Pobladores de la Zona Alta de Zacatlán, que comprende comunidades como Metlaxistla, Metepec y Atexca, en la Sierra Norte de Puebla, denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presuntas irregularidades operativas y daños ecológicos derivados de la explotación de minerales en la región.

Durante una conferencia de prensa, habitantes de la zona, acompañados por representantes de la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Chapingo, señalaron que las compañías dedicadas a esta actividad liberan polvo de sílice durante la extracción de feldespato, una sustancia que puede representar riesgos para la salud cuando es inhalada de forma prolongada o en altas concentraciones.

El feldespato es uno de los minerales más abundantes de la corteza terrestre y se utiliza en la fabricación de vajillas, azulejos, materiales para la construcción, cerámica y vidrio. También tiene aplicaciones en la elaboración de cauchos, adhesivos, selladores y procesos de soldadura, de acuerdo con la Asociación de Minerales Esenciales de Estados Unidos (EMA, por sus siglas en inglés).

Según medios locales, los habitantes manifestaron preocupación por las posibles consecuencias de estas operaciones sobre la salud de la población y la disponibilidad de agua, pues aseguraron que algunos manantiales se han secado debido a la sobreexplotación vinculada al aprovechamiento de los yacimientos.

Asimismo, presentaron un archivo fotográfico en el que se observan cuerpos de agua con coloraciones inusuales. A decir de los inconformes, estas evidencias apuntan a un proceso de acidificación provocado por residuos generados durante las labores extractivas.

Ante este panorama, solicitaron la intervención de la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Economía (SE) para realizar inspecciones de campo, suspender las operaciones y cancelar los títulos de concesión.

También pidieron al Ayuntamiento de Zacatlán aclarar si otorgó permisos para el aprovechamiento de recursos minerales y responsabilizaron a los tres órdenes de gobierno por las afectaciones a la seguridad física y patrimonial de quienes se oponen a estos proyectos.

Privilegios mineros

La situación en la Zona Alta de Zacatlán se suma a un panorama negativo más amplio que comenzó con la Ley Minera de 1992, impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, la cual permitió a las empresas del sector obtener concesiones para explotar el territorio sin considerar plenamente los impactos ambientales ni el bienestar de las comunidades.

Con esa legislación, los periodos de concesión pasaron de 25 a 50 años, con posibilidad de extenderse por otros 50, además de que se eliminaron diversos gravámenes a la extracción. Como resultado, una parte importante de la riqueza generada por esta industria ha terminado fuera del país.

Un ejemplo es Peñasquito, en Zacatecas, operada por la estadounidense Newmont: según datos de la propia compañía, la explotación del yacimiento le ha generado ingresos por dos mil 189 millones de dólares, de los cuales únicamente 643 millones permanecieron en México, mientras que el resto regresó a Estados Unidos.

Para Ángel Sanz Montes, exdirector de proyectos en Thomson Reuters, el “derecho de preferencia minera ha facilitado despojos, expropiaciones, deterioro ambiental y la acumulación de grandes fortunas a costa de los recursos naturales y la salud de las comunidades”.

Finalmente, advirtió que la situación del sector difícilmente cambiará sin “voluntad política” para renegociar las concesiones y aplicar esquemas tributarios más eficientes, de tal manera que “los mexicanos dejen de ser meros espectadores de su propia riqueza”.