El presidente estadounidense, Donald Trump, proclamó que la nueva versión del ex Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Canadá y Estados Unidos, llamado ahora Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), es el mejor jamás logrado por su país, porque devolverá millones de empleos a los estadounidenses, hará crecer a su economía y le permitirá cumplir su lema de campaña: “America first” (primero América).  

Investigadores especializados en economía y dirigentes laborales mexicanos consultados por buzos, opinaron que el mandatario de Estados Unidos (EE. UU.) ganó con la sustitución del antiguo acuerdo comercial y México perdió las ventajas que tenía, pues el USMCA profundizará la dependencia económica y política de México respecto al país vecino, marcadamente en sectores fundamentales, como el energético y el alimentario. 

México pagará la hazaña de Trump con mayor elevación de los precios de alimentos básicos debido al permanente incremento en su importación en dólares; el alza constante en los combustibles indispensables para su procesamiento y transportación; y con el desplome imparable de los pocos productores agropecuarios locales, las más de cinco millones de pequeñas y medianas empresas y las 25 millones informales o de autoempleo.  

El mercado nacional interno, el que emplea y brinda servicios básicos a la mayoría de los mexicanos, recibirá un nuevo revés, al privilegiarse nuevamente a las empresas de exportación que en lugar de aportar recursos para el crecimiento del país, generan desempleo, empleo precario mal pagado, más pobreza y desigualdad social.  

En el capítulo 11 del USMCA se establecen más medidas para proteger los intereses de las corporaciones estadounidenses y canadienses –petroleras, mineras, agroalimentarias, etc.– que pueden demandar al Estado mexicano ante las comisiones de arbitraje internacional por estratosféricas cantidades en dólares, como suelen hacerlo cuando sus planes de negocios se ven amenazados por medidas gubernamentales que pudieran reducir sus privilegios.  

El USMCA prevé el sometimiento del Estado mexicano y sus instituciones de justicia al mecanismo “independiente” de protección de inversiones, a través de comisiones arbitrales que están bajo el dominio del Banco Mundial (BM), cuyo socio mayoritario es EE. UU.  

Visiones presidenciales idénticas 

Optimista, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el nuevo tratado profundizará la integración productiva con América del Norte, consolidándola como una de las más competitivas del mundo. En el mismo sentido, tras el anuncio de la conclusión de las negociaciones del USMCA, el 1º de octubre, el Presidente electo aseguró que el nuevo acuerdo o tratado garantizará el dominio nacional sobre las industrias petrolera y eléctrica; que habrá mejoras en la planta laboral de la industria automotriz y que se generará equilibrio en las finanzas del país.  

El cinco de octubre, de gira por San Luis Potosí, AMLO alardeó de haber colocado entre la espada y la pared a Donald Trump gracias a la intervención de Jesús Seade, su observador en las negociaciones: “(…) Nosotros fuimos un factor importante para que se lograra esa renegociación (…) querían que se aprobara un capítulo sobre energía, ¡así de grueso!,  en donde prácticamente nos quedábamos sin libertades, sin soberanía (…) dijimos: ¡no, eso no lo aceptamos! (…) le preguntaron al presidente Donald Trump y dijo que quede como lo está pidiendo el Presidente electo de México (…) ¡Nosotros vamos a decidir sobre nuestros recursos naturales! (…)”.  

Adán Rivera, coordinador del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), integrante de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), dijo a buzos: “No sabemos exactamente a qué se refiera el Presidente electo al decir que algo se salvó en materia de hidrocarburos, porque éstos son parte integral del USMCA”.   

El sindicalista explicó asimismo que el USMCA disminuirá la facultad del gobierno mexicano para atraer inversiones y establecer acuerdos comerciales con países considerados “no amigables” para el libre comercio, según la versión impuesta por Donald Trump, misma que ha usado en su guerra comercial contra China, principal competidor global de EE. UU., cuyo gobierno ha mostrado su interés en profundizar inversiones en México y en el resto del continente. 

 El Presidente electo y su equipo han puesto los ojos en China para “diversificar” las inversiones externas de México, toda vez que aquel país podría invertir en distintos sectores como en el energético y en el desarrollo ferroviario interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán (Tren Maya) y retomar el proyecto México-Querétaro. 

