Tres sociedades cooperativas de limpieza recibieron contratos públicos por 76 millones 218 mil pesos, mediante adjudicaciones directas en dependencias federales a sólo dos meses de haberse creado, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En su publicación, titulada "A dos meses de nacer, tres cooperativas cobran $76 millones... y sus socios ni se enteran", la organización reveló que los miembros de la agrupación desconocen los movimientos; por el contrario, es el propio Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), quien mantiene el control de las cuentas bancarias y de la administración de los recursos. 

De acuerdo con la investigación publicada el día de hoy, lunes 20 de julio, las cooperativas Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar; así como Bienestar de Limpieza y Buen Servicio fueron constituidas entre el 27 de enero y el 18 de febrero de 2026 y dos meses después, aproximadamente, obtuvieron contratos para prestar servicios de limpieza al Sistema Nacional DIF y a las secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno, del Trabajo y de Hacienda, con un monto conjunto superior a 76.2 millones de pesos.

Precisó que el contrato de mayor monto correspondió a Dehe Sak Agua Limpia, que el 31 de marzo de 2026 obtuvo una adjudicación directa por 50 millones 559 mil pesos para prestar servicios de limpieza a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, apenas dos meses después de haber sido constituida. En tanto, Bienestar de Limpieza y Buen Servicio recibió un contrato por 20 millones 247 mil pesos de la Secretaría del Trabajo, mientras que Juntos por la Limpieza y el Bienestar obtuvo contratos por más de 10 millones de pesos, uno de ellos con el DIF.

Asimismo, la investigación reveló que trabajadores que integran esas cooperativas afirmaron que nunca fueron informados sobre la constitución de las sociedades ni participaron en la firma de los contratos, pese a que éstos fueron celebrados a nombre de las organizaciones de las que forman parte. Según los testimonios recabados por MCCI, la firma electrónica de las personas morales permanece bajo control del personal del INAES.

La investigación también recoge testimonios de cooperativistas que aseguran haber solicitado créditos por tres millones de pesos ante Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para poner en marcha sus organizaciones, pero afirman que los recursos fueron administrados por personal del INAES y que nunca recibieron comprobantes sobre su utilización.

Además, MCCI documentó además conversaciones en las que personal del INAES reconoce que administra las cuentas bancarias de las cooperativas, realiza pagos, controla aspectos contables y financieros e incluso opera los recursos derivados de los contratos públicos. Algunos socios señalaron que, en la práctica, únicamente cambiaron de patrón, ya que el instituto es quien actualmente controla la operación administrativa de las organizaciones.

Por último, la organización advirtió que, conforme a la Ley de Adquisiciones, la Ley de la Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas, el INAES tiene facultades para registrar, certificar, capacitar y acompañar a las cooperativas, pero no para administrar las cuentas bancarias, firmar contratos en su nombre o manejar directamente sus recursos financieros. También indicó que solicitó una postura al INAES y a su directora general, Catalina Monreal Pérez, así como a la Coordinación General de Finanzas Populares, sin obtener respuesta.