Las decisiones políticas que afectan los intereses de las clases populares son riesgosas y pueden tener lo que, en economía, se conoce como efectos negativos permanentes. En una sociedad capitalista donde las clases dominantes buscan aumentar su enriquecimiento mediante la venta de mercancías, la explotación del hombre por la vía del trabajo asalariado y la filosofía fundamentalista de mercado, entre otras muchas cosas, al ciudadano común solo le queda, como único recurso de sobrevivencia, “rascarse con sus propias uñas” y cargar con todos los problemas económicos que hay en su país; ya que, para los gobiernos, el respeto a la propiedad privada y a sus “agentes” es sacrosanto. Por ello, el resultado de este modelo a ultranza es la pobreza de millones de seres que sufren la falta de empleos, bajos salarios, hambre, educación, servicios urbanos deficientes, inseguridad pública, etc.; ya que quienes tienen una plaza laboral deben resolver por propia cuenta todos sus problemas individuales y familiares.

En este marco, el propio Estado capitalista y sus defensores han reconocido que algo no anda bien en la distribución de la riqueza –pues el mercado no es un buen distribuidor de ésta– y que, para hallar remedio a este problema, es bueno invocar a un modelo híbrido, el neokeinesiano, con el que el Estado puede incidir en la distribución de la riqueza mediante programas sociales, cuya ejecución se realiza con la entrega de tarjetitas de transferencias monetarias. Por esta vía surgieron los programas Oportunidades, Progresa, Prospera, entre otros, que al paso del tiempo han demostrado que no sacan a la gente de la pobreza y que, además, como hoy lo evidencian las políticas erróneas del nuevo Gobierno Federal, sumen en la recesión a la economía mexicana. 

Lo correcto es impulsar la producción para generar riqueza, particularmente en aquellas familias carentes de capital para invertir. Es así como los gobiernos deben invertir para apoyar la producción de los sectores marginados, como es el caso del sector agrícola. De hecho, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la Presidencia de la República lanzó el famoso programa Procampo, cuyo objetivo era apoyar a los productores agropecuarios del país frente a la competencia internacional que se les venía encima. Sin embargo, el programa desapareció casi por completo y, con el paso de los años, los apoyos al campo empezaron a desviarse hacia los sectores del ramo con mayores ingresos, específicamente hacia las grandes empresas productoras y comercializadoras de mercancías agrícolas. Como documenté durante años en las páginas de buzos, un productor en Sinaloa, relacionado con el grupo Maseca, recibía los apoyos de Procampo y Acerca, en virtud de que rentaba y cultivaba mil 200 hectáreas productoras de maíz; de un apoyo similar se beneficiaba también Maseca con la venta de su harina para tortillas en los almacenes Diconsa, del Gobierno Federal.

 Por ello, el Movimiento Antorchista, que desde su nacimiento se llamó Antorcha Campesina, ha defendido los intereses de los más pobres del campo, de los más desprotegidos de las ciudades, de los obreros, los estudiantes, amas de casa y los maestros. Hemos defendido los intereses de los mexicanos que no tienen influencias, que viven al día y que se cuentan por millones. Acentuamos en el campo nuestra defensa de los pobres porque, en sus familias, la pobreza y la marginación son mayores y los trabajadores apenas cuentan con lo necesario para irla pasando. Los campesinos más pobres tienen poca superficie para sembrar, carecen de riego y, por ende, dependen del temporal; además, no disponen de recursos para adquirir semillas mejoradas, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas. 

Es aquí donde debe entrar la mano del gobierno para no permitir la hambruna y el desabasto de alimentos, como está ocurriendo en el Estado de México (Edomex). El problema deriva de que el gobierno generalmente tiene “otras prioridades” y para sus responsables la vida y la alimentación de los campesinos no es una “prioridad”. Para Antorcha sí lo es; por eso hemos emprendido, desde hace más de 10 años, la lucha para que el gobierno ayude a los campesinos con subsidios a fertilizantes y semillas mejoradas para incrementar su producción y, con ello, mejorar su situación socioeconómica. Pero Antorcha no demanda solo fertilizantes, sino una serie de servicios básicos que estos mexiquenses también necesitan: agua potable, viviendas, becas, salarios “rosa”, carreteras, pavimentos, lotes para vivienda, etcétera.

En los 61 municipios que representamos en el Edomex, según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sedagro, de 2017 a 2108 hubo una reducción de seis mil 708 hectáreas en la superficie sembrada, lo que implicó una disminución de 167 millones de pesos en el valor de su producción agropecuaria. Este hecho refuerza nuestra demanda de apoyo urgente a los campesinos para acceder a insumos agrícolas. 

En ese mismo periodo dejaron de sembrarse 20 mil 452 hectáreas en todo el sector agrícola del Edomex –la mayoría de los municipios cultiva maíz–, lo que trajo como consecuencia una reducción de 296 mil 638 toneladas en la producción de este cereal y un aumento en el precio de la tortilla, como señalamos en otro artículo de buzos. El rendimiento del maíz se redujo en 370 kilogramos por hectárea, ya que pasó de 4.32 toneladas por hectárea a 3.95 (casi media tonelada menos), y el valor de la producción se redujo en 831 millones de pesos. Estos resultados del campo mexiquense se deben en parte a la falta de apoyos gubernamentales y golpean directamente, como es de esperarse, a la economía de los más pobres.

En el cultivo del frijol, las cosas no van mejor: en las mil 512 hectáreas sembradas se registró una reducción de 907 toneladas producidas y 14.2 millones de pesos menos en el valor de la producción. En este caso, el rendimiento por hectárea subió en 180 kilogramos.

Como se ve, el campo mexiquense necesita un impulso serio del gobierno estatal encabezado por el licenciado Alfredo del Mazo y que éste no desoiga las peticiones de los campesinos antorchistas, quienes figuran entre los damnificados de las políticas de “austeridad” y de la negativa del Gobierno Federal a brindarles apoyo. El gobierno de Del Mazo debe considerar que negar fertilizantes y semillas mejoradas a los productores no afecta a los líderes de Antorcha, sino a miles de familias mexiquenses que están en riesgo de sufrir hambre y aumentar sus niveles de pobreza. Y si los campesinos salen a las calles a manifestarse, haciendo valer sus derechos constitucionales, tal actitud no debe ni puede entenderse como un chantaje al gobierno estatal, pues con el hambre de los mexiquenses no se juega. El derecho a la manifestación es la única herramienta que a los desprotegidos les queda para hacerse oír.