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Las elecciones del próximo cinco de junio, con las que se renovarán seis gubernaturas estatales, se realizarán en un ambiente de fuertes presiones políticas del Gobierno Federal contra el Instituto Nacional Electoral (INE), alianzas partidistas de la oposición y oficialistas, que configuran lo que puede ocurrir en la elección presidencial de 2024.
Los nuevos gobiernos estatales que surgirán de este proceso político son los de Quintana Roo, Durango, Hidalgo, Aguascalientes, Oaxaca, y Tamaulipas; y en la misma fecha se elegirán 39 presidencias municipales en Durango y 25 diputaciones en el Congreso de Quintana Roo. De acuerdo con el Registro Federal de Electores (RFE) del INE, podrán votar 11 millones 708 mil 32 electores.
La citada jornada electoral se realizará en ambiente social envuelto por una ola de violencia e inseguridad pública que, en enero pasado, obligó a los secretarios de Gobernación (SG), Adán Augusto López Hernández y de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a reunirse con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para definir una “Estrategia de Protección en el Contexto Electoral 2022”.
Según el comunicado emitido por los funcionarios públicos implicados, este plan de acción tiene el propósito de “acompañar los comicios que se realizarán este año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Se buscará detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar acciones de la delincuencia en el contexto electoral, lo cual incluye reforzar la seguridad en las entidades”.
Sin embargo, en varias de las entidades donde habrá elecciones el próximo mes, la violencia se incrementa por las imparables acciones criminales de la delincuencia organizada y común, así como por las expresiones políticas hostiles contra la oposición y el INE provenientes tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como de los dirigentes del partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El más “orgánico” y contundente ataque morenista contra el INE consistió en el envío de una iniciativa de reforma electoral, promovida por el propio AMLO, que cuenta con el apoyo de los diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT), y tiene el objetivo de transformar sustancialmente a esta institución para que sus consejeros sean electos de manera directa por el mismo “pueblo” y, sobre todo, para que no se gaste tanto dinero del erario.
INEC en lugar de INE
La iniciativa electoral del Presidente contempla que el INE se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; que reduzca de 11 a siete consejeros electorales; que éstos sean electos directamente por el “pueblo”; que se elimine el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos y que desaparezcan los llamados legisladores plurinominales. Con estos cambios, afirma la propuesta, se buscará que haya una “democracia limpia y que nunca más haya fraudes”.
Al conocer esta propuesta, el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, hizo el siguiente comentario, en relación con los costos financieros del INE y la desaparición de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES); ya que tanto el Presidente como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, los consideran “excesivos”:
“Pues ahí hay una contradicción grave, ya que si se desaparecen los OPLE y el INE tiene que asumir esas funciones, ¿cómo va a costar menos? Digamos, son cosas, incongruencias normales en una iniciativa de esta naturaleza; y bueno, pues para eso está el INE, para explicarle a las y los legisladores una vez que estén discutiendo estos temas, cuáles son las implicaciones”.
En esa misma ocasión, Córdova expresó categóricamente: “las leyes, las normas electorales que hoy tenemos son perfectamente factibles y suficientes para poder organizar impecablemente la elección de 2024”.
Elecciones con menos recursos
El año pasado, luego de que la mayoría morenista en el Congreso de la Unión recortara el presupuesto del INE para el ejercicio de 2022, Córdova anunció que la institución electoral autónoma garantizaría el proceso electoral del próximo cinco de junio.
Informó que, en las seis entidades con elecciones, se colocarán 21 mil 68 casillas; se contratarán 708 supervisores electorales y cuatro mil 218 capacitadores; además de que el INE tendrá que costear la elaboración de materiales, el traslado de éstos y los paquetes electorales; la renta de edificios y compra de insumos para los protocolos sanitarios impuestos por la pandemia de Covid-19.
Este año, el INE sufrió un recorte del 26 por ciento en su presupuesto; hoy ejerce solo 19 mil 736 millones de pesos, monto similar al que invirtió en la organización de la consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril.
En su momento, el consejero del INE, Ciro Murayama, escribió en sus redes sociales: “1er acto: Te mandato organizar la Revocación de Mandato. 2do acto: Te recorto los recursos mínimos para hacerla. 3er acto: Te acuso de ineficiente, de negarte a hacerla. Es el guión para atacar la autonomía e independencia del INE”.
En la sesión del pasado 27 de abril, el Consejo General del INE avaló la lista nominal de electores de la jornada electoral del cinco de junio, cuya cobertura es del 99.88 por ciento de los ciudadanos y está conformado por 11 millones 701 mil 191 personas. Córdova aseveró que el padrón es “la garantía principal en este caso de que las elecciones del cinco de junio votarán quienes deben votar, en dónde deben votar y nadie más”.
En Aguascalientes están inscritos cerca de un millón 31 mil 757 ciudadanos en la elección para un nuevo titular del Poder Ejecutivo. En esa entidad se colocarán 50 urnas digitales, es decir por primera ocasión, su voto será “electrónico”.
En Durango, además de la gubernatura, se renovarán 39 ayuntamientos. En Hidalgo elegirán mandatario estatal dos millones 247 mil 440 ciudadanos; en Oaxaca serán tres millones 11 mil 675; en Tamaulipas, dos millones 738 mil 954 y en Quintana Roo, donde también se elegirán 25 diputados locales, emitirán sufragio un millón 336 mil 790 electores.
Las campañas de propaganda empezaron el tres de abril y terminarán el 1° de junio. En cuatro estados, Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) tendrán candidatos comunes dentro de la alianza Va por México. Teresa Jiménez, candidata de la alianza, busca gobernar Aguascalientes; lo mismo Esteban Alejandro Villegas en Durango; César Verástegui en Tamaulipas y la priista Carolina Viggiano en Hidalgo.
