En su lógica de saqueo como expresión del imperialismo corporativo, las empresas trasnacionales (ETN) son artífices de las guerras de ocupación contra otras naciones. El añejo conflicto entre el reino de Marruecos –que con métodos neocoloniales lucra con fosfatos y pesquerías del territorio de la República Árabe Sáharahuí Democrática– se agudiza debido a la creciente demanda global de minerales estratégicos. Países históricamente expoliados, como México, repudian el despojo de estos bienes geopolíticos ejecutado por la rapacidad de las fuerzas de ocupación y sus multinacionales.

En el Siglo XXI sigue vivo el espíritu colonial concretado en las corporaciones. Hoy la economía mundial está dominada por la codicia de las empresas mineras, petroleras, farmacéuticas y agroindustriales. Este fenómeno multifacético se mantiene en África, Asia y América Latina, como el que hoy padece el pueblo saharahuí con el voraz saqueo de recursos minerales que el reino marroquí realiza en su territorio, que ocupa desde hace más de 42 años.

La historia confirma que toda ocupación colonial convierte a las naciones sometidas en víctimas y las condena al subdesarrollo. Esto sucede en el neocolonialismo del Siglo XXI; pues aunque en el mundo caen estatuas de colonizadores y esclavistas, las corporaciones multinacionales y los gobiernos aliados diseñan planes.

La ocupación de espacios avala el expolio sin freno de riquezas y reedita el abuso imperialista. Por ello, el político soviético Vasili Vakrushev (1902-1947) redefinió acertadamente así ese proceso: “Visto como política del imperialismo, el neocolonialismo recurre a mecanismos ocultos y nuevos para reforzarlo: maximizar el aprovechamiento y mantener la influencia económico-política e ideológico-militar del colonialismo”.

La República Árabe Saharahuí Democrática (RASD), o Sáhara Occidental, es el único Estado africano que no es independiente. Cuando, en 1975, Marruecos ocupó el 64 por ciento de su territorio, impuso el modelo neocolonial y a sus 12 poblaciones las denomina “Provincias Meridionales”. Fue así como el reino alauita despojó al pueblo saharahuí de su región más desarrollada, donde se sitúan ciudades como El Aaiún, la capital y Dajla, así como de sus mayores reservas de fosfatos.

 Tras la Segunda Guerra Mundial, el uso de nuevas tecnologías reveló la enorme dependencia que las potencias tienen con respecto a ciertos minerales. Medio siglo después se confirmó el vínculo entre seguridad y acceso a recursos estratégicos como los fosfatos, que cobraron importancia global porque son esenciales para algunos procesos bioquímicos y la producción de fertilizantes.

La región de la RASD, que ocupa Marruecos, posee 72 por ciento de las reservas mundiales de fosfatos. Analistas y especialistas concluyen que el reino alauita ha obtenido inmensas ganancias al lucrar con los fosfatos a costa del subdesarrollo del pueblo saharahuí que, por largo tiempo, ha reclamado su soberanía sobre esa región ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La explotación ilícita de estos recursos resulta fundamental para la economía de Marruecos. Por ello, en foros globales, Rabat sostiene la tesis de la inexistencia jurídica del Sáhara Occidental. A la par es decepcionante la incapacidad de la ONU para lograr una solución política mediante un referendo, al que por décadas se ha opuesto Marruecos.

Lucro y complicidad

Los fosfatos no son renovables, su demanda aumenta y sus reservas están en la mira de las empresas trasnacionales extractivas. Las ETN operan como unidades del imperialismo contemporáneo y están detrás de los conflictos político-sociales como el de Marruecos y la RASD, así como de la represión violenta contra los movimientos de resistencia social a la minería en África y América Latina, refiere el Instituto Brasileiro de Análisis Sociales y Económicos (IBASE).

En años recientes, el norte de África ha sido escenario del auge de las actividades trasnacionales. La irrupción de estos “actores no estatales” es característica de las inequitativas relaciones globales contemporáneas porque incumplen con el derecho internacional, el derecho de los Estados huéspedes y la protección a los derechos humanos.

En el conflicto marroquí-saharahuí, las ETN mantienen una dinámica geopolítica vinculada a la recolonización de territorios ricos en recursos mineros. A través de gobiernos aliados de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.) han construido sofisticadas redes de presión que superan en influencia a los lobbies industriales de la misma Unión Americana, advierte el Observatorio de Corporaciones Trasnacionales, agrupación europea de comercio justo.

La lógica del saqueo que las trasnacionales de EE. UU. y Europa ejercen sobre el Sáhara Occidental se corresponde al aval que dan a la ocupación de Marruecos sobre el territorio de esta nación. “Las multinacionales mineras abusan de las leyes que les facilitan el despojo, destruyen ecosistemas, contaminan agua y suelo en el proceso de extracción, desplazan a comunidades enteras y destruyen su tejido social”, describe Silvia Valiente de la Universidad Nacional de Catamarca.

Por ello, la mayoría de las ETN operan en países en desarrollo, pobres en bienes financieros y tecnológicos, pero ricos en recursos naturales. La expansión del capital trasnacional, que marca la relación entre saqueo y conflicto, la denunció buzos en su edición 955 en diciembre de 2020.

Un mes antes se calentó la llamada “guerra de hielo” cuando tropas marroquíes invadieron la zona desmilitarizada de El Guerguerat y las de Saharahuí chocaron con ellas por primera vez en décadas.

La mirada geopolítica debe enfocarse en la zona ocupada de Bou Craa, la mina de fosfatos más sorprendente del planeta, pues despliega sus rocas a lo largo de casi 95 kilómetros hacia el puerto de Al Aaiún; y por ello se le conoce como “el sistema de mayor banda transportadora automatizada” de este mineral.

