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El 84 por ciento de las imágenes generadas por inteligencia artificial (IA), conocidas como deepfakes, en México corresponde a mujeres, según el informe “Desinformación por razón de género y deepnudes en México”, elaborado por el Eon Institute y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

De acuerdo con el documento, esta cifra refleja una tendencia alarmante de violencia digital de género que se ha intensificado con el avance de herramientas de IA accesibles, las cuales permiten crear material explícito no consentido a partir de una sola fotografía, sin necesidad de habilidades técnicas avanzadas y distribuirlo masivamente mediante automatizaciones.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes a 2024, revelaron que 10.6 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en México, en un contexto en el que las agresiones sexuales en línea, como insinuaciones, propuestas o envío de contenido explícito, afectan de manera desproporcionada a este grupo.

Por otro lado, cabe mencionar que, a cinco años de la entrada en vigor de la Ley Olimpia en 2021, que tipificó la violencia sexual digital como delito, persisten graves deficiencias en su aplicación. Entre 2020 y 2025, el 95 por ciento de las investigaciones abiertas bajo esta norma permanecieron en trámite, de acuerdo con datos oficiales.

En este sentido, el mismo informe del Eon Institute documentó casos públicos de abuso con IA que involucraron a más de 400 víctimas y la manipulación de 186 mil contenidos entre fotografías y videos, principalmente durante procesos electorales de 2024, donde se atacó a figuras como candidatas y funcionarias para deslegitimar su participación pública.

Al respecto, el colectivo Luchadoras, en su informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, identificó que la baja resolución de casos responde a factores como: falta de personal capacitado con perspectiva de género, la ausencia de protocolos estandarizados, procesos que generan revictimización y dificultades técnicas para recopilar y preservar evidencia digital.

Asimismo, la activista Olimpia Coral Melo ha señalado que alrededor del 70 por ciento de las denuncias no logra vincularse a proceso, principalmente por la dificultad para obtener pruebas, cuya disponibilidad depende en gran medida de la colaboración de las plataformas digitales.

Ante esta brecha entre la norma y su efectividad, en marzo de 2026 el gobierno mexicano suscribió un acuerdo voluntario de colaboración con Google, Meta y TikTok para prevenir y atender violencias de género en entornos digitales.

La colaboración contempla campañas educativas, herramientas de control, una Cartilla de Seguridad Digital y mecanismos para agilizar la eliminación de contenidos; sin embargo, su carácter voluntario ha generado dudas entre la comunidad, quienes cuestionan su suficiencia, ya que carece de obligaciones vinculantes que obliguen a las empresas a preservar evidencia, facilitar datos de manera expedita y responder con plazos estrictos.

En contraste, países como Brasil han avanzado con regulaciones más estrictas que imponen responsabilidades directas a las plataformas frente a contenidos sexualizados no consentidos.

Por lo que colectivos señalaron que, en México, la implementación efectiva de la Ley Olimpia requiere no sólo normas, sino mayor coordinación interinstitucional y con actores tecnológicos, junto con capacitación obligatoria para fiscales y policías, al igual que estándares nacionales para el manejo de evidencia generada por IA.

Finalmente, destacaron que iniciativas como la plataforma OlimpIA, desarrollada con 37 modelos de inteligencia artificial, ofrecen una respuesta inmediata, gratuita y anónima a través de WhatsApp, brindando contención psicoemocional, orientación digital, legal y comunitaria a mujeres afectadas por violencia digital.