La negociación entre los dos entes clave de la política venezolana tiene un objetivo: superar la prolongada crisis sistémica del país sudamericano auspiciada, en gran medida, por la injerencia extranjera. La voluntad expresa del gobierno bolivariano, presidido por Nicolás Maduro Moros, y la aceptación de las oposiciones reunidas en la Plataforma Unitaria de Venezuela, abordan con cautela y confianza una agenda pactada con detalle. El reinicio de esa concertación en México es alentador e indispensable para construir una región pacífica y segura.

El momentum era impostergable: había que sentarse a la mesa y reconocerse unos a otros; construir una agenda y pactar acuerdos para contener la dinámica de deterioro en que el antagonismo imperial y las antipatrióticas élites habían sumido a la una vez próspera Venezuela.

Es alentador que las élites venezolanas que tanto desprecian al socialismo, acepten que no tienen más opción que dialogar con su contraparte. Las derrotas estratégicas nunca son una sorpresa; vienen determinadas desde el inicio, sentencia la analista Carolina Vázquez Araya. Y es que los responsables del desastre solo retiran a sus peones, empacan sus instrumentos de aniquilamiento y, sin perder más que vidas consideradas como “daños colaterales”, terminan culpando del fracaso a sus aliados.

Hoy, como en ocasiones anteriores, la revolución bolivariana extendió nuevamente la mano a su contraparte. Cara a cara unos y otros, juntos y lejos de ecos que descalifican al gobierno del presidente Maduro de supuesta tiranía e insisten en ofrecer al neoliberalismo como espejismo de bondad.

Es el aquí y el ahora donde cada palabra pesa bajo las estrictas normas del protocolo diplomático. Cautela, máxima precaución y prudencia son los puntales de esta negociación trascendente que se celebró en la Ciudad de México (CDMX) el quinto diálogo formal entre gobierno y oposiciones venezolanas desde 2013.

Intentos anteriores de diálogo fracasaron, como ocurrió en 2017 en República Dominicana y 2019 en Barbados-Oslo. Hoy, la profundidad de la crisis es tal que ya no hay paso a falsas ilusiones. La nociva combinación de creciente pobreza, salarios bajos y alza en el precio de alimentos provocaron la peor tasa de inflación mundial en el país sudamericano.

La acometida imperial de Estados Unidos (EE. UU.) privó a Venezuela de su derecho a vender petróleo a sus socios extranjeros en el exterior, y le impidió obtener divisas para adquirir alimentos, bienes y equipos fundamentales para atender la salud en pleno ataque del Covid-19. El objetivo de la Casa Blanca –con huéspedes demócratas o republicanos– es claro: desesperar a la población, hostigarla hasta el hartazgo y provocar una confrontación.

Hipócrita, el 31 de agosto The New York Times destacó que para la FAO, la Agencia de Asistencia Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de cada tres venezolanos lucha para consumir suficientes calorías diarias. Por supuesto, el diario omitió citar las crueles sanciones impuestas por EE. UU. contra Venezuela.

Para detener las graves secuelas de esas medidas, las propuestas del gobierno bolivariano se perfilan hacia las garantías económicas “cercenadas por el bloqueo y las medidas coercitivas ilegales” contra su país, subrayó el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, al iniciar la segunda fase del diálogo en México.

Ante el mundo, la región y los actores extranjeros del conflicto, esta negociación marca un hito en la crisis venezolana. Para algunos, el gobierno bolivariano obtiene grandes réditos: reconocimiento internacional que apuntaría a desbloquear activos y reducir sanciones a cambio de ceder en algunas cuestiones de índole electoral.

Con el diálogo, la oposición reconoce, de forma explícita e implícita, al gobierno del presidente Maduro y a los poderes públicos del socialismo del Siglo XXI; renuncia a la sistemática violencia; participa en las elecciones regionales y municipales como una forma de legitimarse y se suman a los 37 partidos que aparecerán en la boleta electoral.

A diferencia de intentos previos, el actual proceso de diálogo incluye a Noruega –que lidera las pláticas con Dag Nylander– Países Bajos, Rusia, Bolivia y Turquía. A su vez, el presidente de EE. UU., Joseph Biden, expresó su deseo de aliviar las sanciones “si la oposición progresa de forma significativa en las negociaciones”.

Integran la delegación del gobierno bolivariano: Jorge Rodríguez; el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez; los diputados Nicolás Maduro Guerra y Francisco Torrealba; las parlamentarias Diva Guzmán y Génesis Garvett; el comisionado para los Derechos Humanos Larry Devoe; las ministras del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género Margot Godoy y Gabriela Jiménez; el Ministro de Ciencia y Tecnología y los viceministros Rander Peña y William Castillo.

En la delegación de Plataforma Unitaria figuran: el exalcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blyde Pérez; el supuesto embajador de Guaidó en Colombia; el líder de Primero Justicia, Tomás Guanipa; el supuesto encargado de negocios en la embajada de EE. UU., Carlos Vecchio, así como el líder de Acción Democrática, Freddy Guevara; el vicepresidente de Nuevo Tiempo, Stalin González; el veterano legislador Emilio Rondón y Luis Aquiles Moreno.