Los otros candidatos en Aguascalientes son: Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano (MC); Nora Ruvalcaba por Morena y Martha Cecilia Márquez por PT y PVEM. En Durango, Patricia Flores Elizondo por MC; Marina Vitela Rodríguez por Morena, PVEM y PT, la misma alianza que llevó a AMLO al poder presidencial en 2018, denominada Juntos Haremos Historia.
En Hidalgo, Francisco Xavier Berganza será el abanderado del MC, y Julio Menchaca Salazar lo hará por Morena, PVEM y PT; en Tamaulipas, Arturo Díez Gutiérrez por MC y Américo Villarreal Anaya representando a Morena, PVEM y PT; en Oaxaca, por el PRI y el PRD, va Alejandro Avilés, Natividad Díaz por el PAN, Alejandra García Morlan por MC y Salomón Jara por Morena, PVEM y PT; en Quintana Roo, Leslie Hendricks por el PRI, Laura Fernández por el PRD y el PAN, José Luis Pech a favor de MC y Mara Lezama por Morena, PVEM y PT.
El PAN gobierna actualmente Aguascalientes, Durango y Tamaulipas; en Quintana Roo están aliados PAN y PRD; en Hidalgo y Oaxaca, los gobernadores son priistas.
La oposición está optimista
En torno a los posibles resultados de junio, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, negó que su partido vaya atrás en las preferencias electorales y se resistió a hacer algún pronóstico.
“Para no dar un número, de que por qué no ganaron tales o cuales, decir que vamos muy fuertes en las seis entidades. Hemos hecho un llamado a la libertad de la gente a decidir, que no condicionen el voto, que no quieran amedrentar a los ciudadanos con que les van a quitar los programas sociales, que no interfieran los servidores de la nación, ni otros servidores públicos y que se aplique la ley. Eso nos va a dar el paso fundamental para que el ciudadano decida y ganemos las elecciones.
“Estamos en una campaña política fuerte, firme, y caminando todos los días. La coalición Va por México va sólida, estamos avanzando, una campaña de retos y desafíos, vamos a tener un buen resultado, con mucho ánimo, escuchamos a la sociedad, hay una propuesta sólida, vamos a tener un buen resultado en 2022”, abundó en breve entrevista junto a los líderes del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano respectivamente, quienes rechazaron públicamente el proyecto de reforma electoral que el presidente envió hace días a la Cámara de Diputados.
Moreno afirmó que “México tiene una alternativa clara, que es Va por México. Recorremos las calles, estamos en los municipios, en las comunidades, hay una gran aceptación; y lo que quieren los ciudadanos es que haya empleo, que haya salud. Está claro que Morena es una tragedia y una desgracia para este país, no tiene propuestas ni soluciones para México; y por ello, la ciudadanía nos está dando su confianza”.
El priista mantiene su confianza en ganar las elecciones de este año. Sin embargo, también tiene puesta la mira en 2023, en el proceso electoral del Estado de México y Coahuila; y para ello advirtió que trabaja en una candidatura en común con el PRD y PAN, a pesar de que el diputado local panista, Enrique del Villar, se presenta como abanderado por este partido.
“Estamos trabajando en construir una candidatura en común. Hay mujeres y hombres comprometidos; y vamos a ir con el que tenga mayor competitividad, mayor rentabilidad que garantice un gobierno eficaz, de inclusión. Lo que sí está claro es que en el Estado de México vamos a ganar, vamos muy bien, también vamos a ganar Coahuila en el 2023. Estamos echados para adelante en el programa que estamos construyendo”, añadió el priista.
Sin embargo, hasta finales de abril, en tres de las seis entidades donde habrá elecciones, las encuestas daban ventaja amplia a los candidatos de Morena, con excepción de Teresa Jiménez, en Aguascalientes.
Un muestreo efectuado por el diario El Financiero, arrojó que la población percibe que disminuyó el desempeño del Presidente en los rubros de seguridad pública, economía y combate a la corrupción. En la evaluación del primer rubro, el 63 por ciento de los encuestados consideraron que AMLO lo ha hecho “muy mal” y “mal”; mientras que el 42 por ciento afirmó que la economía va “mal” y casi el 50 por ciento de los entrevistados reveló que continúa la corrupción en este gobierno.
Sin embargo, los malos números del gobierno de Morena no necesariamente impactarán en los comicios de junio, debido a que los partidos de oposición actúan alejados de los ciudadanos y difícilmente podrán revertir la compra de votos que el gobierno de AMLO aplica mediante la entrega de apoyos monetarios directos a millones de personas; y estas “pensiones” son el principal argumento político de la “Cuarta Transformación”.
El Frente Cívico Nacional había anunciado su intención de convocar a foros y a una manifestación frente al INE para protestar contra la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso.
Resulta que quienes aprobaron la ley que establece las reglas para realizar el proceso de revocación de mandato, se enojan con el INE por pedirles respeten la ley que ellos mismos diseñaron y aprobaron.
El INE contabilizó 416 registros de personas sancionadas
La Coalición Fuerza y Corazón por México, antes Frente Amplio por México, anunció que podría destinar unos 533 millones de pesos para sus campañas federales rumbo a la Presidencia de la República.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que el INE y el Gobierno Federal deben garantizar la celebración de elecciones limpias y alejadas de interferencias de funcionarios del gobierno y del crimen organizado.
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“Si esta es la boleta que se quiere usar en la “Consulta” de BC, que carece de base legal, las preguntas amañadas (porque inducen el sentido del voto)"
Escrito por Trinidad González .
Reportero. Estudió la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.