El pasado 30 de abril, la mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron uno de los más grandes caprichos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): la declaratoria de procedencia del desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Un día antes, la Comisión Instructora había aplazado una declaratoria similar contra Saúl Huerta, diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusado de violación por un menor de edad. Fue así como se inició la novela que aún no tiene final y que se ha desarrollado en el marco de la campaña electoral caracterizada por los frecuentes escándalos generados por el inquilino de Palacio Nacional.

Estos sucesos, de la misma índole de los de Nuevo León arrastró al tercer lugar a la candidata morenista Clara Luz Flores, vinculada a la secta de explotación sexual NXIVM, y la negación de la candidatura al gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, acusado de violador, se suman al accidente en la Línea 12 del Metro; los miles de muertos por Covid-19 que colocan a México en el top 5 de mayor cantidad de fallecidos; al avance viciado de los proyectos Dos Bocas y Tren Maya; y el nulo crecimiento de la economía nacional, cuyo impacto sociopolítico puede representar un gran riesgo para la “Cuarta transformación” (4T) en las urnas de los comicios del seis de junio.

Los posibles costos electorales de su política errática en casi todos los rubros socioeconómicos y la excesiva beligerancia retórica que exhibe en sus conferencias mañaneras han colocado al hombre que mueve los hilos del país desde la Ciudad de México (CDMX) en un estado emocional de intolerancia e irritabilidad que no puede ocultar en público.

En la antigüedad, los judíos sacrificaban a un macho cabrío (chivo) para limpiar sus culpas. El Gobierno Federal ahora, en 2021, pretende expiar sus fallas con el sacrificio de un chivo expiatorio con Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas, uno de los mandatarios estatales que más férreamente han reclamado “justicia presupuestal” al Presidente de la República, ya que el año pasado se recortó a esta entidad el 5.7 por ciento de sus aportaciones federales.

En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia contra el gobernador Cabeza de Vaca, que seis meses después, en diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó para solicitar el proceso de desafuero.

En agosto del mismo año, con la captura del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, comenzó a fraguarse la estrategia con la que hoy el Presidente intenta limpiar los múltiples errores y excesos cometidos por su administración.

En el caso de Cabeza de Vaca, entonces senador de la República, el gobierno morenista aprovecha la mención de su nombre en una de las declaraciones de Lozoya, en la que lo involucra entre los legisladores panistas que recibieron dinero. A partir de esta cita, la FGR conformó cargos contra el mandatario estatal por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Estas acusaciones fueron solventadas en su momento por el abogado defensor de Cabeza de Vaca, Alonso Aguilar Zinser, quien informó que, en la carpeta contra su cliente, únicamente había una investigación sobre una transacción de un departamento en la CDMX.

Y lejos de desentenderse, Cabeza de Vaca respondió al Presidente de la República ante estas acusaciones. Hoy en día, el proceso sigue y el desafuero se halla en el aire porque, el mismo 30 de abril de 2021, el Congreso de Tamaulipas rechazó la declaración de procedencia contra el mandatario tamaulipeco con 26 votos a favor, tres contra y siete abstenciones.

“Este día será recordado en la memoria histórica de México como el día en que el gobierno tamaulipeco ejerció con firmeza su competencia constitucional y defendió la soberanía del estado, con la fuerza que nos otorga la ley, que viva siempre el Estado de Derecho y la justicia, porque así y solo así vivirá siempre Tamaulipas”, denunció el diputado Félix García, presidente de la Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas, luego de rechazar la homologación del desafuero.

En los próximos días, la FGR decidirá si procede el desafuero y, en consecuencia, el juicio contra el gobernador de Tamaulipas.

“Busca a ver quién la pagaˮ

La escena del desafuero no es nueva. En 2004, el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, a través de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) solicitó un juicio de desafuero contra el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, AMLO, por un asunto largo de explicar.

AMLO inició una campaña mediática y acusó a Fox de persecución política, ya que era uno de los “presidenciables” del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, aunque finalmente le retiraron el fuero para procesarlo, una serie de protestas hicieron que el mandatario presidencial desistiera de llevarlo a juicio político.

Este antecedente no es desconocido por Cabeza de Vaca quien, desde 2020, estaba consciente de lo que está jugándose este año y de las intenciones de fondo de AMLO: “Señor Presidente, usted, por ejemplo, vivió en carne propia de sus adversarios cuando vieron que su liderazgo tomó forma de manera nacional y sus posibilidades de crecer, también incrementaron los ataques hacia su persona”, sostuvo Cabeza de Vaca en una gira que AMLO realizó en Tamaulipas en agosto de 2020.

“Grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en los medios de comunicación, es más como usted lo acaba de señalar, el mismo Presidente de la República, en esos años, intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero”, agregó Cabeza de Vaca. Además de este recordatorio, en una ocasión, el mandatario invitó al Presidente de la República a olvidar las confrontaciones y las persecuciones políticas y ponerse trabajar por el país.

