Es la primera vez que Estados Unidos (EE.UU.) deja ir a uno de sus procónsules en Puerto Rico, isla clave en sus intereses geopolíticos regionales. Eso confirma que para el imperio nadie es imprescindible. También es inédito que puertorriqueños del más amplio abanico político-social protagonizaran protestas contra la crisis institucional sin precedentes del Estado Libre Asociado. Aliviado con la salida del incómodo Ricardo Rosselló, Washington desdeña el anhelo de autodeterminación de esa nación, cuyo régimen colonial mantiene hace 120 años. El más obvio escenario anticipa que los boricuas, ahora empoderados, mantendrán su capacidad de movilización; México debe acompañar al pueblo hermano en ese esfuerzo.

El legado del colonialismo estadunidense en Puerto Rico, la perla del Caribe, es la endémica corrupción de su clase política. Ese vicio ha acarreado la bancarrota pública, una deuda superior a 72 mil millones de dólares y pobreza de 60 por ciento, por lo que miles emigran hacia EE.UU. Tan grave es la incapacidad institucional, que a dos años ha impedido atender la desolación causada por el huracán María en 2017.

Alejadas de la precariedad impuesta a las mayorías, las élites locales insisten en vivir en un mundo paralelo, y anhelan concretar la anexión de la isla a EE.UU. para constituirse en el estado número 51 de la superpotencia. Ese alejamiento del pueblo puertorriqueño se tradujo en los mordaces y discriminatorios mensajes sobre políticos y personajes públicos, que cruzó el ahora exgobernador Ricardo Rosselló con miembros de su gabinete vía Telegram.

La difusión de 889 páginas que transcribían esos polémicos diálogos corría a cargo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el 13 de julio. Tras su lectura, crecía la indignación boricua al constatar que por meses fueron objeto de hilaridad entre la cúpula gobernante y crecía la indignación. A las ofensivas descalificaciones contra adversarios políticos se sumaba la grosera burla  de funcionarios públicos hacia las víctimas del huracán María.

Indigna que, mientras sus gobernados luchaban por recuperarse de los devastadores efectos del huracán María, el gobernador Ricardo Rosselló conspirara para ocultar la amplitud del desastre, y tiempo después bromeaba sobre esa precariedad y en torno al asesinato de rivales políticos en un grupo de Telegram.

Esos textos se difundían apenas tres días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara cargos contra seis personas por desviar 15,5 millones de dólares en contratos federales a consultores afines. Entre ellos, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la directora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila Marrero. Esto confirmaba la percepción general de que el gobierno opera como mafia.

El 20 de septiembre de 2017, nueve meses después de que Rosselló asumiera el cargo, azotaba la isla el huracán María –el más fuerte en 80 años–, el cual devastó hogares, inundó poblaciones  y los dejó sin energía, por meses, a cientos de miles de puertorriqueños. La urgente asistencia federal llegaría deliberadamente tarde para los damnificados; el congreso postergó el proyecto de ley que liberaría la ayuda de miles de millones de dólares.

La devastación se agravó por el estatus colonial de la isla. La calificadora Moody estimó las pérdidas materiales en 55 mil millones de dólares y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, denunció que esa falta de ayuda a los damnificados del huracán “reflejaba algo cercano al genocidio”.

Semanas después, Trump llegaba a la isla y Rosselló minimizaba la tragedia al cifrar las muertes en 16 – mientras un estudio de la Universidad de Harvard las estimó en más de cuatro mil –. El estadounidense, lejos de liberar la urgente ayuda afirmó que la isla “agota” los fondos de EE.UU. para atender desastres y llamó “incompetentes y corruptos” a los funcionarios locales.

Esa expresión del magnate expresaba su antipatía por Rosselló y su élite. Así lo veía Isahaan Tharoor de The Washington Post cuando escribió que tras el huracán, ese territorio estadounidense entraría en un nuevo ciclo que sacudiría la política de la metrópoli.

Empoderados

Los puertorriqueños salieron a las calles no sólo para exigir la renuncia del gobernador, sino para formular reivindicaciones más amplias hacia la reforma socio-política de la isla. Es un levantamiento popular con características singulares, pues es absolutamente unitario, describe Carlos Aznarez.

