“Yo me siento tranquilo por lo que hago y no voy a dejarme amenazar por nadie, menos por Antorcha Campesina”, dijo hace unos días en una entrevista el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. La verdad, no es la única ocasión en que declara que ha sido amenazado por Antorcha, lo ha dicho con variantes en otras ocasiones. Es éste un aspecto que hay que dilucidar porque desde mi punto de vista el gobernador se victimiza para poder alcanzar sus objetivos represivos.

Al respecto, debe saberse que ya son muy pocos los estados de la República que reconocen el delito de amenazas en su Código Penal. En el nivel federal, ya no existe y, en el estado de Puebla, tampoco, es decir, que en el hipotético y remoto caso de que Antorcha Campesina lo hubiera amenazado (no sé cómo toda una organización que evidentemente como cuerpo social, no habla, sino los que hablan son sus integrantes, habría podido lanzar amenazas), esto de ninguna manera constituiría un delito, ya que tal conducta no está tipificada como transgresión a la ley.

¿A qué se refiere entonces el gobernador Barbosa? Se refiere, como lo dice en la misma entrevista a la que me refiero antes, a que el Movimiento Antorchista había anunciado una marcha en protesta porque el Instituto Electoral del estado de Puebla, le negó el registro como partido político al Movimiento Antorchista Poblano (MAP). “Que vengan y que griten y que tomen lo que sea: ahí está la ley”. O sea, que según las leyes propias, muy personales del señor Barbosa, la manifestación pública por actos de la autoridad y tomar u ocupar la calle para expresarse, constituye materia para que actúe la ley. Señores y señoras: el gobernador Barbosa, que en la misma entrevista comete la inmodestia de considerarse “experto en seguridad pública” está haciendo de la libre manifestación pública, autorizada expresamente en la Constitución de la República, un delito. Porque ¿si no es por el anuncio de una manifestación pública, entonces, por qué se considera el señor amenazado?

Como cualquiera puede constatarlo, quizá con Barbosa a la cabeza, en la “Cuarta Transformación” (4T) existen corrientes importantes a las que un derecho ciudadano consagrado por la ley les molesta en grado sumo y no tienen inconveniente en considerarse públicamente “amenazados” cuando un grupo ciudadano, a través de sus representantes que son los que se hacen responsables de sus actos, como en este caso el Movimiento Antorchista, declara que va a salir a la calle a protestar pacíficamente por actos de la autoridad. El Constituyente, escribiendo y aprobando al calor de la Revolución de 1910-17, consideró fundamental poner en las manos del pueblo un instrumento de defensa ante las acciones del Estado que concentra todo el poder represivo que la sociedad ha instaurado. Un presidente de la República, un gobernador y hasta un presidente municipal, no es una persona que pueda equipararse con el resto de los ciudadanos en pie de igualdad, es, a cada uno de los niveles mencionados, un concentrador de poder, por tanto, el ciudadano debe disponer y dispone de herramientas colectivas de defensa como es la protesta pública pacífica.

¿Y ya no es necesaria la protesta pública? ¿Con el régimen de la 4T hemos ya llegado a la justicia más completa? ¿Como dijera Fukuyama, al “fin de la historia”? Nada de eso. Se siguen cometiendo, como antes, y quizá más que antes, muchas y muy variadas injusticias. No olvidar ni pasar por alto que todo el nuevo régimen de la 4T está levantado sobre un diagnóstico falso de la sociedad mexicana, porque sostener que el problema principal y más grande del país es la corrupción, ignorando paladinamente que sobre esta lacra se levanta, como un monstruo antediluviano, un problema mucho más grande y devastador que es la injusta distribución de la riqueza, olvidar que hay millones de compatriotas que pasan hambre y más millones todavía que no tienen recursos para curarse de enfermedades curables, en una palabra, diagnosticar mal la enfermedad, conduce necesariamente a aplicar los remedios incorrectos y, como sucede, abusivos.

¿Cuántos atropellos y actos autoritarios se han cometido ya en nombre de la lucha contra la corrupción? Con la bandera del combate a la corrupción, la violencia se ha desbordado y, como no sean sermones moralistas, no hay política pública contra ella; sin ningún preso y sin que los mexicanos sepan hasta ahora dónde estaba y qué tan hondo llegaba la corrupción, se canceló la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; se cancelaron las estancias infantiles, los albergues para mujeres víctimas de violencia; se canceló, también, el Seguro Popular, se cancelaron las obras de infraestructura básica para la ciudadanía como las obras de agua potable, drenaje, pavimentación y escuelas públicas, en fin, con el pretexto de la corrupción se tomaron medidas que acarrearon un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Mal diagnosticado el problema, malas soluciones. Y no protesten, porque se les llama conservadores y fifís o, como Barbosa, el modesto gobernante, que se llama amenazado y arremete en defensa propia contra quien se atreve a protestar por su conducta. Precisamente por estos días se anuncia que el decrecimiento del PIB tendrá consecuencias. Ya se sabía que las tendría, solo que ahora empiezan a tomar cuerpo. Una institución de analistas internacionales prevé que ante el decrecimiento de la economía, decaiga la captación de impuestos y ello traiga como consecuencia la necesidad de recortar los propios programas básicos de la 4T; las medidas de la 4T, por tanto, empezarán a actuar como un boomerang contra sus propios programas insignia.

Llamarle “amenazas” al anuncio de una manifestación pacífica –aunque el delito ya no exista en los códigos penales– es, pues, una forma de victimizarse y procurar el odio público, es una trampa para satanizar a la legítima defensa del pueblo, es una forma de tratar de dejarlo inerme ante el poder de la autoridad y eso es lo que está haciendo Miguel Barbosa en Puebla con repercusiones en todo el país. Por eso precisamente digo que Miguel Barbosa es un peligro para todos los mexicanos. ¿Qué pasaría si individuos con estas características se consolidaran en el poder de la nación? Cualquiera que protestara, que ejerciera su inalienable derecho a la legítima defensa ante actos de la autoridad, sería exhibido como un abusador de los pobres gobernantes. Esto es un abuso y se llama tiranía ¡Cuidado mexicanos! Hoy es contra los antorchistas, mañana será contra cualquier otro.