Oposición sin salida

La clasista, dependiente del exterior y muy violenta oposición venezolana, hoy se encuentra en un camino cerrado; sus opciones son negociar con el gobierno bolivariano en la Mesa de Diálogo y en tres meses contender en las elecciones regionales y municipales o diluirse en contradicciones y falta de liderazgo.

Hoy negocia con un gobierno al que se propuso derrocar mediante diversas formas de violencia: ataques con drones contra el titular del Poder Ejecutivo; agresivas campañas mediáticas de información falsa y protestas ante el mundo para llamar a la intervención extranjera con el pretexto de “urgencia humanitaria”.

El Memorando de Entendimiento que inauguró el diálogo político en la CDMX designa a la heterogénea oposición venezolana como Plataforma Unitaria y no menciona al autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó. Para el politólogo Alfredo Coronil Hartmann, aceptar eso es una “capitulación”.

Tan fragmentada y vulnerable está dicha oposición que lo admite la prensa corporativa anglosajona y europea, a pesar de que, por años, fue sustentada con falacias. La Casa Blanca tuvo la carta de Juan Guaidó para unir a la fracturada oposición y fracasó; su declive tragicómico dejó a sus seguidores en una encrucijada.

El exasambleísta, instrumento del interés extranjero, nunca tuvo propuestas para sacar al país del colapso económico, hoy ya no reúne multitudes y lo abandonaron sus oportunistas aliados internacionales, como la Unión Europea, que en enero pasado lo desconoció como presidente encargado de Venezuela. En mayo, Juan Guaidó, desesperado porque no controlaba nada, propuso un “acuerdo de salvación nacional” que implicaba negociar con el gobierno bolivariano. ¡Y por tanto, reconocerlo! Además, el 31 de agosto, Guaidó anunció que se presentará a los comicios del 21N.

Para seguir lucrando con su rol de opositor, a Guaidó solo le queda el beneplácito de sus amigos británicos. Aplaudió el robo de Reino Unido al pueblo venezolano de 31 toneladas de oro en custodia en el Banco Británico para –supuestamente– ponerlo a resguardo del “gobierno de Guaidó”. No obstante, Joseph Biden se muestra poco entusiasta y cauteloso con él y mantiene bajo perfil.

Por su parte, el excandidato presidencial Henrique Capriles, anunció el fin de la estrategia anterior, propuso construir otra “realista” e impulsó la creación de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Entretanto, Henry Ramos Allup, de Acción Democrática, y Carlos Ocariz, en el estado de Miranda, alientan a sus partidos para contender en los comicios.

Hasta ahora, todas las estrategias opositoras han fracasado; hay un desplome absoluto por su incapacidad de liderar, su corrupción y su lejanía de los ciudadanos. De ahí que, durante el diálogo en México, la oposición busque preservar sus cuotas de poder ante las próximas elecciones, cuyo mejor escenario sería gobernar un puñado de estados, admite el politólogo Víctor Maldonado.

Éste es un diálogo de altura que, con pruebas irrefutables, muestra al mundo el carácter inmoral e irresponsable de la oposición, su colosal capacidad de manipulación y desinformación, que construyó respaldos con mentiras; también la influencia y el poder de grandes capitales que, en busca de más oportunidades para el capitalismo neoliberal, se sientan a la mesa de diálogo, apunta el analista Alberto Aranguibel.

Puntos clave

El proceso oscila sobre siete puntos: garantizar derechos políticos para todos; levantamiento de sanciones; convivencia política, medidas sociales –en especial, adquisición de equipos y medicinas para afectados de Covid-19–; renuncia a la violencia y reparación a sus víctimas; disputa territorial con la vecina Guyana y elecciones del 21 de noviembre.

Conforme al Memorando de Entendimiento (ME) del 31 de agosto, el proceso se rige con el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté”, si bien auspicia acuerdos parciales. Frutos de la ronda del tres al seis de septiembre fueron el Acuerdo para la Ratificación y Defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y el Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano.

En el primero, las partes se comprometen a alcanzar una resolución pacífica y definitiva de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Se reitera el desacuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que atribuye jurisdicción a Guyana, e indica que llamará al retorno de negociaciones directas entre Guyana y Venezuela para alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio.

El segundo prioriza medidas para satisfacer las necesidades de salud y alimentación para los venezolanos. Con tal fin se crea la Mesa Nacional de Atención Social ante los representantes de las partes. Además, se avanzó en mecanismos de consulta con actores políticos y sociales, y se pactaron condiciones para celebrar elecciones el 21 de noviembre con todas las garantías.

“Esta firma significa mucho; significa todo porque significa esperanza”, manifestó Jorge Rodríguez. A su vez, Noruega anunció que la próxima ronda, del 24 al 27 de septiembre, discutirá el tema Respeto del Estado Constitucional de Derecho y continuará la discusión de la protección de la economía y medidas de protección al pueblo, incluyendo los Derechos Especiales de Giro (DEG), gestionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Que la negociación se haga en México genera también un momento de reflexión en las élites corporativas sobre su derrota estratégica ante las naciones de América Latina y el llamado “mundo en desarrollo”.