El gobierno de López Obrador acumula ya una larga lista de abusos que hoy se volvieron un escándalo tras la reciente filtración de los autodenominados hacktivistas del grupo Guacamaya.

El hecho trajo consigo la débil seguridad de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero sobre todo el poder de espionaje discrecional en nombre de la inteligencia y seguridad nacionales; hay una clara violación a los derechos humanos, abusos de poder y comprobación de que el Estado no es neutral.

Entrevistada en el programa “Lo Marginal en el Centro”, la historiadora y especialista en espionaje, Ángeles Magdaleno, explicó que no se trata de filtración, sino de un asalto informático, pues “una filtración sucede cuando alguien interno filtra la información, como sucedió con Snowden. Y éste no es el caso”. En este caso, el hecho tuvo la finalidad de atacar a la Sedena y revelar alguna parte de la información.

Para la especialista, la información expuesta no son documentos, son anexos de correos personales, “no entraron al corazón documental de la Sedena”. La Doctora en Estudios Históricos añadió que los hackers no trabajan pro bono, sino que están pagados y tienen una agenda.

En ese sentido, cuestionó el perfil con el que se presenta el grupo Guacamaya, que no es movido por intereses democráticos ni mucho menos anticapitalistas. “Esto que sucedió en México también sucedió en Egipto y en Chile y en Brasil. Alguien paga para que asalten informáticamente, no es gratuito, no tienen intereses democráticos. Se trata de un fin político”, sostuvo.

Para Ángeles Magdaleno es grave que el gobierno no invierta en seguridad informática; a pesar de que la Sedena sabía desde julio que sus servidores estaban vulnerables, no hicieron nada al respecto.

“Es increíble que el propio secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, haya enviado por su correo privado documentos oficiales cuando ellos tienen prohibido hacerlo”, detalló.

Por otro lado, señaló que no debería sorprender que el Estado resguarde información de la ciudadanía, ya que el Estado requiere información para subsistir.