En su obra clásica El desarrollo del capitalismo en Rusia, Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, mostró cómo, a finales del Siglo XIX, Rusia había entrado irremediablemente en la senda del sistema capitalista mundial. Con un análisis estadístico impresionante para la época, Lenin ilustró la forma en que el capitalismo cumplió sus dos únicas funciones progresistas en un país: desarrollar y socializar las fuerzas productivas. A grandes rasgos, en el caso de la primera, afirma que aumentó la productividad del trabajo y, en el de la segunda, que progresivamente involucró a todos los miembros de una formación social en un proceso de producción único. Estos dos fenómenos, a su vez, sentaron las bases materiales para la futura sociedad socialista, basada en la propiedad social de los medios de producción y su administración planificada democráticamente. Una sociedad de este tipo nunca podrá desplegar su máximo potencial con un aparato productivo ineficiente y desarticulado.

Este análisis es importante para el proletariado, porque aporta herramientas para juzgar mejor el papel de los gobiernos burgueses, ya que aunque todos desempeñan la función de proteger el dominio de las clases propietarias sobre el resto, su forma de gestionar el desarrollo capitalista varía entre ellos. La misma distinción existe en el proletariado organizado de los diferentes países para arrancar las concesiones que mejoran su nivel de vida.

En el caso de México es pertinente formular estas preguntas: ¿El gobierno en turno está facilitando el desarrollo y la socialización de las fuerzas productivas? ¿Está creando empleos en los sectores más productivos de la economía? ¿Mejorando la infraestructura pública para conectar más eficientemente las regiones productivas del país? ¿Ampliando las capacidades científicas y tecnológicas? ¿Propiciando el desarrollo material e intelectual de la clase trabajadora, mediante su acceso a los bienes de consumo y servicios públicos básicos?

La respuesta a la primera pregunta clave es particularmente importante porque el grueso de la población mexicana se halla ocupada en actividades de muy baja productividad y sus condiciones laborales son sumamente precarias: informalidad rampante, autoempleo y desempleo disfrazado. Esto se debe a que los sectores más modernos de la economía –es decir, que cuentan con maquinarias, equipos e instalaciones industriales– son muy pocos y su oferta de empleo es muy escasa. Es decir, la cantidad de personas que pueden emplearse en estas empresas es mínima y gran parte de la fuerza laboral disponible no tiene cabida en los sectores donde se hallan los “buenos” empleos.

Allí donde la inversión se ralentiza o detiene, crecen la informalidad, el autoempleo y la precariedad. Esto empuja los salarios a la baja en el sector formal. Por tanto, el combate a la pobreza en México pasa necesariamente por la aceleración de las inversiones y una mejora en las condiciones de empleo, pero eso no implica que se deba dar todas las facilidades y garantías al sector privado para que cumpla él solo esta tarea, enfoque económico cuya falsedad ha sido demostrada en las cuatro décadas pasadas. La inversión pública debe desempeñar un papel central mediante la coordinación planificada de la inversión privada para alcanzar los resultados buscados: más empleos y salarios bien remunerados. La inversión especulativa, poco intensiva en trabajo o desarticulada del resto del aparato productivo, en nada o muy poco ayuda al desarrollo del país.

 Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2019, la inversión fija bruta se estancó y empezó a caer a principios de 2020; con la crisis sanitaria se colapsó definitivamente con la destrucción de los empleos formales. Las causas directas de este problema se hallan en la caída de la inversión pública en las obras de infraestructura y servicios básicos, ya que el Gobierno Federal ha canalizado los recursos del erario a las transferencias monetarias y a las “megaobras” del Presidente. Adicionalmente, el manejo errático de la economía y el discurso hostil de éste hacia la clase capitalista genera un clima de incertidumbre y reticencia para la inversión privada. No hay política industrial y se opta por todo al comercio exterior. No hay, pues, elementos progresistas en este gobierno, ni perspectivas de que las cosas vayan a cambiar en el corto y mediano plazo.