctricas y la carretera de la base militar de la Guardia Nacional, en el municipio de Los Cabos, fueron las más afectadas.

Los daños, según la primera evaluación del CEPC, se hallan por encima de los presupuestos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Junta Estatal de Caminos, por lo que el gobierno estatal está considerando solicitar la declaratoria de desastre al Gobierno Federal.

Olaf provocó que el 10 de septiembre, Víctor Castro Cosío rindiera su protesta como nuevo gobernador de BCS en un ambiente de inconformidad popular, debido a que mientras el sistema de televisión estatal trasmitía esta ceremonia en vivo, el 50 por ciento de la población carecía de energía eléctrica y en la mayoría de las casas no había agua.

Además de estas consecuencias físicas, en muchos subcalifornianos prevalece el recuerdo de que Castro Cosío, conocido simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como “buena” su decisión de desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) porque terminaría con las malas prácticas que se realizaban con sus recursos, según aquél.

El Fonden fue eliminado en julio de 2021 y con ello desapareció un instrumento financiero que apoyaba a los estados, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la atención y recuperación de las afectaciones causadas por fenómenos naturales. Había sido creado por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León en 1996.

Carlos Mendoza Davis, quien gobernó BCS de 2015 a 2021, aseguró, al inicio de su administración, que el estado tenía un seguro para daños catastróficos mayores en los cinco municipios; pero su cobertura concluyó en junio de este año, razón por la que ahora no cuenta con un respaldo económico para enfrentar cualquier desastre natural.

Ante la difícil situación que este año han enfrentado varios estados de la República a causa de sequías, ciclones, terremotos e inundaciones, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para crear un nuevo fondo de apoyo para atender desastres naturales que tendría el nombre Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (Fasden).

Ningún tipo de apoyo a damnificados

A más de 15 días de que Olaf golpeara BCS, las familias sudcalifornianas con mayores afectaciones en sus casas y bienes domésticos no han recibido ningún tipo de apoyo de los tres niveles de gobierno. En la mayoría de los casos, los fuertes vientos desprendieron techos, ventanas y tinacos, inundaron sus viviendas y perdieron mobiliarios, incluso automóviles.

El vocero estatal del Movimiento Antorchista Nacional (MAN) en BCS, César Omar Palma Ramírez, denunció que muchas familias en condiciones de vulnerabilidad extrema no han sido apoyadas por las autoridades y que, hasta el momento, no se ha elaborado un plan de contingencia para salvaguardar la vida de personas que habitan en los lugares de mayor riesgo.

“Fuimos un día antes de la llegada del huracán a Protección Civil en el gobierno del estado, nos dijeron que iban a implementar algunas medidas protocolarias preventivas y de contención ante este suceso natural; que mandarían transporte público, perifoneo y apertura de albergues, cosa que no sucedió, al menos en La Paz. En Los Cabos sí se contó con la apertura temprana de albergues y en La Paz se abrieron cinco cuando ya estaba por entrar el meteoro, ya muy tarde”.

Los damnificados de ambos municipios ni siquiera han sido visitados por las autoridades para conocer su situación. Por ello, el MAN acudió ante las autoridades correspondientes para informarles sobre ésta, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta de los funcionarios, quienes argumentan que sus agendas de trabajo están saturadas.

“Nos dicen que están muy preocupados porque son muchas las personas damnificadas; que tienen todo el interés de ayudar, pero que van llegando; que no tienen recursos, que van a implementar un nuevo programa muy parecido al Fonden, pero con reglas de operación distintas. Nos prometieron algunos apoyos de despensas que todavía no se dan. El gobierno que se fue se lavó las manos, no hizo nada y el gobierno que llegó dice que se está acomodando. Como siempre, los que más sufren ante una desgracia son los humildes”, denunció Palma.

Las pérdidas de los más afectados por el paso de Olaf han sido casi totales en muchas familias, pues el viento y las inundaciones arrasaron con gran parte de sus casas y enseres domésticos; ahora no tienen alimentos suficientes y las pocas ayudas que reciben proceden de parientes o amigos.

Las fuertes lluvias hicieron crecer el afluente de los arroyos ubicados en la zona de la Sierra de la Laguna, donde más de una veintena de ranchos quedaron incomunicados debido a la severa afectación de los caminos. Sus familiares se mantuvieron en la incertidumbre durante casi una semana, lapso en el que desconocían si se hallaban a salvo.

Las autoridades no se acercaron a la Sierra de la Laguna para conocer la situación de los rancheros; y fueron los mismos habitantes quienes arreglaron los caminos para acercarse a ver cómo estaban aquéllos. Estas personas tampoco han recibido ningún tipo de apoyo o la visita de los funcionarios públicos ni se han preocupado por saber si necesitan alimentos.

