Un trimestre de la administración morenista bastó para que se manifestara claramente su incongruencia política, la falta de concordancia entre su discurso y su actuar, sus promesas de candidato y sus acciones como gobernante. La entrega de la mayoría de los contratos de obra pública a un selecto grupo de empresas es un buen ejemplo de tal incongruencia.

Entre todos los compromisos de campaña de la actual administración para desterrar definitivamente del territorio nacional la opacidad, el despilfarro y la corrupción, destacan los que se refieren a las adquisiciones y contratos de obras por parte del gobierno. AMLO prometió que las compras se realizarían mediante convocatoria abierta; los contratos se llevarían a cabo a través de licitación pública y en ambos casos bajo observación de los ciudadanos y de la Oficina de Transparencia de la Organización de las Naciones Unidas.

Pero los hechos demuestran que en el periodo de arranque de la “Cuarta Transformación” no han cambiado el estilo, la forma y el fondo de este renglón del gasto público; por el contrario, en lo que se refiere a la adjudicación directa de las obras públicas a empresarios privados se observa una agudización de la misma tendencia si se compara la etapa de arranque del actual gobierno con la forma en que asignaban los recursos los gobiernos anteriores, del PAN y del PRI.

Esta semana, nuestro reporte especial recoge las opiniones de asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil que critican al gobierno actual y a los anteriores por otorgar directamente, pasando por encima de las leyes y  reglamentos vigentes establecidos al respecto, los contratos de obra pública a empresas privadas que se encargarán de construir, vender bienes o prestar servicios al gobierno.

Hoy podemos constatar la contradicción entre los principales compromisos del Presidente de la República en sus tiempos de candidato y el evidente olvido de esas promesas, cuando en la práctica, basándose en algunos resquicios de la ley respectiva, adjudica directamente y asigna sin licitación alguna, sin concurso, renunciando a la posibilidad de que el Estado opte por la mejor de las propuestas que presentan diferentes empresarios. ¿En qué se diferencia, entonces, de la “mafia del poder” la nueva forma de gobierno?