Tras cerciorarse de que no conseguiría los recursos financieros necesarios para completar sus metas de gasto en 2022 –porque ya se acabó todos los que tenía a la mano y porque no puede elevar ni cobrar más impuestos– el Gobierno Federal decidió que para cumplir ciertos compromisos del Palacio Nacional debía ir contra los jóvenes y contra las asociaciones civiles, dos sectores sociales que, a diferencia de los grandes consorcios, son indefensos y no pueden resistir a sus acciones autoritarias.

Es decir, para no aplicar una política fiscal progresiva en la que los que ganan más y tienen mayor riqueza, paguen más impuestos –entre ellos los grandes capitales nacionales e internacionales– el gobierno morenista decidió incorporar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a los 30 millones de jóvenes con 18 años para que sus actividades económicas o los apoyos familiares que reciben para pagar rentas, colegiaturas, libros, etc., sean identificados y objeto de pago fiscal. Recurrió a este arbitrio legal porque el gobierno no tiene acceso a la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y porque por esta vía quiere ubicar las actividades de los jóvenes, controlar sus votos o castigarlos por no sufragar por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ¿No es esto terrorismo fiscal?

Pero, además, el gobierno morenista pretende eliminar las deducciones de impuestos a las empresas que hacen donativos a las asociaciones civiles que realizan labores de apoyo social a grupos o comunidades marginales, a las que las instancias gubernamentales no le brindan ninguno o el suficiente, como es el caso de los niños con cáncer y los que padecen autismo, entre otros padecimientos.

Sin embargo, la principal razón por la que el gobierno ha recurrido a estas medidas es la falta de dinero en el erario. La actual administración consumió ya el 74.43 por ciento de los fondos de estabilización ahorrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; en 2020 solo quedaban 63 mil 363 millones de pesos (mdp) de los 247 mil 909 mdp que había heredado en 2018; es decir, en solo un año, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) se gastó inútilmente 184 mil 546 mdp. Pero no conforme con haberse acabado este dinero, se lanzó contra la bolsa de los 109 fideicomisos que tenían un monto de 68 mil mdp. Buena parte de estos recursos se destinó a los presupuestos del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, obras que no tienen para cuándo terminar y que cada vez requieren más dinero, que no se sabe de dónde va a salir.

Ahora bien, hay que destacar que los ingresos tributarios y no tributarios del gobierno actual no se han desplomado como pudiera pensarse, pues en el tercer año de gobierno de Peña Nieto hubo ingresos por 3.6 billones de pesos y en el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han recabado 3.69 billones de pesos. Por ello, ¿cómo explicar la insistencia en recaudar más fondos en un gobierno que invoca la austeridad y cuyo combate a la corrupción, según él, le ha permitido obtener ganancias millonarias?

La explicación objetiva a esto es muy sencilla: la corrupción no se está combatiendo como se pregona; no hay tal austeridad y la mala administración de este gobierno resulta muy cara a los mexicanos; pues las empresas estatales por las que ha optado –Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex)– tienen pérdidas millonarias; los programas sociales del Presidente, en lugar de reducir el número de pobres, los han aumentado con 3.8 millones más; y las megaobras –Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles– además de inútiles y muy caras, cada vez necesitan más dinero. Es por todo esto que el gobierno de la 4T no cuenta con los recursos necesarios para cumplir sus metas. Veamos los datos:

La CFE fue entregada a este gobierno morenista con ganancias, pues en 2016 tenía un superávit de 76 mil 300 mdp; en 2017 era de 108 mil mdp; en 2018 de 48 mil mdp; en 2019 sus ganancias se redujeron a 25 mil 700 mdp y en 2020 hubo ya una pérdida; sí, amable y paciente lector, una pérdida de 86 mil mdp. La situación financiera de la CFE es de tal manera grave que, al margen de que se apruebe o no la contrarreforma energética, se hallará en números rojos como recientemente lo advirtió el ex Secretario de Hacienda, el doctor Carlos Urzúa; y si el Gobierno Federal no la subsidia, tenderá a la quiebra. Por ello, el gobierno morenista no tiene otra opción que echar más recursos financieros a este barril sin fondo.

El desempeño de Pemex no ha sido diferente al de la CFE. En 2016 tenía pérdidas por 191 mil 100 mdp; en 2017 éstas crecieron a 300 mil mdp; en 2018 bajaron a 180 mil mdp; en 2019, ya con el mal gobierno de la 4T, las pérdidas fueron por 348 mil mdp y en 2020 se elevaron a 482 mil mdp ¿Qué va a hacer este gobierno para enfrentar esta situación, sobre todo ahora que la inversión extranjera directa se ha reducido en un 12 por ciento?

La única solución que encontró es el terrorismo fiscal. Por ello insiste en asumir el control de todo, debilitar a los enemigos del régimen y avanzar hacia la dictadura, proyecto del que los mexicanos harían bien en percatarse. Este gobierno está fracasando y saliendo muy caro. No hay dinero para las obras y servicios de los humildes, pues se canceló el Ramo 23 de recursos federales; el número de pobres aumentó en 3.8 millones; la pandemia del Covid-19 ha provocado la muerte de 284 mil personas y 18.6 millones de familias tienen dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias, como advirtió el ingeniero Homero Aguirre en un artículo.

Es en este contexto social dramático en el que el gobierno de la 4T opta por la dictadura y pretende que los mexicanos tributemos para cumplir sus caprichos. Es la típica actitud de una dictadura que quiere aplicar impuestos con medidas terroristas para disponer del dinero de los mexicanos en programas asistencialistas de clara intención político-electorera y megaobras públicas caprichosas e inútiles. Los mexicanos no debemos pagar impuestos para que nos peguen, como alguna vez afirmó el expresidente José López Portillo