Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos denunciaron que aviones contratados por el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) están transportando migrantes centroamericanos al aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas, para entregarlos a su homólogo de México y que éste los “abandone a su suerte” en la zona fronteriza con Guatemala.

Como si fuéramos basura nos vinieron a tirar”, denunció, ante unos medios de prensa nacionales e internacionales, un migrante hondureño que llegó a Petén, Guatemala, región donde no hay agrupaciones sociales que puedan ayudarlo a regresar a su país natal, además de que no cuenta con los recursos económicos para hacerlo por sí mismo.

Como él, hay cientos de migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y de otros países de Sudamérica que han sido expulsados de EE. UU. y que ahora, deportados a un lugar extraño y distante, a miles de kilómetros de su país, carecen de dinero, provisiones, inclusive de la posibilidad de ser auxiliados por autoridades u organizaciones civiles.

Las deportaciones de indocumentados o que han solicitado asilo en EE. UU. se realizan todos los días; y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está utilizando la pandemia de Covid-19 para cumplir a cabalidad la política migratoria de su homólogo Joseph Biden, basada en una legislación del siglo pasado.

Se trata del Título 42, un decreto de 1944 que el expresidente Donald Trump desempolvó para deportar a migrantes ilegales con el argumento de que representan un riesgo para la salud de la población estadounidense. “No es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública, y los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) dictan su uso continuo y se rigen por el análisis de los factores de salud pública”, reportaron medios internacionales.

A finales de julio de 2020, las autoridades estadounidenses deportaron a familias enteras de migrantes en vuelos a Centroamérica y a Tapachula, Chiapas. Estas deportaciones aceleradas inicialmente fueron aplicadas por el gobierno republicano, y ahora las ejecuta el gobierno demócrata de Biden para inhibir la inmigración ilegal.

El dos de agosto de 2021, los CDC ampliaron el Título 42, que permite expulsar rápidamente a los migrantes. En la instrumentación de esta política, Tapachula opera como puente o trampolín para abandonar a cientos de indocumentados en Guatemala. Es así como EE. UU. “elimina” un problema considerado de salud pública, y utiliza al Gobierno de México como su cómplice.

Deportación inhumana e ilegal

La imagen transmitida por televisión y redes sociales es contundente: familias enteras bajan de aviones procedentes de Macallen, Texas, contratados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. En cada nave son transportados 120 migrantes. Del aeropuerto de Tapachula, los migrantes son llevados por autoridades mexicanas a Frontera Talismán para que, por sus propios medios, regresen a sus países de origen.

Esta política deshumanizada y violatoria de los derechos humanos de los migrantes practicada por los gobiernos estadounidense y mexicano fue denunciada por el Centro de Dignificación Humana A.C. (CDH), que exhortó a la sociedad mexicana a formar un frente común para impedir que el gobierno estadounidense envíe más indocumentados a la frontera sur: “Ya no se puede permitir que EE. UU. siga condicionando a México para que sea su muro de contención o patio trasero”, advirtió la asociación en un comunicado. Su coordinador, Luis García Villagrán, afirmó que, en la última semana, EE. UU. deportó entre mil 300 y mil 500 migrantes centroamericanos, quienes llegaron en vuelos directos procedentes de Texas.

Hombres, mujeres y niños son transportados sin documentación y escoltados por personal migratorio estadounidense. “Los datos no son precisos porque las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) lo han hecho con mucho hermetismo y opacidad. Las autoridades lo saben; pero nosotros como organizaciones no tenemos datos exactos”, explicó. Según sus cálculos, “desde la primera vez (el nueve de agosto) en que llegaron ocho aviones, alrededor de mil 300 o mil 500, principalmente de Guatemala. La mayoría de migrantes deportados venían de McAllen y Brownsville, Texas; otro venía de Virginia”, informó a buzos.

Los deportados no tramitaron ningún tipo de asilo en México y menos en EE. UU.; esto facilitó a las autoridades de ambos países deportarlos de manera extrajudicial, es decir, “sin el debido proceso, porque no tuvieron oportunidad de acudir ante la ley de refugio en los dos casos”, aseguró el activista social. Durante este año, México ha deportado 18 mil 634 migrantes a Guatemala, vía aérea y terrestre; ya que no pudieron acreditar su estancia legal en territorio mexicano, según la información proporcionada por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Del total de los repatriados, mil 962 son niñas y niños no acompañados.

Es “una clara y flagrante violación de los derechos humanos”, denuncia Carlos Castañeda, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla). Este grupo ha documentado que, en cada ruta, se trasladan diariamente más de 150 personas. Debido a la pandemia, el gobierno de Guatemala implantó el Estado de Calamidad Pública, con el que impuso severas restricciones a los extranjeros que ingresan ilegalmente a su territorio.

El director de la organización migrante Amigos Americanos, Pedro Ríos, reveló que “es inconcebible que el gobierno de Joe Biden esté deportando de forma exprés a los centroamericanos, mandándolos a las fronteras entre México y Guatemala. En julio se denunció el arresto de más de 200 mil migrantes en la frontera con EE. UU, que tuvo un incremento del 13 por ciento con respecto al mes anterior”.

Tras las expulsiones y la circulación de historias e imágenes desgarradoras en los medios de comunicación, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) expresaron su preocupación frente al deterioro de las condiciones humanitarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras norte y sur de México.

“Los movimientos migratorios mixtos requieren de una respuesta integral en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, cualquiera que sea la nacionalidad o condición migratoria de las personas y en todas las fases del ciclo migratorio –origen, tránsito, destino y retorno– incluyendo principios fundamentales como la no devolución, la protección de la niñez y la no discriminación”.

