Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares, sufren severas carencias en servicios que el gobierno debiera proveer, pero que se niega a hacerlo.
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El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad y bajo el trámite de “urgente y obvia resolución”, sin turnar el dictamen a comisiones, una reforma al Código Penal que eleva la sentencia por acoso sexual hasta 12 años de cárcel.
La propuesta establece medidas para ofrecer mayor protección a las víctimas y fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia de género; además la reforma elimina la exigencia de reincidencia para proceder contra el agresor, y contempla sanciones para policías y agentes del Ministerio Público que nieguen atención a quienes soliciten ayuda.
El texto aprobado indica que un solo acto con contenido sexual no deseado basta para configurar el delito, sin importar el espacio donde ocurra. La conducta incluye expresiones o acciones de carácter sexual sin consentimiento, dirigidas a personas de cualquier sexo, ya sea en espacios públicos, instalaciones o unidades de transporte.
Para el caso de servidores públicos, la reforma fija penas de hasta seis años de prisión y la destitución del cargo cuando integrantes de instituciones de seguridad o justicia rechacen recibir una denuncia, intenten intimidar, desanimar o disuadir a la víctima.
Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares, sufren severas carencias en servicios que el gobierno debiera proveer, pero que se niega a hacerlo.
La iniciativa elevaría la pena máxima por feminicidio de 80 a 105 años de prisión, un aumento de 25 años respecto a la legislación federal vigente.
Integrantes del Movimiento Antorchista acudieron a televisoras y periódicos nacionales para denunciar que el Gobierno del Estado de México no ha atendido un pliego con 369 demandas de 105 municipios, entre ellas agua potable, salud, educación, infraestructura y apoyos al campo.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en los contagios, aunque las cifras son menores a las de años anteriores.
La Fiscalía del Estado de México ejecutó 10 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y servidores públicos por su presunta participación en una red dedicada a comercializar plazas magisteriales. Nueve ya fueron detenidos y uno permanece prófugo.
Familiares de personas desaparecidas y usuarios en redes sociales cuestionaron el encuentro ante la falta de atención a problemáticas sociales.
Si el gobierno no puede cambiar las causas económicas del caos vial, entonces, la ZMVM está condenada al colapso.
El exceso de vehículos automotores en el Valle de México y la capital resulta costoso para la población en todos los ámbitos.
Las escasas obras y apoyos sociales programados se focalizan donde les pueden retribuir más votos.
Ecatepec, Toluca y Nezahualcóyotl concentran el mayor número de reportes.
En noviembre de 2024, la gobernadora Rocío Nahle García anunció la reparación de dos mil 545 kilómetros de carreteras libres de peaje de ocho circuitos en la red federal.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera