El mismo día que el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció, durante un acto público, que en la entidad “no hay violenciaˮ y aquí “hay paz y tranquilidadˮ, en Tecate fue asesinado un policía auxiliar presuntamente relacionado con el crimen organizado; varios días después fueron acribillados otros dos oficiales de la misma corporación.

Fue durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, en el municipio de Playas de Rosarito, el 27 de junio, cuando Bonilla Valdez afirmó, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que la situación estaba en orden en la entidad, quizá con el ánimo de hacerle creer que está dando resultados la corporación paramilitar creada por el mandatario federal.

“En este estado hay paz social, hay necesidades, carencias, pero no hay violencia; la gente es muy respetuosa”, enfatizó Bonilla, intentando matizar un problema social que los ciudadanos padecen de forma constante e inocultable. Por ello, su discurso causó reacciones encontradas y animadversión entre el público presente durante el mitin y en las redes sociales.

Minutos después del acto protocolario, llegó la noticia de que un oficial había sido asesinado en las inmediaciones de la colonia Downey, de Tecate y en las redacciones de los medios de comunicación locales corrió la versión de que la víctima, el agente Jesús Manuel Aragón Estrada, era investigado por su posible relación con un cártel del narcotráfico que opera nacionalmente y que poco a poco se ha apoderado de esa localidad.

Dos días después, la noche del martes 29 de junio, el oficial identificado como Miguel Ángel Sandoval Zavala, fue acribillado en las inmediaciones de la colonia San Fernando, del mismo municipio, luego de haber terminado su turno. El agente tenía solamente un año en la corporación.

El dos de julio, mientras velaba a su excompañero en el poblado de La Rumorosa, otro policía de Tecate, de nombre Francisco Delgado, fue baleado por un gatillero, ataque del que resultó lesionado de gravedad y por el que un día después falleció en el hospital.

Los tres homicidios en solo cinco días han exhibido el grave problema de inseguridad pública que actualmente se vive en ese municipio, donde la cifra de homicidios en general se ha incrementado en 270 por ciento con respecto a la registrada en 2020, lo que ha generado que especialistas en seguridad afirmen que el gobernador ha desatendido esta problemática, particularmente en Tecate.

Este municipio se ha convertido en el epicentro de la violencia delictiva en Baja California. De 2019 a la fecha, 12 policías y expolicías han sido asesinados, cinco de ellos en lo que va de 2021, según informaciones oficiales, aunque sus mandos no han precisado las posibles causas de estos ataques, salvo en el caso del agente Aragón Estrada, pese a peticiones de mayores detalles de la prensa.

Sin embargo, fuentes consultadas por buzos, que por razones de seguridad se mantienen en el anonimato, revelaron que la mayoría de estos asesinatos están relacionados con las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en la localidad y ha logrado infiltrar a la corporación policial de Tecate, como lo han denunciado algunas narcomantas colocadas en las calles de la ciudad.

En una narcomanta aparecida el jueves ocho de julio en el puente de avenida Universidad, firmada con las siglas CDS –en alusión al Cártel de Sinaloa– los presuntos ejecutores del agente Jesús Manuel Aragón Estrada afirman que éste tenía relación delictiva con Danny Isaac Ortiz Covarrubias, alias El Moreno, a quien las autoridades de seguridad pública ubican como el jefe de sicarios y narcomenudistas del CJNG en Tecate.

Autoridades de seguridad pública del estado también vinculaban a Aragón Estrada con la ejecución de otros homicidios dolosos, varias desapariciones de personas, la existencia de fosas clandestinas, y aun con diversos enfrentamientos armados recientemente suscitados en el “pueblo mágico” de Baja California.

El presunto mensaje del CDS atribuyó a la misma causa la ejecución del agente Miguel Ángel Sandoval y, por inferencia, algunos medios de prensa supusieron que el tercer agente asesinado el dos de julio fue obra del cártel rival del CJNG, para el cual “trabajaban” los policías.

En la misma narcomanta, el oficial de policía Enrique Álvarez, El Papichulo, es señalado directamente como operador del CNJG y como el intermediario “para conectar a El Moreno, Darío Benítez, próximo presidente municipal” de Tecate. Sobre estos hechos, las autoridades del gobierno del Baja California no han emitido su postura oficial con el pretexto de que se hallan bajo “investigación”.