Estudiantes, trabajadores de hoteles, jubilados, comerciantes y activistas coincidían en un rechazo generalizado contra los partidos políticos. Un estudiante de Psicología declaraba a New York Times que pasó cinco meses de penurias tras el huracán, y ahora ya graduad, no sabe si obtendrá un empleo o deberá emigrar.

Los observadores confían en que el movimiento crecerá, pues la resistencia boricua contra el colonialismo estadounidense  se produce a diario: la población insiste en hablar español, se ve como parte de la comunidad latinoamericana y practica sus tradiciones culturales.

Ofendida por la socarronería de una élite expoliadora, la población rechaza a la sucesora del defenestrado Rosselló: la ministra de Justicia Wanda Vázquez, de ahí la etiqueta #WandaRenuncia y en los lemas: “Wanda, aquí el pueblo manda”, “Wanda tampoco te queremos” o “Ella será la siguiente!”.

Puerto Rico ha escenificado años de dependencia forzada a EE.UU., pero también de repudio a “los virreyes criollos” que se arrodillan impunemente ante los respectivos poderes que devienen de Washington, recordaba Carlos Aznarez en medio de las manifestaciones contra Rosselló.

Esa resistencia anticolonial oscila entre la desobediencia civil (para expulsar a la Marina de Vieques) y las luchas armadas (del Ejército Popular Boricua-Macheteros, comandados por Filiberto Ojeda, caído en combate desigual contra el FBI en 2005, o las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional).

No, al status quo

Desde 1898 esa isla es jurisdicción estadounidense tras ser cedida por España al fin de la Guerra Hispanoamericana. En 1917, cuando estallaba la Revolución Bolchevique, el Congreso estadounidense convertía en ciudadanos a los puertorriqueños, y es Territorio Libre Asociado desde 1952. Puerto Rico es importante para la geopolítica de EE.UU., pues se ubica en el Estrecho Mona, acceso clave para el comercio y navíos en ruta al Canal de Panamá.

En su embestida contra Cuba, el Pentágono instaló su base naval en la isla de Vieques para lanzar operaciones conjuntas con la base Naval de Guantánamo. También ahí se encuartelan las fuerzas navales del Comando Sur y entrenan tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Paradójicamente, pese a esa omnipresencia militar de EE.UU., su Estado Asociado enfrenta una añeja recesión económica y su multimillonaria deuda, contraída con los mercados de capitales de Nueva York, resulta impagable. En cinco ocasiones ha habido referéndum sobre el estatus político de la isla y Washington nunca los ha considerado vinculantes.

Expresión del colonialismo estadounidense es la Junta de Control Fiscal (JCF), creada en 2016 por el Congreso para frenar la mala gestión financiera. Sus impopulares medidas de austeridad han eliminado fondos a la mayor Universidad Pública y los bonos municipales.

Al examinar la muy devaluada vida de los puertorriqueños la especialista de la Universidad de Texas, Marisol LeBron, comenta sobre los mensajes filtrados, que ese diálogo sólo fue el “último recordatorio de la forma en que sus vidas se devalúan y cómo su futuro es circunscrito tanto por el dominio colonial como por la avaricia de las élites locales”.

En repudio a ese status quo, el pasado 25 de junio más de la mitad de los países del planeta (120 de 193) votaba, por 38ª ocasión, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas por la autodeterminación e independencia de Puerto Rico.

La resolución señala que la “subordinación política del pueblo puertorriqueño” impide la toma de decisiones soberanas respecto a la crisis humanitaria tras resultante los huracanes Irma y María. Afirma que la JCF “recrudece la situación colonial”, pues ejerce poderes plenarios sobre el Ejecutivo y el Legislativo, e  impone políticas de empobrecimiento sistemático.

Esa Resolución, fruto de la diplomacia combinada de Cuba, Antigua-Barbuda, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China y Siria, así como de los Países no Alineados y la Comunidad de Estados de Latinoamerica y del Caribe, también denuncia el acoso contra independentistas.