La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un plazo de 10 días hábiles para entregar la información y documentación requerida sobre el examen de admisión en línea. 

La fiscalización se centra en el contrato otorgado por adjudicación directa a Territorium Life S.A.P.I. de C.V., empresa encargada de aplicar el examen de admisión para el ciclo 2026-2027 mediante una plataforma con herramientas de inteligencia artificial. El contrato fue rescindido anticipadamente por la UNAM después de las irregularidades detectadas durante el proceso.

De acuerdo con el oficio RECT/CG/0648/2026, firmado por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y dirigido al auditor Aureliano Hernández Palacios, la Universidad puso a disposición de la ASF la información relacionada con el contrato y solicitó revisar “la congruencia entre el contrato y el servicio prestado”.

Entre la documentación requerida por la ASF se encuentran los contratos y anexos técnicos, facturas, comprobantes de pago y expediente de la adjudicación directa realizada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) en febrero.

La Auditoría también solicitó los registros generados durante la aplicación del examen a los más de 158 mil aspirantes, incluidos videos, audios, capturas de pantalla, registros de reconocimiento facial, alertas generadas por inteligencia artificial y demás evidencias utilizadas para cancelar alrededor de 3 mil 200 exámenes.

El órgano fiscalizador pidió además las bases de datos, servidores, discos y bitácoras de tráfico de la plataforma, con el propósito de determinar si existió una eventual fuga de reactivos o transferencia no autorizada de información.

La revisión ocurre después de que la aplicación del examen generara cuestionamientos por cancelaciones asociadas con reflejos en lentes detectados como posibles dispositivos prohibidos, resultados atípicamente altos, sospechas de suplantación, presunto uso de teléfonos celulares y versiones sobre una posible filtración de reactivos que habrían sido ofrecidos en redes sociales.

También se cuestionó la capacidad de supervisión del sistema utilizado por Territorium Life, debido a que la empresa habría dispuesto de un supervisor humano por cada 150 aspirantes, pese a que ofreció vigilancia en tiempo real.

La investigación de la ASF se suma a otras dos revisiones emprendidas por la Universidad. La UNAM realiza una auditoría tecnológica externa a la plataforma LockDown Browser y mantiene una revisión interna a cargo de su Contraloría.

La fiscalización federal formará parte de la revisión de la Cuenta Pública 2026, cuyos resultados serán presentados posteriormente, de acuerdo con los plazos establecidos para la fiscalización superior.

Mientras se desarrollan las investigaciones, la UNAM realizó entre el 12 y el 19 de agosto un examen de control presencial para los alrededor de 22 mil aspirantes que habían obtenido un lugar y deben refrendar su admisión. La aplicación se realizó en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

El plazo de 10 días hábiles otorgado por la ASF coloca a la Universidad ante el primer requerimiento formal de información de la fiscalización federal sobre el proceso de admisión que provocó la cancelación de resultados y la aplicación de una nueva evaluación.