 “Lo que está claramente presente en el USMCA es la guerra comercial lanzada por Trump contra China. Está buscando controlar con mayor efectividad el mercado norteamericano con la mirada puesta en reducir la intervención de China en los mercados del continente, porque China puede entrar muy bien y terminar controlando la región, y evidentemente a los estadounidenses les interesa que los chinos no intervengan”, dijo a este semanario el doctor David Lozano, profesor e investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 En el nuevo acuerdo trilateral se establece que si un país miembro busca hacer un acuerdo comercial o de inversiones con un país no amigable para el libre comercio –léase China, Venezuela o Irán– estará obligado a ponerlo a consideración de sus socios para que lo analicen y expresen sus objeciones. “El próximo gobierno tendría que realizar algún tipo de manejo para ver cómo puede enfrentar eso; pero lo que yo observo es que el próximo no está preparado para una situación así. Va a depender mucho del tipo de política económica a nivel nacional y sobre el comercio internacional. Pero existe el defecto de tener a Marcelo Ebrard como Secretario de Relaciones Exteriores, que no está capacitado para esto, quien no tiene una visión completa de lo que está ocurriendo en el mundo, que está concentrado en el comercio”, explicó el doctor Lozano.  

Tratado profundizará dependencia  

De concretarse el lanzamiento del USMCA a partir de 2019 –en EE. UU. aún está pendiente su aprobación en el Congreso– se aplicará sobre una realidad nacional aún más adversa que la que prevalecía cuando se lanzó el TLCAN, el 1º de enero de 1994. Un ejemplo claro es el sector energético, en el que a partir de 2014 interviene la inversión directa e indirecta extranjera, especialmente de origen estadounidense. 

 De acuerdo con datos del Sistema de Información Energética (SIE) en 1988, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari puso en marcha su plan de libre mercado petrolero, Petróleos Mexicanos (Pemex) era prácticamente autosuficiente en la producción de combustibles con seis refinerías. Apenas dos años después, en 1990, ésta cayó al 90 por ciento y tuvo que importarse el 10 por ciento del consumo interno de combustibles.  

 En 1994, cuando empezó a aplicarse, México ya solo producía el 80 por ciento y las importaciones de las refinerías texanas equivalían al 20 por ciento; en 2004 se importaba ya el 55 por ciento de los combustibles; en 2008, el 66 por ciento; y en 2018, las poderosas petroleras estadounidenses asumían el control de la producción y los precios del 75 por ciento de los energéticos de mayor consumo en México, en tanto que las seis refinerías de Pemex solo producen el restante 25 por ciento y trabajan a menos del 40 por ciento de su capacidad. Y mientras éstas siguen decayendo, las petroquímicas texanas elevan su producción y comercialización con base en el crudo enviado desde México.  

 En julio pasado, estas corporaciones reportaron un nuevo récord de producción: 18 mil barriles de crudo al día; e impondrán otra marca anual por segundo año consecutivo al finalizar 2018, según Matt Smith, director de investigación de materias primas de la firma Clipper Data. Las refinadoras estadounidenses retoman su vuelo imperial: Exxon Mobil reporta ingresos estimados en 284 mil 650 millones de dólares (mdd); Chevron 163 mil 527 mdd; Phillips 66 mil 169.6 mdd y Valero Energ 138.3 mdd, además de otras empresas de menor peso como Marathon Petroleum Corp. y Alon USA Energy Inc.  

 En mayo de este año, EE. UU. había exportado 3.4 millones de barriles diarios de productos refinados de petróleo, particularmente diésel y gasolina, y sus perspectivas para el futuro inmediato son de crecimiento. 

 Más allá de ese panorama, AMLO ha reiterado que buscará recuperar la soberanía energética mexicana, ampliando la capacidad nacional de refinar gasolinas con el fin de bajar los precios de los combustibles en el mercado mexicano y dejar comprar combustibles en dólares a las petroleras texanas. En función de este objetivo planea la rehabilitar las seis refinerías de Pemex y construir de dos nuevas, una a partir de 2019, en Tabasco. De conseguirlo, lograría abatir el negocio de los poderosos corporativos estadounidenses, representados políticamente por Donald Trump.  

Ventajas para EE. UU. y Canadá  

El amago de posibles e impagables demandas en dólares de parte de los corporativos que consideren afectados sus negocios, se convertiría en una barrera para la nueva administración federal de México. El USMCA abre varias posibilidades para que las corporaciones de petróleo, gas natural y de cualquier otro tipo, tanto de EE. UU. como de Canadá, inviertan en México y puedan protegerse contra eventuales acciones del gobierno mexicano.  

