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AMLO atenta contra el bienestar de la infancia potosina
La modificación que el Gobierno Federal hizo al programa Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar (SB) ha provocado el cierre de 20 locales en San Luis Potosí
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La modificación que el Gobierno Federal hizo al programa Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar (SB) ha provocado el cierre de 20 locales en San Luis Potosí, el despido de trabajadores, la reducción del 40 por ciento de niños atendidos, el recorte de horarios y el aumento a las tarifas de los centros educativos que subsisten.

Silvia Juárez Leyva, coordinadora de guarderías en la entidad, anticipó que la mitad de las guarderías que atienden a los hijos de madres solteras y trabajadoras podría cerrar en el trascurso de este mes. “Tenemos incertidumbre por diferentes versiones que se han dado; se tuvo que aumentar el costo porque no hubo subsidio y los padres de familia no han podido pagar las cuotas de meses”, reveló.

Otras estancias despidieron personal y recortaron el horario de atención para evitar el aumento de las cuotas mensuales que oscilan entre los 950 y mil 100 pesos. El 15 de febrero cerraron tres guarderías en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. “En la zona centro las bajas no se han reflejado mucho todavía, pero en la periferia es considerable; hasta el 40 por ciento de niños se quedó sin guardería”.

En riesgo, más de 200 estancias

Soy madre soltera, tengo un niño de dos años. Lo llevaba a una de las estancias infantiles de este municipio, pero desde hace un mes cerraron por la falta del apoyo económico que anteriormente llegaba puntual a la estancia. Desde el mes de enero ya no se recibe el recurso, y aunque las educadoras y las madres de familia nos organizamos para recaudar fondos y sostener las necesidades de los niños, no fue suficiente para solventar los gastos que implican la alimentación de los pequeñitos, permisos, capacitaciones, pago de los servicios básicos, etc. Así que inevitablemente cerró la estancia”, cuenta Martha Elena Morales Flores, habitante del municipio de Mexquitic de Carmona y obrera en una fábrica de autopartes.

“Yo no puedo dejar de trabajar, soy madre soltera y debo solventar los gastos de mi hijo y los propios, por lo que tuve que dejar a mi hijo con mi mamá, que ya es una persona de la tercera edad, enferma y con limitaciones en su movilidad física. Pero ¿qué hago?, necesito trabajar para sobrevivir, ésa es la verdad”. lamenta Martha.

Otras 200 estancias infantiles están a punto de cerrar en San Luis Potosí a causa del recorte presupuestal que ejecutó el Gobierno Federal al programa de subsidio de la otrora Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría del Bienestar.

Desde diciembre de 2018, estos locales enfrentan un atraso en la entrega del subsidio federal; y a principios de febrero, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció un recorte de casi el 50 por ciento al presupuesto de este programa, con el argumento de que había corrupción en su manejo. “Se busca modificar este plan para entregar el subsidio directamente a los padres de familia, en lugar de depositarlo en las estancias infantiles”, insistió.

Hasta noviembre de 2018, el programa entregó el subsidio, consistente en 900 pesos mensuales por cada niño asistido con edades entre uno y cuatro años, y mil 800 pesos por infante con alguna discapacidad. Las estancias están a cargo de educadoras que proporcionan a éstos alimentos y cuidados, explicó Silvia Leticia Juárez Leija, representante de Guarderías Adheridas a la Red de Estancias Infantiles de la Secretaria de Bienestar en la entidad.

Ahora las estancias infantiles tienen que funcionar como guarderías particulares o, en el peor de los casos, cerrar porque la economía de los padres no es suficiente para el pago de las cuotas.

Juárez Leija aseveró que la entrega directa del subsidio a los padres de familia es más riesgosa que antes, cuando “se daba directo a las estancias, se regulaba y se supervisaba que ese dinero fuera bien administrado tanto en capacitaciones como en alimentación correcta, como en la atención y planeación de actividades conforme al desarrollo infantil”. Ahora ese dinero en manos de los padres de familia no será regulado en las áreas destinadas al cuidado de los niños.

“En el estado ya se han dado de baja niños; en otras estancias laboraron hasta el primero de febrero, hay municipios que se van a quedar sin estancias; esto debido a que no han recibido el subsidio y aunque algunas estancias han querido elevar la cuota para seguir funcionando, no todos los padres de familia están en condiciones de pagar más por el servicio”, agregó.

Cuando una estancia infantil se adhería a la Sedesol, firmaba un contrato en donde se comprometía a permitir el ingreso de autoridades estatales y municipales para la supervisión de las condiciones del lugar y el trato a los niños. Eran “autoridades municipales y estatales, DIF estatal, salubridad, la misma Sedesol, entonces la atención estaba regulada, el dinero estaba destinado a una atención regulada y orientada”, aseguró Juárez Leija.

Municipios más afectados

La población de los municipios potosinos más afectados por esta decisión es la de Mexquitic de Carmona y Santa María del Río que contaban con tres estancias cada uno. La mayoría de los padres de familia trabajan como obreros en la zona industrial o son artesanos, comerciantes y empleadas domésticas, quienes diariamente se trasladan a la capital debido a la falta de empleos en ambas regiones y tienen que dejar a sus hijos en las estancias infantiles.

Tal es el caso del señor Rubén Díaz, habitante de Santa María del Río, quien dijo a buzos: “Tenemos un niño y una niña de cuatro años, los dos inscritos en la estancia infantil desde hace dos años; mi esposa y yo trabajamos, por lo que la noticia de que pronto cerrarán estos espacios para el cuidado de los niños, a causa del recorte al presupuesto de este programa, es mala para nosotros. No sabemos qué vamos a hacer, porque además somos originarios del estado de Querétaro y no tenemos familiares en San Luis, por lo que dejarlos con parientes no será una opción. Aquí tenemos nuestra casa que aún estamos pagando”.

