En la elección general del pasado 23 de julio, los ciudadanos españoles no retrógradas evitaron que el Partido Popular (PP) y su aliado VOX –los herederos del dictador fascista Francisco Franco y la Falange Española– se reinstalaran en el gobierno parlamentario.

Ahora, para formar un gobierno de coalición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) depende de que Carles Puigdemont, dirigente de la Junts per Catalunya, quien exige su independencia de Madrid, frene el avance de la ultraderecha española.

Sin embargo, esta posibilidad se vislumbra difícil y hasta improbable porque, a pesar de que el desdibujado gobierno de izquierda español parece haber obtenido el respaldo del electorado, en otros países de Europa las mayorías son cada vez más desconfiadas de la política y no le ofrecen un entorno internacional adecuado para que lo ayude.

Nadie esperaba que los resultados del 23 de julio generaran a un ganador indiscutible de la derecha, porque sus propuestas no convencían a nadie; pero también resultó inesperado que la izquierda y las fuerzas progresistas remontaran y que millones de españoles celebraran su éxito como una proeza.

El PSOE provenía de la derrota por los comicios autonómicos del 28 de mayo, cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció las elecciones generales adelantadas para el 23 de julio, lo que implicaba que el partido obtuviera un voto de confianza a esta exigencia: “no más un gobierno sin nosotros”.

Hace poco más de una semana, 37.5 millones de españoles se movilizaron hacia las urnas para evitar el retorno de la parasitaria ultraderecha promonárquica y militarista del PP que, en 2015, surgió del gobierno después de un monumental escándalo de corrupción.

Muchos españoles están hartos de la corrupción sistémica y de la actitud de vasallos serviles de sus líderes de ayer y hoy –José María Aznar, Mariano Rajoy y Alberto Nuñez Feijóo, entre otros– que han asumido, desde hace décadas, ante el imperialismo estadounidense.

El PP y sus aliados de la oligarquía ultraderechista y ultranacionalista optaron por la desmemoria de los ciudadanos para que Núñez Feijóo despachara en La Moncloa; pero con los resultados del 23 de julio su esperanza se desplomó.

Con la resistencia del binomio PSOE-Sumar se desintegró esa expectativa de retorno –con mayoría absoluta– proveniente de la más arcaica derecha radical europea, colmada de neofascistas, franquistas, falangistas y monarquistas corruptos.

Estos partidos y sus simpatizantes creían que se repetirían los resultados del ocho de mayo, cuando el PP ganó en seis de las 10 comunidades autónomas que hasta entonces lideraban los socialistas; pero su victoria de hace una semana resultó insuficiente, porque los demás ciudadanos se volcaron en las urnas para frustrar a un gobierno extremista.

Esto sucedió a pesar de la temporada vacacional y la alerta amarilla que las altas temperaturas han provocado en 11 comunidades autónomas. El PP se atrincheró en el electorado de Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón; mientras los nacionalistas del Partido Nacionalista Vasco (PNV) se negaron a discutir con Feijóo.

Como se esperaba, Madrid se inclinó por el PP, que obtuvo 137 escaños. El PSOE, en coalición con el movimiento Sumar, alcanzó siete millones 760 mil 970 votos; es decir, ganó un millón más que en 2019, y pasó de 120 a 121 escaños en el Legislativo, lo que redujo al mínimo la distancia entre ambos extremos políticos.

Por ello, no pasaron el PP y VOX; y la extrema derecha estuvo a punto de un infarto, en tanto que la izquierda española se incrementó; que Sánchez acertó con su estrategia de adelantar los comicios y que su inesperado fortalecimiento dejó sin argumentos a quienes exigían una nueva dirección en el PSOE.

Incluso existe la posibilidad de que sea el primer político en formar gobierno sin ser la primera fuerza política.

Desde Ferraz, la tarde de la jornada electoral, Sánchez se mostró exultante porque proclamó el fracaso del “bloque involucionista y de retroceso de PP y VOX”; de aquellos que plantean el machismo, “el retroceso en derechos y en libertades han fracasado; y celebraba”: “Somos muchos más los que queremos que España siga avanzando a que siga el camino del retroceso marcado por el PP con VOX”.

Al lado del planeta, el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) anunció que “está preparado y con ganas” de trabajar estrechamente con cualquier gobierno que surja del proceso. El vocero del canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que ahora parece perfilarse un “apasionante proceso de formación de gobierno” y que Alemania colaborará con gran confianza con el Gobierno español.

También América Latina ve con interés este proceso. El gobierno de México felicitó al pueblo español “por no caer en la trampa de la derecha”; el colombiano manifestó: “Bien por España. El progresismo resiste”; y el argentino consideró que “millones de españoles revaloraron el Estado de Derecho y lo preservan de aquellos que usan la democracia para después negarla en el gobierno”.

Los ciudadanos españoles no creyeron en el viraje hacia el centro que ofrecía el PP, pues “es imposible”, debido a que ese partido representa el neo-nacionalismo negacionista español, xenófobo, antiliberal, antifeminista, ultraderechista, el belicismo y asocia al PSOE con la quiebra nacional”, explica Maëlle Mariette.

La jornada electoral del 23 de julio en España confirmó la prevalencia del eterno bipartidismo español en el mundo, que hoy se abre a la multipolaridad: el partido de quienes se aferran al indefendible fascismo y el de los que luchan contra esa lacra, concluye Alberto Núñez. Así lo advirtió el diario Público poco después de la elección: “No han pasado, pero han quedado muy cerca. El único camino para resistir a la derecha es proteger y defender al periodismo y voces valientes de izquierdas. Pero solos, no podemos hacerlo. Necesitamos ayuda”.