“Usted no me va a dejar mentir, que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quita mucho tiempo, en lugar de estar trabajando por el bien de la gente, resolviendo tantos problemas que tenemos, ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones”, indicó Cabeza de Vaca. Pese a las notables evidencias que hay respecto a esta persecución, el Presidente de la República ha negado todo vínculo con este proceso, aunque, por otro lado, ha aplaudido las acciones judiciales y políticas.

A la fecha, Francisco García Cabeza de Vaca ha respondido a todas las acusaciones, incluso después de que se aprobó la declaratoria de procedencia (desafuero), difundió en un video:

“La mayoría del partido en el gobierno, Morena, consumó un nuevo golpe a la Constitución y a la democracia y sobre todo al Federalismo, es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno; en estos momentos la ley en México vive días obscuros y no parece haber más justicia que la revancha.

“Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de que se me acusara, justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos, el odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública”, agregó.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN)), Marko Cortés, denunció como atropello el proceso que se le sigue a García Cabeza de Vaca y acusó al Gobierno Federal de utilizar las instituciones para afectar a la oposición.

“La acusación contra el gobernador @fgcabezadevaca tiene un claro tinte político electoral. Es inaceptable usar una mayoría artificial en la @Mx_Diputados para desacreditar y distraer la atención de las escandalosas irregularidades detectadas por la ASF”, escribió en Twitter.

Afirmó que en vez de afectar al PAN, esa ilegal guerra mediática tendrá un efecto contrario y el partido azul saldrá beneficiado con estos ataques. “Lamentamos profundamente que manipulen a la Fiscalía para ganar lo que no pueden ganar en las urnas, pero con todo y eso, les advertimos que contamos con las mejores mujeres y los mejores hombres para llegar a la victoria este seis de junio”, aseguró en un comunicado oficial de su partido.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, manifestó su apoyo a Cabeza de Vaca a través de su cuenta de Twitter: “El dictamen de la Sección Instructora de la @Mx_Diputados en que rechaza el desafuero del Sen. @CruzPerzCuellar (Morena) y lo aprueba vs @fgcabezadevaca (PAN) confirma la lamentable historia por la que México no avanza, en serio, en el combate a la corrupción: la justicia a modo”, indicó Corral.

Pero la “justicia guinda” no solo ha alcanzado al gobernador panista, quien en este año no participa en algún cargo de elección popular –aunque en su estado las diputaciones del Congreso local y los representantes federales se disputan alcaldías– sino que también llegó al vecino estado de Nuevo León.

En la primera quincena de mayo, la FGR anunció que había abierto procesos penales contra dos candidatos a gobernadores en esa entidad: Adrián de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC).

Estos procesos se iniciaron después del escándalo en el que la candidata de Morena, Clara Luz Flores, fue relacionada con la secta de explotación sexual NXIVM, la cual era dirigida por Keith Raniere. Este hecho provocó que Flores cayera de manera estrepitosa en las encuestas, y que De la Garza y García se fueran a la punta.

Las imputaciones penales contra Samuel García, en lugar de perjudicarlo, provocaron que su popularidad aumentara y que en redes sociales se mostrara una vez más el lado intolerante del Presidente, quien no acepta competencia si no está bendecida por su “mano santa”.

En rigor, se genera por el encono contra Cabeza de Vaca porque conforma la Alianza Federalista de gobernadores de oposición contra su gobierno actual y debido a que, en su momento, se situó como uno de los “presidenciables” junto a los gobernadores Miguel Riquelme (PRI), de Coahuila; Javier Corral (PAN), de Chihuahua y Enrique Alfaro (MC), de Jalisco.

Tiene el respaldo de Tamaulipas

Desde que comenzaron las acusaciones, los legisladores, alcaldes, síndicos y regidores de Acción Nacional han apoyado a Cabeza de Vaca y, en algunos casos, los funcionarios de otros institutos políticos han mostrado solidaridad para mostrar su rechazo a la política del Gobierno Federal.

Félix García Aguiar, diputado local por el Distrito III y presidente de la Comisión Instructora, a la cual le corresponde ver este tema, fue firme en el momento que se emitió la declaratoria de procedencia por respaldar al gobernador para que no se le retirara la inmunidad que le otorga la Constitución del estado.

“El fuero de los servidores públicos estatales lo otorga la Constitución local, no la Federal, de ahí que la soberanía estatal tiene la última palabra”, señaló. Aseveró que el proceso federal es un ataque al gobernador, pero no solo para él sino también para la soberanía de la entidad, además que actúa en detrimento de los ciudadanos de Tamaulipas.

“Hemos visto que se ha generado un ataque al Gobernador, con el Ejecutivo tamaulipeco y hemos visto también las causas, por lo que de alguna manera ha levantado la voz exigiendo justicia para nosotros”, agregó. Pero el debate no terminó ahí, ya que el apoyo a Cabeza de Vaca generó disputas al interior del PRI, cuyo presidente estatal Edgar Melhem Salinas criticó a su bancada por rechazar el desafuero contra el gobernador.