 Los mecanismos de arbitraje privado de controversias entre Estados e inversores, colocadas por encima del sistema de justicia mexicano, son denominados ISDS por sus siglas en inglés. En el nuevo acuerdo se ratifica y fortalece el marco legal establecido por la reforma energética de 2013, con los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), de los cuales México tiene firmados a la fecha 32 con 33 países, de los cuales 30 tienen plena vigencia.  

 Pero el USMCA ahonda ese marco de protección en favor de EE. UU. y Canadá. En medio de las negociaciones del nuevo tratado, México quedó sometido al arbitraje al ser adherido, en enero de 2018, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del BM, acción exigida por sus socios para que el país ofreciera “mayores garantías” a sus inversionistas.  

 En documentos informativos del BM se indica que el CIADI (…) es un tratado multilateral formulado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial en aras de cumplir el objetivo de promover la inversión internacional (…) cada caso es considerado por una Comisión de Conciliación o un Tribunal de Arbitraje independiente, luego de ponderar las pruebas y los argumentos jurídicos presentados por las partes. A cada caso se le asigna un equipo que brinda asistencia especializada a lo largo del proceso (…)”.  

 El ánimo festivo de las petroleras de EE. UU. puede percibirse en la nota periodística 02.682.8114 de la American Petroleum Institute (API), fechada el 1^o de octubre y presentada con título: API aplaude el acuerdo comercial trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos, en la que se cita al titular de esta organización, Mike Sommers, convocando al Congreso de su país a aprobar cuanto antes el USMCA por los beneficios que otorgará a EE. UU.:  “(…) Las disposiciones clave del acuerdo relacionadas con la industria de gas natural y petróleo de EE. UU. incluyen: el acceso continuo al mercado para los productos de gas natural y petróleo de EE. UU. e inversiones en Canadá y México; continuos aranceles cero en productos de gas natural y petróleo; las protecciones de inversión a las que se comprometen todos los países y la elegibilidad para la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) para las compañías de gas natural y petróleo de EE. UU. que inviertan en México; el requisito de que México mantenga al menos el nivel actual de apertura a la inversión en energía de EE. UU. (…)”.  

Negociaciones en la sombra  

Luego de 13 meses de negociaciones llevadas a cabo en la sombra por los representantes de los tres gobiernos en funciones, y con el lopezobradorista Jesús Seade como “observador”, el resultado fue un paquete de cerca de 600 hojas con varias secciones ocultas –entre ellas 11 cartas paralelas– cuya redacción original está en inglés.  

 “La realidad es que no se ha hecho una consulta al pueblo de México, informándole previamente cómo se negoció y a cuáles acuerdos se llegó. Enrique Peña Nieto está urgido de firmarlo antes de que termine su sexenio; los documentos fueron enviados al Senado de una manera muy comprometida en cuanto a los tiempos. El Senado no lo va a rechazar, porque produciría mayores complicaciones en cuanto a la inversión y la situación financiera del país en general. Donald Trump está protegiendo sus mercados y sacando adelante sus promesas de campaña y México estará pagando el costo de este nuevo tratado, como sucedió con el TLCAN”, dijo Benedicto Martínez Orozco del FAT y la RMALC.   

 La convergencia de organizaciones sociales México Mejor sin TLCs demandaba, al cierre de la presente edición, la divulgación de los textos completos y finales del USMCA, traducidos y adaptados al español, a fin de que el contenido real o completo sea discutido por organizaciones, especialistas y la población en general, debido a que involucra el futuro de México.  

 Negociadores y funcionarios –cuestionó la agrupación– se han concentrado en divulgar resúmenes limitados e insistir en medios de comunicación sobre múltiples beneficios. “Es simple propaganda política, pues plasma únicamente aspectos positivos que no tienen ninguna utilidad para el estudio serio y profesional por parte de la población mexicana, ni permiten al Senado de la República realizar una revisión y análisis para cumplir con sus obligaciones y atribuciones legales”. 

La barata mano de obra mexicana 

En el marco de una ronda de negociaciones efectuada en la Ciudad de México, dirigentes sindicales canadienses y estadounidenses demandaron la equiparación de los salarios en los tres países. Denunciaron como una “práctica desleal” que México atraiga inversiones extranjeras con mano de obra sumamente barata. Los sindicalistas canadienses calificaron de “salarios de hambre” los que pagan a los trabajadores mexicanos.  

 El 1º de septiembre de 2017, Jerry Dias, dirigente de la Unifor, el sindicato más grande de Canadá, criticó al gobierno mexicano “por mantener a sus ciudadanos en la pobreza de forma deliberada (…) no compro el argumento que los negociadores mexicanos están presentando, de que de alguna manera tienen que mantener a sus ciudadanos viviendo en la pobreza para que generen empleos, es un argumento sin sentido e indignante”, afirmó Dias, quien representa a 300 mil trabajadores canadienses.  

