En los últimos años se pensaba que, aquellos tiempos donde la voluntad del presidente era la ley que se aplicaba en México no podían volver, pues se habían creado controles e instituciones democráticas eficientes que evitarían cualquier intento de regresar a ese lamentable pasado. Sin embargo, hoy el presidente López Obrador, que logró alzarse con la victoria en la elección de 2018, en parte, gracias a esos controles e instituciones que permitieron la alternancia de fuerzas políticas en el poder del país, atenta todos los días al ejercer su cargo, contra ese sistema y pretende, con la mayoría que tiene su partido Morena en el Congreso de la Unión, derruir nuestro Estado de Derecho con reformas a modo, debilitando todos los días la división de poderes, eliminando derechos y libertades de los mexicanos y, últimamente, fomentando la persecución política desde el poder contra comunicadores, medios de comunicación, organizaciones sociales, opositores o contra cualquiera que no se someta a la voluntad del presidente, exhiba sus errores o exprese abiertamente su desacuerdo con su gobierno de cuarta transformación. Para respaldar nuestro dicho de que la persecución política en México es una realidad, señalamos algunos casos.

Hace pocos días fuimos testigos de como el presidente López Obrador llamó “pasquín inmundo” al periódico Reforma en plena conferencia mañanera, por haber publicado dicho medio un reportaje del probable desvió de recursos públicos por cerca de 223 millones de pesos, en el ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, en cuyo desvío de recursos, al parecer, está involucrada una cuñada del propio presidente. Trato semejante han recibido por parte de López Obrador algunos comunicadores a los que ha llamado “conservadores”, “fifís”, “chayoteros”, “hampa del periodismo” y otros calificativos parecidos, porque no le gusta lo que dicen de su gobierno, cuestión que ameritó incluso un pronunciamiento de 650 intelectuales en contra de dicho comportamiento. Podemos estar o no de acuerdo con lo que publican algunos medios o comunicadores, pero en México hasta hoy existe libertad de expresión reconocida en el artículo 6 constitucional y que es, irónicamente, la misma libertad que argumenta López Obrador para justificar su actuar al hablar, calumniar, juzgar y sentenciar a quien quiere en su conferencia mañanera (y sin derecho de réplica). Si el presidente López Obrador goza de este derecho ¿Por qué los ciudadanos no podrían ejercerlo igual? Cierto es que la libertad de expresiones, como otros derechos, tiene algunos límites, pero opinar de la vida pública del país o diferir del actuar gubernamental, no son parte de ellos.  

Recientemente hemos advertido también el uso torcido que se hace de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto Castillo pues, bajo la falsa bandera del combate a la corrupción (que no es, por lo menos el objetivo fundamental que tiene dicha unidad), un día su titular atenta contra la división de poderes, congelando cuentas de algunos jueces, cuando sus resoluciones no son del agrado de la 4T; otro día, congela cuentas de negocios lícitos y exhibe como delincuentes ante los medios de comunicación, a líderes e integrantes del Movimiento Antorchista Nacional violando flagrantemente sus derechos, pero ayudando con esto a la persecución política que el gobernador morenista de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha emprendido contra dicha organización social por criticar la mala gestión de su gobierno y lograr así, obligarlos a desistir de su lucha; y otro día, amedrenta y congela cuentas bancarias de políticos y personas que participan y apoyan el movimiento para defender el agua en Chihuahua, claro acto de persecución que busca lograr desarticular dicho movimiento.

Para algunos puede parecer exagerado, pero la persecución política que ha emprendido este gobierno en contra de críticos y opositores; las conocidas y polémicas reformas impulsadas por el presidente y Morena en lo que va del sexenio; el ataque frontal contra el Poder Judicial y los órganos autónomos; el terrorismo fiscal que la 4T busca consolidar en el marco del paquete económico para 2021, al pretender dotar al SAT, de facultades que riñen claramente con derechos elementales de los mexicanos; y el uso cada vez más cotidiano que se hace de fuerzas militares y de la Guardia Nacional para acallar el descontento social; nos confirman que la instauración de una dictadura en México está en marcha. La elección intermedia que se llevará a cabo en 2021 es una oportunidad idónea para detener su avance; y todos los mexicanos debiéramos tomar conciencia de la importancia de hacerlo, antes de que sea tarde.