Ante esto, el legislador Florentino Sáenz señaló que Melhem era un “soberbio, prepotente y cabrón”, ya que más que defender a Cabeza de Vaca, votó para rechazar la homologación debido a que significa un atentado contra la soberanía de Tamaulipas. Por su lado, el presidente municipal con licencia y candidato a diputado local por el Distrito I de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, advirtió que el proceso, claramente, obedece a un interés político electoral y no a un acto de justicia penal.

“Se ve a todas luces que tiene todos los síntomas de que es un tema más que político, electoral, precisamente antes de que empiecen los procesos electorales, antes de que empiecen las campañas el ocasionar inestabilidad electoral, el ocasionar buscar dañar la imagen del gobernador. Para mí, a todas luces es un tema electoral con el fin de desestabilizar Tamaulipas y generar un perjuicio a Acción Nacional”, detalló Rivas. Explicó que la raíz del problema proviene del reclamo de Cabeza de Vaca por una mejor aportación presupuestal de la Federación para el estado, el cual es uno de los que más aporta a la federación.

“El gobernador del estado ha sido muy claro en el tema de la justicia presupuestal; le ha dicho de manera amable que en justicia se debe regresar más presupuesto para Tamaulipas. Tamaulipas es el segundo estado que más recursos aporta a la Federación, solamente abajo de la CDMX y, entonces, en ese mismo sentido exigió al Presidente de la República que retornaran mayores recursos de lo que aporta Tamaulipas a la Federación; siete estados dependen de aquí”, explicó.

Rivas afirmó que no necesariamente se está pidiendo que el dinero vaya al gobierno del estado, sino que regrese a través de las dependencias federales, muchas de ellas prácticamente desaparecidas. También comentó que se requiere mayor inversión a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en más y mejores carreteras, optimizar la infraestructura en los puentes y programas que puedan reactivar la competitividad.

Agregó que la posición de AMLO es una reacción negativa ante la presión que Cabeza de Vaca y otros gobernadores han ejercido sobre su administración pública. “En la medida que se ha ido acalorando la exigencia, pues obviamente esto es una respuesta ante la postura que el gobernador ha tenido de manera legítima y justa, no está pidiendo nada que no correspondería”, añadió.

Enrique Rivas afirmó que de darse el desafuero y el enjuiciamiento contra Francisco García Cabeza de Vaca, se avecina el fin de la democracia como se conoce actualmente.

“Sería el inicio del fin de una democracia, el inicio de un régimen dictatorial, la desaparición como ya lo ha manifestado el Gobierno Federal, de instituciones; el ataque constante, como lo estamos viendo, contra el INE. Cuando la creación del IFE fue una exigencia de la izquierda, derivado de los fraudes de antaño y que exigieron un instituto ciudadanizado que fuera el árbitro en las contiendas electorales y que no fuera Gobernación y ahora que están en el poder, son los primeros que no están cumpliendo”.

Enrarecido clima electoral

Aún faltan unos días para las elecciones del seis de junio, pero el clima se ha enrarecido por el mismo Presidente, quien tanto desdeña a las instituciones, pero que mucho las utiliza como herramientas de represión contra sus adversarios y en beneficio de su partido, actitud que contraste notoriamente con sus mensajes de “paz y amor”. Pero las embestidas del Presidente contra el mandatario tamaulipeco no solo han provenido del Palacio Nacional, sino también del exterior. En días pasados se difundió que el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos había abierto una investigación contra Cabeza de Vaca y varios de sus familiares.

La información fue desmentida por el abogado defensor del gobernador, Alonso Aguilar Zinser, quien afirmó que su cliente no tiene ningún proceso penal en el país vecino. Incluso, el abogado J. Anthony Canales, quien tiene licencia en cortes federales y en el Estado de Texas y asesora legalmente a Cabeza de Vaca en ese país, indicó que son falsas las acusaciones provenientes de Santiago Nieto, Alfonso Díaz Durán y la FGR.

En un documento público aclara que, en la información desmentida, se “utilizaron documentos no autorizados e incompletos del gobierno de Estados Unidos”. De este modo, mientras el destino de un país se juega en la elección considerada como la más importante de la historia reciente de México, el Presidente de la República persigue a sus rivales para dar credibilidad a su proyecto de la 4T. Lo afirman los partidarios de AMLO y lo dicen sus detractores: están en juego las 500 curules federales de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y más de mil presidencias municipales.

Con mayoría en el Congreso, AMLO tendrá control absoluto para hacer y deshacer a su antojo, modificar leyes, financiar sus obras emblemáticas y mantener sus caprichos. Pero en caso de perderla, se desmoronaría su proyecto de la 4T, su capacidad para destruir órganos “de contrapeso” al Poder Ejecutivo, quizás aún su vocación de “mesías de las mañaneras” y su inconsciente propósito de descarrilar a México.