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Sin evaluación de daños tras el paso de Hilary en BCS
Solo en la comunidad de Santa Rosalía se contabilizaron 26 viviendas completamente destruidas con 259 personas afectadas; y en todas las comunidades del Pacífico Norte hubo 60 viviendas con pérdida total y 600 personas fueron perjudicadas.
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La tormenta tropical Hilary surgió el 15 de agosto frente a las costas del Pacífico mexicano; pero cuando avanzó hacia el norte, de un día para otro se convirtió en un poderoso huracán: primero de categoría 3 y luego 4 en la escala Saffir-Simpson, cuyos vientos, horas más tarde, alcanzaron velocidades de hasta 230 kilómetros por hora (km/h).

En su ascenso hacia el litoral Pacífico norte, el flagelo provocó lluvias torrenciales e inundaciones de gran magnitud sobre varios municipios de Baja California Sur (BCS), especialmente en Mulegé donde, a una semana de su impacto, el gobierno estatal aún no ha cuantificado los daños ni pérdidas de la infraestructura urbana o en los campos de cultivo.

 

 

A diferencia de la ruta habitual de las tormentas tropicales, que se forman frente a las costas de América Central y que normalmente se desplazan hacia el oeste, Hilary se movió hacia el norte y sus vientos se dirigieron hacia la Península de Baja California.

Alrededor de las 6:00 del jueves 17 de agosto, La Paz, capital de BCS, recibió la noticia de que el huracán Hilary había alcanzado la categoría 3 y que su diámetro era de mil kilómetros, alarma que naturalmente generó preocupación en los habitantes de la entidad.

El Consejo Estatal de Protección Civil (CEPC) convocó a las autoridades de los tres niveles de gobierno para informarle el nivel de intensidad y ruta para implementar medidas de protección necesarias y garantizar la seguridad física de la población, y la infraestructura civil y productiva.

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, alertó a la población cuando el centro del meteoro se situaba a solo 57 kilómetros del sur de Cabo San Lucas, su intensidad iba en ascenso y parecía alcanzar la misma categoría de Odile, un huracán que años antes había dejado profundas cicatrices y pérdidas millonarias en los sudcalifornianos.

Esta previsión se asumió porque la velocidad máxima de los vientos de Odile fue de 210 Km/h, pero los vientos de Hilary, hasta aquel momento, avanzaban a 260 Km/h y su fuerte ventolera ya rugía con estridencia en Los Cabos y La Paz.

“Es una amenaza muy grande. Cualquier cambio en cuestión de horas puede afectar a Los Cabos y atravesar nuestra entidad. No quiero sembrar pánico; pero es crucial que las personas entiendan que estamos enfrentando un fenómeno meteorológico de extrema intensidad. No subestimemos su potencia”, anunció el mandatario estatal.

Por su parte, Eliseo Malacara Castillo, director de emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), exhortó a la aplicación de las medidas para mitigar, abrir albergues y suspender actividades inmediatamente.

“Contamos con un tiempo considerable para prepararnos. Ya conocemos las zonas de riesgo, como San Ignacio, Guerrero Negro, Bahía Tortugas y Vizcaíno. Deberíamos estar abriendo refugios temporales desde este momento para que el personal designado y los suministros estén en posición de realizar operativos con el equipo médico”, puntualizó.

 

 

Sin embargo, ambos mensajes de alerta fueron desoídos o malinterpretados por los directores de las instituciones educativas de la entidad, porque fue hasta el viernes 18 de agosto cuando decidieron suspender las clases en el turno vespertino de las escuelas que ya habían retornado a clases.

 

Es mejor prevenir que lamentar

Con obediencia a este viejo refrán, la Subsecretaría de Protección Civil estatal habilitó 169 refugios temporales con capacidad para albergar a más de 70 mil personas, además de los 113 albergues que se habían instalado en centros escolares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Los Cabos, Comondú y Mulegé.