La aplicación del Título 42 ha ubicado a miles de mexicanos, centroamericanos y de otras nacionalidades en una situación más crítica; pues son expulsados de EE. UU. sin ningún mecanismo de identificación, protección, protocolos sanitarios y sin tener acceso al sistema de asilo en otros países. Se los deja en el “limbo” jurídico.

Covid-19 al asecho de los migrantes

La ola cada vez más creciente de migrantes centroamericanos ha rebasado la capacidad de recepción en los albergues mexicanos y aumentado los riesgos de contagio de Covid-19, donde además faltan protocolos de sanidad. Las diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Chiapas reconocen que la movilidad humana en la región fronteriza resulta compleja porque su componente social es mixto, es decir, reúne personas de muchas nacionalidades, condiciones civiles, sexualidades, capacidades físicas, edades –adultos, jóvenes, adolescentes, niños– y prácticas sociales, incluidas las delictivas.

El arribo de migrantes a México se mantiene al alza desde 2018; y en julio pasado hubo 12 mil 807 nuevas solicitudes de asilo, de las cuales el 70 se introdujo a Chiapas. Las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19 disminuyeron, por un lapso, la corriente migratoria; pero la apertura de actividades en varios países latinoamericanos propició la reactivación del “sueño americano”.

Para los especialistas, esta situación debería inducir al Gobierno de México un mayor apoyo internacional para atender las demandas de asistencia y asilo a los migrantes, pues la pandemia está planteando importantes desafíos para sus autoridades sanitarias, al igual que para los países de origen. La expulsión de migrantes de EE. UU. aumenta los riesgos sanitarios, pues las deportaciones en cadena hacen más vulnerables a los indocumentados y exponen a un mayor peligro a la población local, además de que contravienen el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas normas y principios. La ACNUR emitió recientemente una advertencia contra las iniciativas que delegan a terceros la responsabilidad de asilo o que obstaculizan el derecho a solicitarlo.

En este caso se hallan ahora los gobiernos de México y Guatemala debido a las deportaciones de EE. UU. realizadas con la aplicación del Título 42, una norma de regulación local que pone en riesgo de trasmisión viral a la región sur de México y la del norte de Guatemala. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, reiteró, en julio pasado, su demanda al gobierno de EE. UU. para que no aplique el Título 42 y restablezca el acceso al asilo para los migrantes cuyas vidas estén en riesgo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio para verificar la observancia y el cumplimiento efectivo de los derechos elementales en el INM, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Salud Federal (SSA), así como de las autoridades de Chiapas y municipales competentes, sobre todo cuando se denunciaron públicamente las deportaciones masivas.

También se solicitaron medidas cautelares a 31 diferentes autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno para evitar la consumación irreparable de hechos violatorios de derechos humanos que pudieran afectar la salud, integridad, seguridad incluso la vida de migrantes deportados por el gobierno de EE. UU., entre ellos niños, adolescentes, familias, mujeres y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

En una carta dirigida al Presidente, más de 50 organizaciones denunciaron que su gobierno es cómplice de las violaciones a derechos humanos que su homólogo de EE. UU. comete diariamente con las deportaciones masivas.

 El analista chiapaneco Héctor Estrada aseveró que “la crisis humanitaria en las ciudades fronterizas  Tapachula y Ciudad Hidalgo se ha agudizado en las últimas semanas. Ya sin Trump en la Casa Blanca y sin las masivas caravanas migratorias provenientes de Centroamérica, el arribo multitudinario de migrantes ha cambiado de dinámica o procedencia; pero sigue teniendo como destino el mismo ‘nudo geográfico’ al sur de México”.

“Sí, es verdad, las masivas caravanas que acapararon la agenda mediática en los últimos años prácticamente han desaparecido. Sin embargo, la numerosa llegada de migrantes a las estaciones fronterizas de Chiapas, no. Ahora están arribando, pero desde el norte, desde EE. UU., en una oleada de deportaciones aéreas inusuales, de las que hasta cierto momento no acaparaban los medios de comunicación, pero que están saturando la capacidad de atención gubernamental y humanitaria”.

Desde la llegada de Biden a la presidencia de EE. UU. ha cambiado la práctica de los acuerdos que AMLO suscribió con Trump, pero no su contenido esencial, pues México sigue operando como “un tapón” fronterizo entre Chiapas y Guatemala, ya que facilita esas deportaciones y los deja varados en la región agreste de ambas naciones.

Datos del CDH revelan que se encuentran varados. entre Tapachula y Ciudad Hidalgo, poco más de 70 mil migrantes. La mayoría se halla en espera de permisos para transitar legalmente por territorio mexicano o asilarse en México. Por ello, las oficinas del INM están sobrepobladas y los trámites para lograr cualquiera de ambas gestiones tardan varios meses.

Muchas de las citas se han agendado hasta diciembre, con tiempos de respuesta incluso más prolongados; aun cuando la ley estipula un plazo no mayor a 30 días para resolver la situación migratoria de las personas indocumentadas. Pero ése no es el único problema, porque la complicidad de las autoridades mexicanas con el gobierno estadounidense ha provocado la proliferación de defraudadores que negocian con la desesperación de los migrantes con soluciones falsas de “trámites agilizados”.

La crisis humanitaria ha llegado a niveles alarmantes sin que ninguno de los tres niveles de gobierno haga algo al respecto. La frontera sur de México, sobre todo Tapachula y Ciudad Hidalgo, se han convertido en un “embudo fronterizo” o un centro de detención migratorio multitudinario que se agudiza con el paso de las semanas y puede “estallar” en cualquier momento.