Nuestro país es de los más ricos del mundo, pero con un pueblo sumido en la pobreza, y un reflejo de esto es la situación del campo. Nuestra dotación de recursos naturales es generosa: un gran territorio de dos millones de kilómetros cuadrados, con océanos por los dos costados; el lugar número 14 mundial en extensión. México posee, además, 21 de los 25 tipos de suelos que existen en el mundo.

En producción de alimentos, ocupamos el sitio 12; somos el noveno exportador y el número 10 en ganadería primaria (Sader, 2026). México exporta a Estados Unidos (EE. UU.) entre un millón y un millón 250 mil reses cada año. En agroindustria, en cerveza es el principal exportador mundial; también es el primero en aguacate y jitomate, entre otros productos agrícolas de alto valor comercial. Sin duda, una gran riqueza, que es creada, no olvidemos, por el trabajo de los campesinos y jornaleros agrícolas mexicanos, cuyos nombres no figuran en los grandes eventos oficiales del “sector agropecuario”.

Sin embargo, datos como éstos suelen deslumbrar al lector inadvertido, induciendo a conclusiones alegres. Parecería que todo va muy bien. Pero hay mucho humo en torno a esto. En principio, al medir todo solamente en términos de Producto Interno Bruto, quedan ocultos otros factores y consecuencias del proceso productivo, la comercialización y el consumo; el PIB debe considerarse sólo como un indicador más, pero sin ignorar toda la complejidad del problema. Existe el lado oscuro de la Luna. El “éxito” agrícola se alcanza a un altísimo costo social, ambiental y de pérdida de soberanía, que es necesario considerar para tener una visión más concreta de las cosas.

Cada año se deforestan alrededor de 200 mil hectáreas (Conafor). Cerca del 45 por ciento de los suelos sufren algún proceso de degradación y 106 millones de hectáreas (54 por ciento del territorio) están afectadas por desertificación (Semarnat). Los mantos acuíferos se están agotando y el 70 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados. A esto contribuye una agricultura ecológicamente dañina y la destrucción ambiental causada por la gran producción capitalista depredadora, sobre todo trasnacional, como ocurre, por ejemplo, con la deforestación provocada por la expansión del cultivo de aguacate o el desenfrenado consumo de agua por industrias norteamericanas. Todo en aras de la máxima plusvalía.

Aparte del daño ecológico, la agricultura sufre serias distorsiones, pues aunque progresa en la exportación de productos de alto valor comercial, paulatinamente viene decayendo la capacidad productiva en alimentos básicos para la población. Además, existe una abismal desigualdad en la distribución del ingreso, por lo que, junto a toda esa enorme riqueza, convive, como no podía ser de otra forma, una lacerante pobreza; miseria, para llamarla por su nombre. Los jornaleros agrícolas, incluidos muy destacadamente los cortadores de caña, trabajan en condiciones verdaderamente infernales. El 61 por ciento de la población indígena vive en pobreza y el 23 por ciento en pobreza extrema; en general, en las zonas rurales, el 45 por ciento de la población vive en pobreza y el 14 por ciento en pobreza extrema, lo cual significa sencillamente hambre. Así pues, el éxito de la agricultura exportadora ha beneficiado sólo al gran capital, a una élite de magnates, muchos de ellos extranjeros, que invierten en México para aprovechar el suelo y el agua de nuestro territorio.

Por otra parte, las trasnacionales se han adueñado del sector agrícola y agroindustrial. Veamos. Dice la publicidad que México es el primer exportador de cerveza, pero eso no pasa de ser un espejismo: las dos grandes cerveceras “mexicanas” pertenecen en realidad a corporativos o holdings extranjeros. Grupo Modelo, por ejemplo, está controlado desde 2013 por Anheuser-Busch InBev (AB InBev), que adquirió el 95 por ciento de los títulos, y Cuauhtémoc Moctezuma es propiedad de Heineken. En maquinaria agrícola, prácticamente todo el mercado está controlado por trasnacionales: John Deere, CNH (Case y New Holland) y AGCO (Massey Ferguson) concentran aproximadamente el 91 por ciento del mercado de tractores agrícolas en México (Cofece, 2025). En pesticidas y fertilizantes, importamos el 77 por ciento del consumo (Sader, 2026). Otro tanto ocurre con la semilla mejorada: “La concentración del mercado de semillas en México es alta. Grandes empresas globales como BASF SE, Bayer AG, Syngenta Group, Land O’Lakes Inc. y Corteva Inc. mantienen ventajas de escala” (Mordor Intelligence).