Las autoridades marítimas tomaron la misma prevención que habían previsto: el cierre gradual de puertos a lo largo de la vasta área costera de BCS, en cuyas instalaciones, playas turísticas y pesqueras ondeaban las banderas amarillas con varios días de antelación.

El viernes 18 de agosto, las autoridades locales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el huracán Hilary se mantenía en la categoría 4 y su trayectoria hacia el norte de la península. En La Paz y en Los Cabos, mientras tanto, las lluvias eran ligeras pero, ante el asombro de mucha gente, las olas alcanzaban hasta siete metros.

 

 

Ante este raro fenómeno, el director de la Capitanía de Puertos ordenó el cierre de casi todos los puertos de BCS, con excepción de Guerrero Negro, que reúne condiciones favorables; además, prohibió la navegación de embarcaciones menores de 500 unidades de arqueo bruto en San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Adolfo López Mateos, Santa Rosalía y Loreto a partir del mediodía.

La intensificación de Hilary a la categoría 4 indujo al CEPC a activar el Plan DN-III-E y el Plan Marina con los que la III Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) movilizaron un grupo de 150 efectivos para apoyar a los pobladores de la Isla de Cedros, Puerto San Carlos y López Mateos.

Simultáneamente, más de 600 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en La Paz, Los Cabos y la región norte de la entidad para enfrentar problemas que pusieran en riesgo a los habitantes de los puertos y a las poblaciones del interior del estado.

Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habilitó un equipo de 829 trabajadores, 201 grúas, 163 vehículos automotores, 64 plantas de energía, 12 torres de iluminación y un helicóptero para atender las emergencias que pudieran afectar a 33 mil usuarios de la región norte de BCS y Baja California, quienes podrían sufrir interrupciones en el suministro eléctrico.

Sin embargo, durante la noche del sábado 19 de agosto, el huracán Hilary se debilitó y se redujo a categoría 2 con vientos de 150 km/h; aunque sus lluvias torrenciales y actividad eléctrica ocasionaron daños significativos en Punta Eugenia, Isla Natividad e Isla Cedros, en el municipio de Mulegé; al menos cinco cierres de carreteras por el desbordamiento de arroyos y el refugio de más de mil personas en esa región.

Edith Aguilar Villavicencio, alcaldesa de Mulegé, confirmó la muerte de un hombre que intentó cruzar un arroyo con su vehículo; cuatro miembros de su familia fueron rescatados con éxito, pero el conductor no pudo salir a pesar de que los rescatistas se arriesgaron enfrentando la fuerza de la corriente.

“Por favor, absténganse de viajar por las carreteras. Tanto las rutas hacia el norte como hacia el sur están intransitables debido a múltiples cierres de carreteras desde San Bruno hasta Cuesta del Infierno. Seamos conscientes y prevengamos accidentes”, advirtió la alcaldesa en sus redes sociales.

 

 

En las bahías Tortugas y Asunción, los pobladores sufrieron largas interrupciones en los servicios eléctricos y daños en la infraestructura de sus residencias. En Punta Abreojos y La Bocana, el mar inundó viviendas y la creciente de los arroyos provocó deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras, dejando a Mulegé aislado.

El desmesurado crecimiento del Arroyo Montoya, en Santa Rosalía, ocasionó el colapso del antiguo muro de contención; un vecino denunció, mediante redes sociales, que la fragilidad de la construcción había sido denunciada varias veces, pero que las autoridades no atendieron el llamado.

“Se lo comunicamos una y otra vez, pero ninguna autoridad nos escuchó”, lamentó el denunciante, quien culpó a las autoridades municipales, estatales y federales por no haber atendido las advertencias sobre la extrema fragilidad de esa estructura.