“El camino está muy malo. No hemos tenido apoyo con la máquina que se necesita. Yo pude acudir para ver hasta dónde llegaba el camino y no hay pase para llegar en carro a más de 20 ranchos. Está cortado el camino, todo está en mal estado; entre las mismas personas de aquí estuvimos arreglando algunas zonas, pero no se puede solo con pico y pala. Se necesita maquinaria que no tenemos”, señaló el subdelegado de la sierra, Donaldo Ezequiel Meza Navarro.

Debido a los fuertes vientos, el servicio de energía eléctrica se colapsó desde la tarde del siete de septiembre en Los Cabos; y en La Paz, el servicio se interrumpió en la noche del mismo jueves. Los hospitales, que disponen de plantas generadoras de electricidad, estaban preparados contra la emergencia; el hospital general Onchalito La Paz, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estuvo sin servicio de energía eléctrica durante media hora.

A las 00:40 horas, los familiares de los pacientes hospitalizados pidieron ayuda a medios de comunicación para que las autoridades se encargaran del problema debido a que temían por la salud de sus parientes internados.

“Está haciendo un calor horrible y mi papá quedó en el segundo piso. La camilla no puede llevarla al tercer piso por los elevadores a medicina interna para ser monitoreado de sus signos vitales; estamos en el área de diálisis y hemodiálisis; nos dicen que están checando. Pero esto ya tiene mucho; estamos angustiados no sabemos qué pasa con la planta. Solo nos dicen que no hay técnicos”, reveló en aquel momento José Romero.

La dirección de la Clínica Hospital del ISSSTE declaró que el problema se debió a fallas en la conexión de la planta y que afortunadamente ningún paciente resultó afectado; pero los derechohabientes denunciaron la falta de preparación ante la llegada de un fenómeno meteorológico de esta índole, lo que representa un problema grave en un estado que con frecuencia recibe el impacto de huracanes.

El CEPC advirtió que las afectaciones provocadas por Olaf eran menores, pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin servicio eléctrico a 201 mil 817 usuarios, que equivalen al 60 por ciento de sus usuarios en la entidad. Fue hasta el tercer día que se restableció al 100 por ciento.

Sin embargo, cientos de familias denunciaron que aún no contaban con energía eléctrica y que por ello habían sufrido la pérdida de alimentos y medicamentos que requieren refrigeración. En esta situación estuvieron habitantes de La Paz y Los Cabos hasta por una semana.

“CFE dice que ya todo está restablecido, pero yo estoy sin luz. Tengo seis días sin este servicio. La comida que tenía en mi refrigerador se echó a perder, el medicamento de mi papá, igual. La insulina debe de estar en un lugar fresco y ya se nos perdieron dos frascos a causa de esto. Están mintiendo porque aún hay colonias sin luz”, denunció Paola Romero.

Para atender la emergencia se habilitó a 678 trabajadores electricistas, 110 grúas, 212 vehículos y dos helicópteros. Los ciudadanos reclamaron que en esta ocasión, a diferencia de los impactos de otros huracanes, el servicio de emergencia fue lento y no se trabajó con la misma anticipación como cuando se espera la llegada de este tipo de meteoros.

Muchas escuelas afectadas

El sector educativo fue una de las áreas más afectadas por el huracán Olaf, aunque el gobierno anunció que será hasta el 1° de noviembre cuando se emita el listado de escuelas que resultaron dañadas; y aunque los docentes revelaron que algunos planteles educativos tienen severas afectaciones, el regreso a clases presenciales tuvo lugar el pasado 20 de septiembre.

La maestra Luz María Enciso, representante magisterial en BCS, indicó que el retorno físico a los planteles educativos se ha complicado porque la infraestructura de la mayoría de escuelas públicas es insegura tras el paso del huracán.

“El 90 por ciento del magisterio no está de acuerdo con esta imposición del regreso a clases de manera expedita; no hay condiciones todavía; en las escuelas estamos sin agua y sin luz. Ahora, con el huracán, tenemos árboles caídos; en algunas escuelas se volaron hasta los tinacos. Es sorprendente la manera impositiva como nos están ordenando este retorno, pasando por encima de los padres de familia, que son quienes van a decidir qué modalidad les gusta para sus hijos”.

El magisterio ha declarado que se siente decepcionado con este gobierno que difunde ser de puertas abiertas, abierto al diálogo, democrático y de consenso, pero que es todo lo contrario. Argumenta, además, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) obligó a los maestros a regresar, amenazando con levantar actas de desacato a quienes se opongan a sus órdenes.

Hay docentes que regresaron y no cuentan con los servicios indispensables, como agua y electricidad. “Sin gota de agua en la escuela, pero sacando el trabajo adelante”, aseguró la líder magisterial.

De las 588 escuelas que existen en la entidad, solo 133 abrieron sus puertas; de las que 80 son privadas y 53 públicas, ya que solo éstas cumplieron con los lineamentos establecidos por la Comisión Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Coepris) y la SEP, que trabajan ahora en el restablecimiento de los planteles, programa del que los padres de familia se han deslindado, especialmente en cuanto a la aportación de dinero, como siempre lo habían hecho.