Como consecuencia de la ineficacia productiva, el mercado de productos agrícolas y alimentos se ve invadido por producción extranjera, sobre todo en productos de consumo básico. Hoy importamos en mayor medida que a mediados de los años 90. Es el caso de la soya: México importaba entre el 30 y el 40 por ciento de su consumo; hoy, el 97 por ciento. En los años noventa importábamos el 44.2 por ciento del arroz que consumíamos: hoy el 80 por ciento. En trigo, el porcentaje pasó de 25.8 a 55 por ciento, y en maíz amarillo, de 12 a 90 por ciento (FAOSTAT, 2024). Algo similar ocurre con el frijol. Pero ¿y qué fue de los productores desplazados?

Las importaciones crecen porque los costos en otros países, principalmente EE. UU., son considerablemente más bajos que los nuestros. Sus rendimientos por hectárea son mayores, gracias a las economías de escala, a su avanzado desarrollo tecnológico y a los gigantescos subsidios a la agricultura. Su elevada tecnología les permite reducir el tiempo de trabajo necesario en el proceso productivo, por lo que, consiguientemente, sus cosechas contienen menos valor, y esto eleva su competitividad. El nuestro es el caso opuesto.

Veamos algunos indicadores en términos de rendimiento promedio comparado por hectárea en algunos cultivos básicos en 2024. Nuestro rendimiento en maíz amarillo es de 3.2 toneladas; en EE. UU., 11.1; en China, Argentina y Brasil, los rendimientos duplican los nuestros. En frijol, el rendimiento en México es de 0.7 toneladas, contra 2.2 en Estados Unidos. (USDA). El costo de producir maíz, sorgo, trigo y arroz en amplias regiones productoras supera en 1.5 al de EE. UU.

Y este evidente diferencial en la capacidad productiva está en buena medida determinado por nuestro bajo nivel de tecnificación: 85 por ciento de la producción agrícola se realiza con tecnologías tradicionales (FIRCO). A nivel nacional, el uso de maquinaria es bajo: sólo un tercio de las unidades usan sembradoras, y la mayoría de las unidades de producción (60.2 por ciento) utiliza herramientas manuales como coa y azadón; todavía se trabaja en amplias regiones con tracción animal y con el ancestral sistema de roza, tumba y quema. Así, es prácticamente imposible competir con los países de alta tecnología.

Contribuye también a nuestra baja capacidad productiva la pequeña escala de producción, el minifundio. Las economías de escala son determinantes para enfrentar una competencia globalizada, pues a mayor escala son menores los costos promedio. En EE. UU. la unidad productiva promedio es cercana a 200 hectáreas, algo similar a Brasil y Argentina (USAID, 2024). Nuestra situación es desventajosa: el promedio de la unidad de producción agrícola es de 3.5 hectáreas. El 56 por ciento de los productores posee una superficie sembrada de dos hectáreas (Censo Agropecuario, 2022, Inegi). Esto, aunado a la pobreza de los productores, impide absorber tecnología avanzada. A lo anterior agréguense un nivel educativo más bajo en el medio rural y una pobre inversión en ciencia y tecnología: en general, en patentes y marcas, solo el cuatro por ciento de los registros son realizados por mexicanos; el 96 por ciento restante, por extranjeros (Fuente: Tecnológico de Monterrey, 2026). Afecta también la grave insuficiencia y deterioro de la infraestructura rural de almacenamiento, irrigación y transporte.

Por lo anterior, se necesita una reforma estructural integral del sector que equilibre exportaciones y consumo interno, priorizando las necesidades de alimentación, la producción de básicos, el combate al hambre en el campo y el empleo rural. Debe elevarse la inversión en ciencia y tecnología aplicadas al sector, fortalecer las buenas prácticas de cultivo y meter en orden a las trasnacionales depredadoras para proteger los recursos naturales. Promover un programa nacional de producción de semillas. Asimismo, fomentar la banca de desarrollo, prácticamente desaparecida en los últimos años, para promover el financiamiento, sobre todo a pequeños y medianos productores, discriminados por el criterio capitalista de la banca comercial. También es preciso aumentar el gasto público en el sector, orientado a objetivos de verdadero impacto productivo. La producción de alimentos tiene, literalmente, importancia vital para México, y es decisiva para preservar la soberanía nacional. Considero, en fin, que corresponde a los campesinos mexicanos defender su derecho a la vida y exigir los cambios necesarios.