El pasado 24 de septiembre de este año, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, rindió un informe sobre los avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF); como parte de este balance, emitió los resultados del estudio El efecto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante la pandemia, elaborado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Dicho estudio concluyó que el programa JCF ha cumplido insertando a la población más joven (entre 18 y 29 años) en el mercado laboral, puesto que “en promedio, los egresados del programa tienen el doble de probabilidad de encontrar trabajo comparado con aquellos que no están en el programa (46.2 por ciento vs 23.6 por ciento). Es decir, cinco de cada 10 jóvenes que pasan por el programa encontraron trabajo durante la pandemia”, gracias a la experiencia laboral adquirida y a las relaciones que establecieron. Por su parte, Marath Baruch Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, agregó que en 2021 egresaron 255 mil jóvenes, de los cuales el 40 por ciento se incorporó a un trabajo y el 18.7 por ciento inició su propio negocio.

Aunque el programa haya tenido dicho impacto, no es aventurado prever que esos cuatro o cinco jóvenes que lograron emplearse lo hicieron en puestos de trabajo francamente precarios. Desde antes de la pandemia, los jóvenes enfrentaban graves dificultades para emplearse y muchos de quienes lo lograban lo hacían en empleos mal pagados y con un perfil profesional distinto al suyo.

En 2018, 8.9 de los 15 millones de jóvenes en población ocupada eran informales y la tasa de desempleo en este sector (5.8 por ciento) era casi el doble del nivel nacional (Inegi, 2018). En la informalidad, los trabajadores están expuestos a una permanente inseguridad con respecto a la duración de su contrato, el monto y continuidad de sus ingresos, la posibilidad de superar una enfermedad u otras eventualidades y que se respeten sus derechos laborales.

La crisis económica generada por el Covid-19 empeoró las cosas. Luisa María Alcalde reveló que “cuatro de cada 10 empleos que se perdieron en la pandemia eran ocupados por jóvenes menores a 30 años”. Hasta agosto del año en curso “todavía un millón de jóvenes entre 20 y 29 años no han podido volver a trabajar. Es la población en el país con mayor número de desempleados por el Covid-19” (El Economista, 21 de agosto de 2021).

Con respecto al trabajo formal “entre marzo y diciembre del año pasado, 440 mil 47 jóvenes de 15 a 29 años perdieron su empleo formal y no lograron recuperarlo” (Animal Político, 28 de enero de 2021). La pandemia aumentó considerablemente la exclusión de los jóvenes del mercado de trabajo, mientras dejó un rastro duradero de trabajo precario para ellos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020).  

En el contexto de la pandemia, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes sobrepasa la falta de experiencia y preparación educativa: entre los desempleados de 15 a 29 años el 81 por ciento tiene experiencia laboral (El Universal, 10 de agosto de 2021). Por otro lado, la Encuesta Nacional de Egresados de la Universidad del Valle de México (UVM) advierte que el panorama laboral para los egresados universitarios es de menores salarios y menos vacantes en 2021. Asimismo, la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) muestra que los trabajadores jóvenes con estudios universitarios han visto deterioradas sus condiciones laborales debido a la informalidad.

Ante el grave problema, no nuevo pero sí agravado por la pandemia, el programa JCF resulta “un parche” poco resistente para cubrir la escasez de empleo entre los jóvenes. Mientras el gobierno permanezca indolente a la mayor crisis laboral que enfrenta la juventud mexicana y mientras no se comprometa en serio a crear empleos de calidad y con suficiencia, los jóvenes estarán obligados a rematar su creatividad y potencial productivo. Toca a ellos irrumpir en los destinos del país para construir un futuro más digno y cierto.