Hace unos días el gobernador guerrerense, Héctor Astudillo Flores, presumió que Guerrero busca ser ejemplo en el proceso electoral 2021, -esto tras la firma de un convenio de apoyo y colaboración entre la autoridad estatal, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGro)-, algo que se ve muy lejos de cumplirse tras lo que está sucediendo con el morenista Félix Salgado Macedonio, pues todo indica que será impuesto desde Palacio Nacional y Astudillo Flores no podrá meter ni las manos, e incluso, debería haber preocupación tras la posible llegada de otro grupo al poder en esa entidad.

Pero aceptemos, sin conceder, que gracias a ese "convenio de colaboración" logra la entidad ser ejemplo de paz y tranquilidad en las elecciones que tenemos ya en puerta; pero, donde por ningún lado el gobierno astudillense podrá ser ejemplo es en la forma de ejercer el poder al proteger, con algunos funcionarios del primer nivel, a delincuentes e ignorar al menos a 300 familias que le ha demandado desde hace 5 años, que les dé certeza jurídica con los terrenos que compraron de buena fe para construir sus viviendas.

Se sabe que quien se está oponiendo y opera para que no se haga justicia y menos se resuelva la petición de las familias afectadas que ronda un número cercano a los mil 500 guerrerenses, es nada menos que Florencio Salazar Adame, titular de la Secretaría General de Gobierno; a él, los colonos lo ubican como el principal culpable de que no se solucione su demanda y también como el funcionario del gobierno que permite que permanezca en la impunidad el crimen, ocurrido el 5 de noviembre de 2015, del líder social Florián Reyes Rafaela, quien fue sustraído de su domicilio, secuestrado y posteriormente asesinado.

En la firma del convenio citado, para la paz y tranquilidad electoral, también estuvo presente Salazar Adame, un hombre de la entera confianza del gobernador, a quien difícilmente lo podría justificar de los atropellos que ha cometido contra las familias pobres que recientemente se encuentran en plantón frente a las oficinas gubernamentales para exigir intervención del gobernador priísta. A la población se le puede pedir civilidad para elegir a “sus representantes” y que ponga lo necesario en este proceso; pero además de hacer la petición, los ciudadanos deben asegurarse de que sus gobernantes hayan trabajado correctamente para el bienestar de la sociedad. Si esto no se hizo o no se hace la población juzgará, tomará decisiones y castigará a esos malos políticos, sea en las urnas o sea mandándolos al bote de la basura de la historia de Guerrero.

Hagamos un poco de historia de qué es lo que ha sucedido con quienes hoy están en plantón permanente. Ellos son habitantes de la colonia “Nueva Revolución” ubicada en la Ciudad de Chilpancingo y todo inició en diciembre de 1999, casi un año antes de aquél "gran cambio" del año 2000 por todos conocido, donde de Los Pinos fue corrido el gobierno priísta para dar paso al "hombre de las tepocatas y de las botas", pero eso también ya es historia. Pues un año antes, de acuerdo a don Germán Meza de Jesús, uno de los primeros que compraron lotes en esa colonia y que también es uno de los guerrerenses que están "plantados" en Chilpancingo, la persona que se hacía llamar dueña del predio conocido en ese entonces como "La Yerba Santa", era la señora Guadalupe Nieto Álvarez, quien lotificó y vendió más de 300 terrenos.

Después se supo que la verdadera dueña era la señora Esperanza Viguri y entre ellas se había efectuado una operación de compra-venta con un contrato simple, sin ser avalado por un notario. Al paso del tiempo la señora que compró (se entiende Guadalupe Nieto) no pagó a la parte vendedora, pero eso sí, fue muy exigente con los colonos que adquirieron lotes quienes sí pagaron pero nunca se les entregaron las escrituras que avalara su propiedad; la razón, simple y sencilla, no era la legítima dueña porque no había cumplido con el contrato que hizo con la señora Esperanza.

Aquí aparece uno de los fraudes contra los colonos y la autoridad no hizo nada. Once años después, en el año 2010, muere Esperanza Viguri y curiosamente a los seis meses aparece en el Registro Público de la Propiedad la escritura del predio a nombre de Guadalupe Nieto Álvarez. El predio entró en litigio, pero ahora son los hijos de doña Esperanza (la supuesta "verdadera dueña") los que reclaman el predio; estos, en apariencia, ganan el pleito y como representante queda el hijo menor, Gilberto Gutiérrez Viguri, quien no reconoce ningún pago de los colonos y los amenaza con desalojarlos.

Ahí empieza el calvario, el miedo y temor de los colonos y sus familias. Ya para el 2013, dos años antes del asesinato de Florián, los colonos amenazados se unen y buscan el apoyo de la organización Antorcha Popular porque los desalojos de las familias ya eran frecuentes, incluso, cinco familias fueron sacados de sus humildes viviendas y literalmente echadas a la calle; de este año al 2015 el supuesto propietario estuvo amenazando a la gente y, con la ayuda de un grupo de malvivientes y porros, corrió a mucha gente. Los lotes apropiados los volvía a vender.