Terror, pánico, omisión, corrupción

La corporación policial de Tecate cuenta actualmente con 189 elementos activos, después de que, de 2019 a la fecha, dio de baja a 60 agentes por motivos no revelados, mientras que otros 16 se encuentran bajo investigación a partir de julio de 2020, según información de las Mesas de Seguridad del estado.

En ese mismo periodo, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate ha tenido a tres mandos: el mayor de infantería Orlando Hernández Porras; el oficial Antonio Ortega Félix y el coronel diplomado del estado mayor, Ramón Márquez Hernández, aún en funciones.

Las fuentes de buzos coinciden en que el grave problema de inseguridad pública no solo se debe a la falta de coordinación e incertidumbre que en esta materia priva en el estado y el país, sino al temor de los propios funcionarios municipales para enfrentarlo, que lo mismo los induce a omitir actos de corrupción que a colaborar con los cárteles confrontados.

Tecate ocupa hoy el cuarto lugar nacional en número de homicidios dolosos, con 170 ejecutados hasta el pasado 30 de junio; es decir, a mitad de año, el municipio bajacaliforniano registraba el mismo número de asesinatos que tuvo en 2020, por lo que el incremento de éstos es hasta ahora del 270 por ciento.

Policías de las corporaciones de Tecate y Tijuana consultados por buzos denunciaron que las autoridades municipales mantienen a la mayoría de ellos con sueldos muy bajos, sin prestaciones sociales, jamás atienden sus reclamos y carencias y este trato los desalienta.

Varios de ellos explicaron que las desatenciones sociales y laborales de los gobiernos municipales y el estatal pueden estar operando como la posible razón de que algunos oficiales se vean tentados a colaborar con el crimen organizado, ya que sus ingresos lícitos no les alcanzan para cubrir sus necesidades.

El 22 de diciembre de 2020, el gobernador Jaime Bonilla informó que con la reforma a la Ley de Seguridad, se había aprobado un fondo de 400 millones de pesos (mdp) para cubrir las prestaciones de los policías; pero hasta el momento, éstos siguen sin contar con seguros de vida, gastos funerarios y fondo de retiro.

Aunque aprobado, este último no se ha movido, porque cuando se reformó la Ley de Seguridad, el presupuesto del Estado y los municipales, ya habían sido aprobados y, por este motivo, en su ejercicio de 2021 no consideraron el dinero destinado al fondo, previsto en las Bases Generales de los Sistemas de Seguridad Social, Pensiones y Beneficios Complementarios de los agentes.

Especialistas en el tema advirtieron que existen dos hipótesis sobre la causa de por qué los 400 mdp siguen sin llegar a los policías. Una atribuye al secretario de gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, la orden de retener ese dinero para que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez se lleve el reconocimiento público de la integración de este fondo.

Es decir, existe la presunción de que Bonilla no quiere compartir este mérito con la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila, de quien trascendió que “habló con los policías y solicitó acelerar los trámites en enero y abril pasados”. La segunda hipótesis es la de que en realidad no hay dinero para cubrir por ahora el fondo de retiro.

Ninguna dependencia oficial ha atendido las demandas de información planteadas por buzos en torno al tema de la violencia y las condiciones de trabajo de las corporaciones municipales. Hasta el viernes dos de julio, Tijuana encabezaba en el país, por tercer año consecutivo, la lista de municipios con mayor número de asesinatos, con mil 45 homicidios dolosos; Ensenada registraba 207, Tecate, 170 y Mexicali, 130; según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las tres primeras alcaldías figuran entre los 15 municipios con mayores problemas de seguridad pública en el país, y posicionan a Baja California como la segunda entidad con mayor número de homicidios, con mil 341 registrados en los primeros cinco meses de 2021, solo por debajo de Guanajuato y por arriba de Jalisco.

Fuentes expertas en esta materia explicaron a buzos que el problema en Tecate es muy grave y requiere mayor atención del gobernador Bonilla Valdez; ya que al dejar que el crimen organizado se apropie de un lugar estratégico como éste, que mantiene “conexión directa con Tijuana, Ensenada y Mexicali”, la violencia delictiva se extenderá a todo el estado.

“Quizá es posible que, como al gobernador ya le queda poco tiempo al frente de su gobierno, no le interese en lo absoluto este tema de la seguridad, o no le haya interesado desde un principio, porque ya estamos viendo cómo ha arreciado la violencia en la entidad (…) aunque él salga orondo a decir que aquí no hay violencia, las cifras y los constantes asesinatos nos están diciendo otra cosa totalmente distinta”, sostuvo finalmente uno de los especialistas consultados.