El gobernador Castro Cosío mostró preocupación por el derrumbe del muro y aprovechó para informar a los ciudadanos que éste “tenía muchísimos años, que, por fortuna, no se llevó la tierra, si no hubiéramos tenido un verdadero siniestro. Fue un muro que se rompió, que hay que ver de qué manera se va a reforzar ahí, técnicamente, para que resistan más”.

La comunidad de Santa Rosalía enfrenta el desafío de la reconstrucción de sus viviendas y se prepara para futuras contingencias provocadas por los fenómenos naturales mediante la detección oportuna de las señales de alerta, desempeñando acciones que garanticen la seguridad física de las personas y su infraestructura domiciliaria y productiva.

En Baja California Sur, 89 mil 918 usuarios de la CFE se quedaron sin electricidad durante un par de días.

 

Cooperativas pesqueras afectadas

Después del devastador paso del huracán Hilary por BCS, múltiples comunidades costeras quedaron sumidas en la desolación; entre ellas Bahía Magdalena, Cabo San Lázaro, Puerto Alcatraz, Puerto Cortés y San Carlos, según informó Gabriel Romero Castro, tesorero de la cooperativa Bahía Magdalena.

 

 

Informó que a pesar de que durante la embestida de la tormenta los pescadores se refugiaron en albergues, más de 40 de ellos encontraron sus viviendas inundadas, sus lugares habituales de trabajo devastados y sus instrumentos de trabajo destruidos o desaparecidos.

“La gente no pudo levantar las trampas a tiempo debido a las condiciones climáticas adversas. Ahora, al asomarnos para verificar los resultados, nos dimos cuenta de que las trampas no están allí. Creemos que la marejada fue tan fuerte que nos dejó completamente sin medios para capturar pulpos”, narró otro pescador.

Los pescadores hicieron un urgente llamado a las autoridades para solicitar ayuda inmediata que les permita afrontar esta adversidad y recuperar tanto sus medios de subsistencia como la estabilidad estructural de sus viviendas.

Ha transcurrido más de una semana desde que los pobladores solicitaran declarar zona de desastre al municipio de Mulegé, pero las autoridades estatales aún están evaluando el monto integral de los daños para solicitar una suma suficiente para rehabilitarlos con el apoyo del Gobierno Federal.

Hasta el momento, la alcaldesa de Mulegé reportó que solo en la comunidad de Santa Rosalía se habían contabilizado 26 viviendas completamente destruidas con 259 individuos afectados; que en todas las comunidades del Pacífico Norte hubo 60 viviendas con pérdida total y que fueron aproximadamente 600 las personas afectadas.

 

 

El huracán Hilary, que golpeó BCS, fue el octavo de una serie de 16 a 22 tormentas tropicales previstas para este verano en México, lo que hace evidente la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, las comunidades y los individuos adopten medidas de comunicación y prevención para evitar situaciones de desastre.

Sin embargo, resulta alarmante reconocer que el retraso en la toma de decisiones cruciales, como la suspensión de clases y el cierre de puertos, podría haber tenido un impacto sumamente significativo en la seguridad y la capacidad de respuesta ante la emergencia.

Es cierto que los planes de emergencia como el DN-III-E y el Plan Marina cuentan con protocolos definidos y equipos bien capacitados para resolver las contingencias ambientales, pero es indispensable que las autoridades civiles dispongan también de programas similares para evitar que viejas infraestructuras, como el muro de protección de Santa Rosalía, se derrumben.

El episodio dramático generado por el huracán Hilary debería tratarse no solo como un urgente llamado de atención para complementar las acciones de prevención y atención emergentes y enfrentar los problemas causados por los frecuentes fenómenos naturales en nuestro país, sino también para considerar los cada vez más ostensibles efectos del cambio climático.

El rarísimo evento ocurrido en Los Cabos y La Paz, donde las olas alcanzaron hasta siete metros de altura mientras caía una lluvia tranquila fue, sin duda, un anuncio mínimo, pero ominoso, de lo que el cambio climático depara a la humanidad.

 

 



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