Sin embargo, el grupo de familias que solicitó el auxilio y la ayuda del Antorchismo guerrerense, que dirige el experimentado líder social, José Juan Bautista, aunque se vio amenazado, resistió; pero la represión aumentó y fue cuando el 4 de noviembre del 2015, en la noche un grupo armado entró al hogar de Florián Reyes ubicado en la Colonia “Nueva Revolución” y al día siguiente apareció muerto con un balazo en la nuca, con muestras de haber sido torturado; no había duda, había sido asesinado, por instrucciones directas. En ese mismo año, casi al abrir la puerta de Palacio de Gobierno, Héctor Astudillo fue enterado de los hechos y se le solicitó intervención inmediata para que se castigara a los asesinos de Florián, pues todo indicaba que Gilberto Gutiérrez y su apoderado, José Rodríguez Martínez, eran los presuntos autores intelectuales del asesinato.

En una entrevista entre la dirigencia antorchista y el gobernador, éste hizo el compromiso de intervenir para solucionar el problema de la colonia; esto mismo se exigió en un manifiesto pública titulado: "¡Exigimos castigo a los asesinos de Florián Reyes Rafaela!" que fue dado a conocer en la prensa nacional y estatal y dirigido al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto y al mismo mandatario estatal. En el inicio del sexenio astudillista se solicitó y hubo compromiso gubernamental: dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista Florián y juzgarlos conforme a la ley para que recibieran el castigo que merecen y regularizar la colonia “Nueva Revolución” y evitar que siguieran las amenazas y los hechos lamentables.

Tras eso ha corrido agua y han pasado ya cinco años y ni se ha hecho justicia y tampoco avanza el asunto de regularización. En el 2019 el propio gobernador propuso, nuevamente, que el asunto se resolvería por la vía de expropiación y que sería la Secretaría General de Gobierno la que se encargaría de integrar el proyecto de decreto y se designó a Fernando Jaimes Ferrel, Subsecretario de Asuntos Agrarios, (de la Secretaría General de Gobierno), quien se reunió, en múltiples ocasiones, con los colonos y su representante, el licenciado Conrado Hernández Domínguez. En cada reunión el funcionario, recuerdan los colonos, ponía muchas trabas y excusas para no cumplir. En octubre de 2020 la dirigencia antorchista guerrerense tuvo una nueva reunión con el gobernador; ahí mismo se instruyó a Florencio Salazar para que de inmediato se terminara el proyecto.

A casi cinco meses no hay proyecto y se argumenta que la colonia está fuera de la zona urbana de la Ciudad y que el Ayuntamiento no le entrega un decreto de Factibilidad y uso del suelo; todo esto no es cierto porque desde hace cinco años hay un plano de urbanización autorizado por Desarrollo Urbano del Ayuntamiento; incluso, se ha logrado que la colonia cuente con electrificación y el tendido de la red de agua potable, obras que no se pueden realizar sino existiera un estudio de factibilidad y cambio del uso del suelo. Florencio Salazar maniobra para no obedecer a su jefe Héctor Astudillo, pero además esa maniobra protege, se quiera o no, a los defraudadores y supuestos dueños del predio.

Todavía el pasado viernes 12 de marzo de este año se hizo una promesa para entregar el dictamen de factibilidad, único requisito para completar el decreto de expropiación; tres días después no hay nada y el plantón continúa. El problema por la falta de vivienda en Guerrero sigue y como la colonia "Nueva Revolución" existen otras que tienen la mismísima problemática, tal es el caso de la colonia “Candelaria” que se ubica al norte de Chilpancingo. El Secretario General de gobierno maniobra y no soluciona el grave problema de los colonos; por otro lado, con sus acciones protege a los defraudadores y así la administración priista de Héctor Astudillo Flores jamás será ejemplo de buen gobierno. Y si algún político local tenía la remota idea de que el PRI podría conservar el gobierno estatal, estas acciones suman en negativo para este 2021 electoral. Se comenta, incluso, que la figura de Astudillo ya no importa y no preocupa a Morena, porque que él mismo ya se convirtió en el Alfredo del Mazo del Estado de México o el Alejandro Murat de Oaxaca, todos se cuadran con el Presidente López Obrador. Parece que a Astudillo no le queda más que bailar al ritmo que le toque Morena porque tiene claro que Mario Moreno Arcos no tiene posibilidades para ganar en las urnas.

En Guerrero no hay buen ejemplo de gobierno y sí hay, al parecer, protección a defraudadores y delincuentes; además existe una falta total de atención al problema de vivienda de miles de familias guerrerenses. Por lo pronto el plantón de los afectados ahí sigue, lleva siete días y podría durar hasta el último día del gobierno estatal. Astudillo tiene al enemigo en casa con su Secretario General de gobierno o acaso el funcionario ¿sólo obedece las órdenes de su superior? La respuesta la tiene el mandatario estatal. Por el momento querido lector, es todo.