La libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político hace hoy 144 días, volverá a ser discutida en septiembre por el Supremo Tribunal Federal (STF), que cuatro meses atrás rechazó esa posibilidad.

El juzgamiento del recurso al habeas corpus negado por el plenario de la Corte Suprema al ex dignatario a comienzos de abril pasado será virtual y ocurrirá entre los días 7 y 13 del próximo mes, anticipó anoche el diario digital Brasil 247.

La nueva apelación -explicó- fue presentada por la defensa de Lula el 28 de junio último y solicita esclarecimientos sobre el análisis hecho hace cuatro meses por el STF, pues según los abogados entonces no quedó claro si la prisión de condenados en segunda instancia debe ser automática o requiere de una justificación en cada caso.

En las primeras horas del 5 de abril, y por seis votos contra cinco, el STF negó un habeas corpus preventivo solicitado por la defensa de Lula, condenado a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), que -contrariando la Constitución - dispuso además la inmediata ejecución de la pena.

El voto decisivo fue proferido entonces por la presidenta del STF, Carmen Lúcia, quien acompañó la postura del relator del caso, Luiz Edson Fachin, y de los ministros Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Luis Fux y Rosa Weber.

A favor de conceder el habeas corpus a Lula votaron, en tanto, los magistrados Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Marco Aurelio, Ricardo Lewandowski y Celso de Mello.

Al fundamentar su voto, Lewandowski subrayó que la prisión anticipada de un condenado contradice una de las cláusulas pétreas de la Constitución, según la cual nadie puede ser considerado culpable hasta agotarse los recursos en todas las instancias de la Justicia, y constituye «un irreparable retroceso constitucional».

El combate a la corrupción -dijo- no justifica flexibilizar esa importante garantía, pues la violación de la misma se aparta «de forma radical» de lo que dispone la ley mayor de la República.

Lewandowski criticó también en duros términos el juzgamiento realizado por el tribunal de apelaciones de Porto Alegre, en el cual apreció que sobraron las frases grandilocuentes, pero faltaron argumentos que justificaran la prisión automática del ex presidente brasileño.

El decano de la Corte Suprema, Celso de Mello, advirtió por su parte que la Constitución «no puede someterse al imperio de las circunstancias ni a presiones externas» y reiteró que «sin tránsito en juzgado, no hay culpa».

De Mello sostuvo asimismo que el juzgamiento del recurso presentado por la defensa de Lula no debía «dejarse contaminar» para que pudiera ser justo e imparcial, e insistió en que la presunción de inocencia es un principio fundamental y una notable conquista histórica.

Apenas conocida a través de los medios la decisión de la Corte Suprema, el TRF-4 autorizó al juez federal Sergio Moro a encarcelar a Lula, y solo 20 minutos después el togado de Curitiba ordenó el encierro, que solo se hizo efectivo el 7 de abril cuando el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) se entregó a la Policía Federal.