Acusan que el nuevo plan metropolitano busca expropiar terrenos para vivienda y aumentar el impuesto al predial.
CDMX
Aumenta mercado negro de vapeadores en CDMX
Los dispositivos se venden desde 35 pesos en calles del Centro Histórico, así como en tianguis como el de Tepito.
La prohibición de los vapeadores en México ha propiciado el crecimiento de un mercado negro en la Ciudad de México, principalmente en el Centro Histórico, donde estos dispositivos se comercializan de manera clandestina a precios accesibles.
A pesar de la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe su venta y promoción, los vapeadores se ofrecen en comercios informales, redes sociales y hasta en máquinas tragamonedas.
En la capital del país, estos productos pueden encontrarse en calles del Centro Histórico como República de Venezuela y República de Argentina, además de plataformas como Facebook y WhatsApp. También se venden en tianguis, entre ellos el de Tepito, así como en máquinas expendedoras ubicadas en distintas zonas del primer cuadro de la ciudad.
Los precios van desde 35 pesos por dispositivos con mil inhalaciones, hasta entre 300 y 350 pesos por aquellos que ofrecen hasta 30 mil aspiraciones.
Especialistas y legisladores han advertido que los vapeadores pueden contener sustancias tóxicas y altamente adictivas, por lo que su venta ilegal incrementa el riesgo de exposición a productos adulterados. Además, la prohibición podría favorecer a redes del crimen organizado dedicadas a su distribución.
La ley que prohíbe la producción, importación, distribución, comercialización y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México entró en vigor el 16 de enero de 2026, tras su aprobación en el Congreso de la Unión y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La legislación también impide la publicidad y promoción de estos productos, así como su venta a menores de edad. Las sanciones incluyen multas de hasta 225 mil pesos y penas de prisión de uno a ocho años para quienes obtengan ganancias de su comercialización.
La medida tiene como objetivo proteger la salud pública, especialmente la de infantes y jóvenes, ante los riesgos asociados al consumo de estos dispositivos.
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