Benedicto Martínez, del FAT, dijo a este semanario que en los hechos no hubo ningún cambio en materia salarial en el USMCA con respecto al que prevalecía en el TLCAN, por lo que se mantendrá vigente la política de bajos salarios para ofrecer mano de obra barata a los corporativos extranjeros y nacionales.   

 “Los salarios se siguen manteniendo como estaban, a pesar de que se había planteado al inicio de las negociaciones que México no debía ser parte de la negociación, por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales que se ofrecen a los trabajadores en el país. Solamente se agregó el capítulo 23, en el que se establece que se adecuarán las leyes que garanticen la libertad sindical y el derecho de agrupación colectiva de los trabajadores. De cualquier manera, vamos a tener que seguir luchando por mejores salarios”, indicó Martínez. 

Otros damnificados del USMCA serán nuevamente los pequeños y medianos empresarios, en quienes recae la responsabilidad vital de generar empleos en México. Adán Rivera, coordinador del área de PYMES en la RMALC, dijo al respecto: “Los micro, pequeños y medianos empresarios (PYMES), que representamos el 99 por ciento de las células productivas, no tenemos nada que ver con la exportación, si acaso serán uno o dos puntos porcentuales, porque no hay eslabones que nos permitan incidir, con un verdadero valor agregado, a las materias primas; lo que exporta México son materias primas y trabajo; es el trabajo que se hace en la maquila, y el de los migrantes que envían recursos a México –sus remesas–; no tenemos más que simples materias primas y trabajo; exportábamos petróleo, ahora es menos, pero lo seguimos exportando, y EE. UU. nos vende petroquímicos (como las gasolinas) a precio de dólar, con un valor multiplicado.  

“Bajo el lema de que la mejor política industrial es que no haya política industrial, se empezó a destruir la industria nacional. Ahora solamente nos quedan talleres y tallercitos; y las grandes empresas, que están asociadas con capital extranjero, son los que dominan el mercado, son las que exportan; ahí están Bimbo o Cemex, que no son más que integrantes del mismo capitalismo salvaje; aquí nos quedaron solamente los tallercitos”, destaca Rivera, quien agrega que en México existen cinco millones 400 mil pequeñas empresas constituidas oficialmente, pero que su número es indeterminado, porque han proliferado otras, quizá hasta 20 millones más, dentro de las diversas vertientes de la economía informal.

  Productores nacionales en desventaja   

Otro sector vulnerable en el país es el que produce alimentos básicos, que no solo está supeditado a la inflación,  por la vía de los precios de las gasolinas, sino también a las importaciones de EE. UU., ya que no se hicieron cambios que pudieran anticipar una mejoría en la producción en el campo mexicano, dominado por las agroindustrias estadounidenses, vinculadas a las corporaciones locales del ramo. México surte alimentos al mercado estadounidense, mientras crece la dependencia mexicana a las importaciones de alimentos de EE. UU., cuyo monto equivale ya al 50 por ciento en 2018.    

Debido a los impuestos, arbitrariamente aplicados por Trump, a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, un tema no tocado en las negociaciones –hecho que resaltó el doctor David Lozano– a los productores nacionales les resultará más caro enviar su acero a territorio estadounidense que comprarlo allá y traerlo al país.  

Un marco comercial favorable beneficiará a las corporaciones farmacéuticas estadounidenses, que obtuvieron ventajas para comercializar sus medicamentos biológicos –hechos con células vivas– ya que se agregarán 10 años de plazo en la vigencia de sus patentes y los productores de medicamentos similares en México no podrán producir ni vender a menor precio éstos, aunque las patentes originales hayan vencido.  

 El 1º de octubre, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Juan Pablo Castañón, aseguró que con la aplicación del USMCA se reduciría al menos el 50 por ciento en la maquila de la industria automotriz instalada en México, lo que implicará la pérdida, en la misma proporción, de los actuales puestos de trabajo en ese sector, que fue uno de los principales objetivos de Donald Trump para favorecer a las armadoras automotrices de su país.  

Con la mirada puesta en ganar la guerra comercial contra China, Trump puso como requisito que el 25 por ciento de las partes fabricadas de los vehículos provengan de zonas en donde el salario sea de 16 dólares la hora, como mínimo, y que contengan el 15 por ciento en el diseño e innovación, requisito que excluye a las empresas mexicanas del ramo.