Al menos 30 niñas y adolescentes indígenas yanomamis habrían sido violadas y embarazadas por mineros ilegales en el estado amazónico de Roraima, informaron autoridades de Brasil.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció este viernes que investigará el caso. La denuncia fue hecha el lunes al Ejecutivo por el Consejo Indígena de Roraima (CIR) y revelada por Ariel de Castro, secretario nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes.

"Pedimos más información al CIR para que tengamos los nombres de las niñas y pedir a la Policía Civil de Roraima, a la Policía Federal y al Ministerio Público de la Federación que investiguen posibles violaciones a personas vulnerables", informó a la prensa.

Las autoridades brasileñas declararon “estado de emergencia sanitaria” en Yanomami, territorio indígena y enorme reserva del norte de Brasil, ante el agravamiento de los problemas causados por la presencia de más de 20 mil mineros ilegales en busca de oro, que dejan ríos contaminados y provocan la propagación de enfermedades como la malaria.

Hay varias denuncias sobre abusos sexuales y otros delitos cometidos hacia los más de 27 mil indígenas que viven en la reserva, por parte de los mineros ilegales.

Su situación de indefensión empeoró mucho durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien llegó al poder en 2018 con un discurso a favor de la explotación comercial de las áreas protegidas de la Amazonía y con la promesa de no demarcar "ni un centímetro más" de tierra para los indígenas.

Un informe titulado 'Yanomami bajo ataque: Minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami y propuestas para combatirla', publicado por la Asociación Hutukara Yanomami, denunció que los mineros exigen sexo con mujeres y niñas a cambio de comida. 

Tras revelarse hace dos semanas la magnitud de la crisis humanitaria de los yanomamis, la Policía Federal y el Poder Judicial decidieron investigar al mandatario por "genocidio" y omisión en la respuesta sanitaria a los indígenas. También se investiga a los estados de Roraima y Amazonas, que comparten territorialmente la reserva, y el poder municipal, por la situación de abandono en la que viven estos pueblos tradicionales.

"Nuestra misión es investigar los vacíos en las políticas públicas para proteger a los pueblos indígenas. Estamos verificando, además de las causas de mortalidad infantil, 570 muertes de niños por causas evitables en los últimos cuatro años", dijo Castro.

Y agregó que también se investigan "posibles adopciones ilegales de niños indígenas, abusos sexuales, explotación sexual infantil, fallos en la atención de la salud de las mujeres embarazadas y los niños, y en el combate a la desnutrición de los niños indígenas en su primera infancia".