Rubén toma de la mano a sus pequeños hijos, preparándose para salir de la estancia infantil en el municipio de Santa María del Río, mientras explica: “Es un tema delicado porque estamos hablando de la seguridad y la educación de nuestros niños; sinceramente no estamos de acuerdo con esta acción; los padres trabajadores, que no tenemos dónde dejar a nuestros hijos, nos veremos afectados de manera emocional y económica”.

La directora de esta estancia infantil, quien pidió omitir su nombre, dijo que “al entregar el subsidio directamente a los padres de familia, no se sabe qué tipo de atención tendrán los menores; se pretende que con ese dinero se le pueda dar a un familiar, a un abuelo, a un tío que carece de capacitación en protección civil, primeros auxilios y en atención a niños. Esto implica un retroceso en la atención que ya habíamos tenido en el cuidado de los pequeñitos; incluso vulnera los derechos de los niños”.

Dijo que cabe la posibilidad de que se dé mal uso a los recursos. “No sabe uno si el niño va a quedar en la casa de un vecino encerrado en un cuarto, o el dinero sea gastado por padres de familia que tengan algún vicio o madres de familia que quieran ese dinero para otra situación. No hay manera de regular esa cantidad; esto lo digo porque en Santa María ya se vio un caso de una joven madre que consumía narcóticos, por lo que las autoridades correspondientes le dieron la patria protestad al padre y él trajo a la niña a esta estancia; debido a su trabajo, no podía atenderla enteramente. Son padres que están solos y trabajan, o madres que se verán en la necesidad de dejar el trabajo para cuidar a sus hijos”, refirió la directora.

“¿Qué va a hacer el Presidente con todas esas mujeres que se quedan sin empleo? Estamos hablando de violencia contra la mujer,  porque de un día para otro nos dijeron que ya no van a recibir apoyos, por lo que para solventar los gastos hemos realizado actividades económicas en beneficio de la estancia.

“No estamos en desacuerdo con que los padres reciban el apoyo; lo que queremos es que haya mecanismos que aseguren que efectivamente el padre de familia va a poder llevar ese recurso para la educación de sus hijos; de lo contrario no tendría sentido regalar el dinero”, indicó la directora de la estancia.

Además de la reducción del 40 por ciento del personal de las guarderías, otro de los efectos de la determinación del ajuste de casi un 50 por ciento en el presupuesto del Programa de Estancias Infantiles, es el cierre de este tipo de locales y los problemas de estabilidad económica de las 77 estancias que existen en la capital potosina y otras 33 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

En la entidad se ha reportado la desaparición de al menos 20 estancias y otras tantas aununciaron su cierre o están a la espera de conocer las reglas de operación que el Gobierno Federal establecerá y que los dueños o responsables deberán evaluar antes de seguir operando.

Por ello, el 14 de febrero, algunos responsables de estancias infantiles, apoyados por padres de familia, organizaron una manifestación pública ante el Congreso del Estado para inconformarse con la determinación del gobierno de AMLO. “No queremos dinero, queremos estancias infantiles para nuestros hijos”, “Sí a las estancias infantiles”, “Apoyo para nuestros hijos”, “Educación inicial, la base de todo”, fueron algunas de las leyendas exhibidas por aproximadamente 200 manifestantes.

En esa ocasión advirtieron que si en las próximas semanas no recibían los apoyos, cerrarían al menos 100 estancias, dejando sin trabajo a 550 personas y sin atención a tres mil 300 niños. Hasta la primera semana de abril, habían dejado de funcionar 20 guarderías porque los padres no pudieron pagar las cuotas exigidas, en tanto otras estancias se convirtieron en particulares.

“Estas instituciones son la única opción para muchas familias pobres que no pueden pagar un servicio privado. Es una injusticia no pensar en las consecuencias que esto tendrá; por ello hacemos un atento llamado al señor Presidente y a nuestras autoridades estatales para que no se quite el apoyo a nuestras estancias y se nos respalde en caso de que sea necesario”, dijo la educadora Lorena Hernández Bustamante.

Al respecto, la diputada local Laura Patricia Silva Celis se pronunció por no dejar sin este apoyo a miles de madres que son el sostén de sus familias.

“Las estancias infantiles no solo son espacios en los que se cuida a los menores de edad, en ellos también se les da una alimentación sana y balanceada; se les estimula para su crecimiento y se les brinda un entorno apropiado para su aprendizaje, por lo que su permanencia debería ser fundamental. Me sumo a la lucha de las mujeres potosinas que hoy han acudido a este recinto legislativo para denunciar al Gobierno Federal, quien se niega a apoyarlas”, declaró en entrevista.

La legisladora afirmo que “la decisión presidencial está equivocada. Si habla de corrupción está bien que la ataque y sancione a quienes incurrieron en ella, pero no puede afectar a todos por igual, porque estas medidas repercuten en la productividad de los trabajadores; es un tema de salarios, de estabilidad social”.

El impacto inmediato de la decisión gubernamental fue la deserción integral o la demanda de atención de solo un día a la semana de casi tres mil niños de los seis mil 455 matriculados, de los cuales el 10 por ciento tienen alguna discapacidad.

Por ahora, las estancias que sobreviven están a la expectativa de las nuevas reglas de operación y en espera de que se normalice el servicio o, en caso contrario, buscar alternativas para no retirar el respaldo a los padres de familia con hijos en las estancias. 


Escrito por Érika Herrera

REPORTERA


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