Presente y futuro

¿Cómo gobernará el PSOE? El primer escenario es que Sánchez intente repetir un gobierno de coalición. Sin embargo, su destino depende del partido independentista Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, quien había advertido que no respaldaría al presidente, pues reiteró sus condiciones para negociar: “amnistía y autodeterminación” y el gobierno rechazó ambas.

En el otoño de 2017, siendo presidente de Cataluña, Puigdemont declaró la independencia de Cataluña y la Justicia española lo acusó de rebelión, malversación y sedición (delito que ya no existe en el Código). El 20 de octubre de 2019, en su condición de eurodiputado, Puigdemont viajó en secreto a Bruselas; y un día después, la fiscalía española inició una persecución judicial que persiste.

Es fundador del partido Junts per Catalunya, organización fundamental para que el PSOE conforme nuevo gobierno. De modo que Puigdemont y la independencia de Cataluña son dos asuntos de gran complejidad política que lastran su alianza con el PSOE-Sumar.

Hace semanas se reactivó la orden de búsqueda en su contra y ahora afirma que Sumar no lo ha contactado para negociar. Si llegara a España, deberá presentarse ante el juez Pablo Llarena. Ahora su situación judicial está condicionada a su futuro político, pues su partido será la llave para que gobiernen la izquierda o la derecha.

Por tanto, Sánchez necesitará tiempo para iniciar contactos en busca de otras alianzas. Un candidato es el PNV, que pide “ofertas programáticas” para negociar. Un escenario de nuevas elecciones es inviable. No obstante, algunos observadores perciben que, como es improbable la formación de un gobierno minoritario, o que las partes lleguen a un acuerdo, debería convocarse a nuevas elecciones. Por tanto agosto será un mes de definiciones.

La izquierda tiene el compromiso con quienes votaron por frenar el fascismo. Fue un voto estratégico, no gratuito, que además genera otras expectativas de cambio reales, entre ellos el respeto a los inmigrantes (que se exige más desde la masacre de Melilla, en junio) alerta la analista Paula Guerra.

Por tanto, el objetivo del PSOE y Sumar hoy es movilizar a sus bases ya que, después de superar la división en la elección pasada, ahora deben mostrarse a su electorado con capacidad para conformar un bloque progresista con planes y acciones convincentes.

Congreso azul

La Cámara baja española se forma con 350 diputados, aunque puede tener un máximo de 400 escaños. Se necesita la mitad más uno de los diputados (176) para investir al presidente del gobierno; si no se alcanza esa cifra, dos días después habrá una segunda votación.

Todo indica que, en la XV Legislatura, se pavoneará el emblemático color azul del PP con sus aliados de la Unión del Pueblo Navarro y la extrema derecha (VOX). Desesperados, los dirigentes de ese partido proponen buscar “diputados socialistas tránsfugas” para sumar sus votos a favor de la investidura de Feijóo, pues el Partido Nacionalista Vasco (PNV) rechaza negociar con ellos.

El PP consiguió mayoría de escaños en el Senado, más que en 2019; y con ese poder obstaculizará la mayoría de las iniciativas del gobierno. La que redujo significativamente sus escaños fue VOX, que perdió más de 600 mil votos y con ello pasó de 52 a 33 escaños; esto lo incapacita para presentar mociones de censura solo o presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, vías que usó durante esta legislatura.

En contraste, los socialistas obtuvieron un millón más de votos, con lo que el PSOE tendrá 120 escaños, dos más que en 2019. Por su parte, el Movimiento Sumar, de la abogada y segunda vicepresidenta del gobierno de España Yolanda Díaz Pérez, atrajo la simpatía de los electores.

Sumar es la palanca con la que la izquierda se asoma una vez más al gobierno, reconoció el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien calificó como “extraordinario” el resultado, a dos meses del fracaso en las autonómicas.

España en la encrucijada global

En la nueva política, la geografía de los Estados influye cada vez más. La actual crisis en Ucrania puede extenderse hacia el resto de la región atlántica, lo que situaría a España en un escenario de potencial guerra abierta en Europa. Frente a este conflicto, tanto el PSOE como el PP han jugado la carta de “solidaridad atlántica” con Washington y han salido bien librados.

Ambos partidos españoles desempeñan una función de interlocutor natural en materia de seguridad entre EE. UU. y la Unión Europea (UE), con Iberoamérica y África. Por ello, en mayo, la emisora franco-alemana Arte definió a España como “potencia discreta”’, aunque usa el poder militar, recuerda el analista Ignacio Fuente.

España se ha sumado a la política de seguridad de la UE durante décadas, que se subordina a la de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y ha enviado tanques y misiles a Kiev, refiere el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Como miembro de la OTAN, los dirigentes de estado españoles ya no se interesaron en la creación de un mundo político cada vez más complejo. De ahí que no se pronunciaron ante conflictos por recursos en el África Subsahariana, ni por las crisis en el mar de China y Taiwán, destaca Ignacio Fuente Cobo.

Ahora que la seguridad internacional se ha degradado, los estrategas españoles se percatan de que la geografía define el perfil de seguridad de un país y su futuro. Y como Estado eminentemente europeo y atlántico, ha decidido compartir intereses con sus socios continentales en el caso de Ucrania.

Sin embargo, en un contexto internacional incierto y con un entorno interno tan agitado, es seguro que la política española enfrente un futuro de crispación que se prolongará todo un lustro. Por ello, vale recordar la sentencia de Robert Kagan “La jungla ha vuelto”.