Esta región, controlada por Marruecos, es habitada por miles de trabajadores de la industria minera cuyos antecesores fueron pioneros del movimiento contra el colonialismo español. Hoy, el muro construido por Marruecos rodea la ciudad y la mina para controlar los fosfatos.

Los intereses extranjeros priman en el apoyo expreso que brindan a la ocupación del Sáhara Occidental. En 2010, el profesor Hans Morten Haugen denunció la complicidad de autoridades y empresas de Noruega a la violación a derechos humanos en el Sáhara ocupado, porque les robaron pescado y minerales.

La cancillería noruega reaccionó con este tibio texto en su sitio oficial: “Para prevenir el comercio, inversiones, explotación de recursos y otras actividades de negocios que no respeten los intereses de la población local y sean contrarios al derecho internacional, las autoridades noruegas los disuaden de tal actividad”. Para Haugen, esta declaración ignoró el derecho saharahuí a su autodeterminación.

El diario aragonés ARA INFO abundó en el amplio universo de intereses empresariales españoles en particular, y europeos en general, en el reino alauita. “Buena parte del sector bancario marroquí es extranjero; si aterrizas en Rabat, los autobuses hacia el centro son de concesionarias españolas, como los semáforos y el tráfico ferroviario”.

Esta red de intereses predominó en febrero de 2020, cuando España protestó por la anexión marroquí de aguas territoriales de las Islas Canarias, cuya parte considerable de ellas está situada en territorio saharahuí. Al final, Madrid volteó la mirada.

Además de sus muy estrechos vínculos político-militares con EE. UU., su primordial proveedor de armamento hasta el 22 de diciembre de 2020, el reino alauita decidió restablecer vínculos diplomáticos con Israel. Solo habían transcurrido 12 días de que Donald Trump anunciara por Twitter que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Aunque ambos gobiernos llevaban décadas colaborando a bajo perfil, en noviembre de 2021 firmaron un acuerdo militar inédito en inteligencia, ciberseguridad, venta de drones kamikaze, misiles de medio y corto alcance, entre otros recursos. “Rabat optó por hacerse fuerte”, estima el arabista Bernabé López.

Para Washington, la relación entre Tel Aviv y Rabat es importante para su estrategia en El Magreb (región del norte de África). Más de un millón de israelíes son de origen marroquí, lo que hizo a esa comunidad la mayor de Medio Oriente y aún muy influyente, explicó con orgullo Lior Ben Dor, director para África del Norte de la cancillería israelí.

Repudio al despojo

Ya en 1975, una delegación de la ONU anticipó que los fosfatos de esa región “situarán a la RASD entre los mayores exportadores mundiales”. Precisamente la firma marroquí OCP, S. A. obtiene gran parte de sus ganancias de Bou Craa, tras años de explotarla de forma exhaustiva.

En 2002, el subsecretario de Asuntos Legales de la ONU, Han Corell, en una carta al Secretario General insistió en que se considerara que la excesiva explotación de esas minas por Marruecos apuntaba hacia el olvido de los intereses de la gente del Sáhara Occidental y violaba los principios del derecho internacional.

Entonces gobiernos y organizaciones solidarias lanzaron la campaña mundial “Fosfatos de Conflicto” contra la ilegal extracción de esos minerales por Marruecos. Ciudadanos de múltiples países recabaron firmas para convencer a sus gobiernos y empresas de no adquirir fosfatos de OCP, S.A.

En 2018, la estadounidense Nutrien respaldó esta campaña y paró sus importaciones; a su vez, la Corte de Sudáfrica vetó a embarcaciones que transportan fosfatos de la zona saharahuí ocupada. No obstante, el reino de Marruecos publicó, en noviembre de 2021, que ganó 6.45 mil millones de dólares (mdd) con la exportación de fosfatos, sin admitir que procedían del territorio ocupado de Sáhara Occidental.

La presión internacional para definir la titularidad de los derechos en la zona ocupada llegó al grado de que la firma petrolera Kerr McGee suprimió sus acuerdos de comercialización con el reino marroquí, explica María Sánchez de la Universidad Internacional de Andalucía.

En enero de 2022, solo se sabía de tres empresas que aún compran “Fosfatos de Conflicto”: Ballance Agri-Nutrients Ltd., que realizó las compras anuales más altas en los últimos meses; Ravensdown de Nueva Zelanda, que ahora busca la forma de evitar su obtención y Paradeep Phosphated Ltd., de India.

En 2021, la buena noticia fue que la empresa China Molybdenum comprometió a sus inversionistas a no repetir las importaciones de fosfatos a su filial brasileña. Por su parte, la firma rusa EuroChem, que en octubre realizó un envío de fosfatos a Estonia –el primero a la Unión Europea en cinco años– se comprometió a no realizar más esas entregas.

Este abuso fue denunciado por Vjay Prashad mediante el diario sudafricano Mail Guardian, en su revelador artículo Marruecos conduce una guerra en el Sáhara Occidental por sus fosfatos. En contraste, Per Liljas usó el fantasma del terrorismo para criticar la lucha saharahuí por su autodeterminación en la icónica revista estadounidense Time.

Este autor sostuvo que del Sáhara Occidental emergía “una nueva amenaza terrorista con los saharahuíes, soldados o hijos de soldados”, que refugiados por la ocupación marroquí formarían la siguiente generación de extremistas o tropas de Al Qaeda. ¡Ni una palabra contra las trasnacionales beneficiarias de la ocupación de la RASD!