Desde que, en 1898, Estados Unidos (EE. UU.) ocupó y convirtió esta isla del Caribe en una de sus colonias más pobres de América Latina con el disfraz de “Estado libre asociado”, muchos puertorriqueños han muerto o sufrido prisión y tortura en la lucha por defender su propia identidad nacional y la soberanía de su patria.

El imperialismo estadounidense en nada se diferencia del europeo del Siglo XVI, como lo confirma la situación de Puerto Rico que, después de sufrir el colonialismo de la monarquía medieval española, se convirtió en el patio insular del moderno capitalismo anglosajón en el que sus habitantes padecen las mismas prácticas de opresión política y discriminación socio-económica de hace 121 años.

La isla puertorriqueña, con nueve mil kilómetros cuadrados de territorio (menor a Querétaro), tiene una ubicación geoestratégica para EE. UU. porque se halla al este de Cuba, casi está al frente de Venezuela y Panamá, y con la isla Dominicana cierra el Mar Caribe. Sirve de “vigía” y “portaaviones de EE. UU.” en el Caribe; y garantiza las ruta naval y aérea del Atlántico hacia América del Norte, el Golfo de México y el Canal de Panamá.

Desde 1898 hasta ahora, los boricuas han pagado una altísima cuota humana en su lucha por alcanzar su autodeterminación; y los intrusos de la primera potencia económica del orbe que ocupan su territorio no se han preocupado por llevar progreso ni bienestar a esa población.

En los años 30 del Siglo XX, el independentista Pedro Albizu Campos sostenía que a Washington le interesaba “más la jaula que los pájaros”. Hoy, los analistas coinciden en que la potencia no sabe qué hacer con los ocho millones de pobladores de su colonia, cuya mitad reside en EE. UU.

En septiembre de 2022, el paso del huracán Fiona, de categoría 1, evidenció la incapacidad del gobierno local para atender esa emergencia. Durante varias semanas, decenas de miles de puertorriqueños (75 por ciento de la población) sufrieron falta de agua, electricidad y carreteras destruidas. “Somos responsables”, confesó a los pobladores de esta localidad de Ponce, el gobernador Pedro Pierluisi.

Después de ese flagelo llegó el huracán Ian, que dejó más de 60 muertos y agudizó la falta de servicios. EE. UU. aprobó la declaración de “Desastre Mayor”, que activaría la ayuda de emergencia para damnificados; pero aquélla fluyó a cuentagotas y fue hasta el tres de octubre cuando llegó a la isla el presidente estadounidense Joseph Biden quien, con un extraño sentido del humor, comentó: “los puertorriqueños son un pueblo fuerte”.

Fue así como las desgracias ocasionadas por los dos huracanes se sumaron a la histórica precariedad de la isla, de cuya bancarrota es responsable la metrópoli yanqui que, como siempre, responde con represión cuando surge descontento social.

Un “mal socio”

Puerto Rico fue colonia de España desde 1493, cuando Cristóbal Colón “la descubrió”, hasta 1898, cuando pasó a dominio estadounidense, recuerda en su ensayo Puerto Rico, la colonia más vieja del mundo, el abogado de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Pedro. F. Silva-Ruiz.

La lógica colonial estadounidense en Puerto Rico es integral. La vida cotidiana de los puertorriqueños es idéntica en la privación de derechos que en otras colonias; pues quienes residen en la isla, no participan en las elecciones de EE. UU., ya que desde 1917, el territorio carece de personalidad jurídico-política internacionalmente. Tampoco está representada por ningún senador.

Su población ha sido semillero de las tropas estadounidenses que libraron guerras imperiales como las de Vietnam, Afganistán, Libia y Siria; ha sufrido por décadas los daños generados por los equipos y las tropas en las bases militares de Vieques y Culebra, ya que se realizaron mediante ejercicios anfibios y bombardeos aéreos “a bala viva” que afectaron el medio ambiente.

En este momento, las autoridades estadounidenses controlan totalmente el espacio aéreo, marítimo y terrestre, el mar territorial, las fronteras, ríos, lagos y otros cuerpos de agua de su “Estado Libre Asociado” (ELA).

Administran todas las aduanas, puertos y aeropuertos para controlar quién ingresa y sale, y qué hace en la isla. La autoridad local no autoriza siquiera qué barco puede atracar en sus muelles. Además, sus leyes de cabotaje determinan que todo producto que ingresa o sale, debe usar a la Marina Mercante de EE. UU., la más cara del mundo, explica el catedrático puertorriqueño Julio A. Muriente Pérez.

El Sistema de Justicia está subordinado a las cortes estadounidenses. El Tribunal Supremo está bajo dominio de la Corte Federal y de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Seguridad Interior (DSI).

EE. UU. controla el 85 por ciento de los productos de consumo, al igual que la industria, la banca y el comercio interno, cuyas ganancias van a importadores y comerciantes de la élite local. Aunque la mayoría de medios son de estadounidenses o empresarios anexionistas, están bajo vigilancia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Al igual que en las colonias del Siglo XVI, todo grupo local que no responda a la lógica de dominación de Washington tiene prohibido el uso del idioma español y privilegiar el inglés. Aunque se reconoce la bandera puertorriqueña, la que ondea sobre instituciones públicas es la de las barras y las estrellas; y sus autoridades no expiden pasaportes a sus ciudadanos.

Un “comisionado residente” sin derecho a voto proyecta los intereses de la isla en la Cámara de Representantes. De los 20 que ha habido desde 1900, hoy ejerce el cargo la republicana Jenniffer González quien, en su campaña de 2020, ofreció convertir a la isla en el estado 51 de EE. UU.

Anexión o soberanía

Para legitimar su práctica de subyugación legal, administrativa, financiera, económico-comercial y cultural, EE. UU. impuso a la isla el eufemismo de ELA en 1952. Desde entonces, ciudadanos y cúpulas debaten el futuro de tal estatus en plebiscitos, como los de 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017, en los que una presumible mayoría de anexionistas superó a los independentistas.

Después de décadas de polémica, el 15 de diciembre de 2022, el Congreso estadounidense acogió un nuevo proyecto de estatus político para Puerto Rico: el H.R. 8393. Para la mayoría de puertorriqueños, este plan terminaría el pacto político entre cúpulas del Congreso.

Pero en EE. UU. muchos se oponen, como el representante por California y ultraconservador Tom McClintock, quien sugirió que era una vía hacia “la estatidad” y rechazó que la Unión Americana admita a “la isla más inculta y en bancarrota absoluta”.

La iniciativa prevé que el dos de noviembre de este año, los boricuas voten si se anexionan a EE. UU. para hacer de Puerto Rico el estado 51, o se declaran nación independiente. La representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, afirma que por primera vez en la historia, “EE. UU. reconocerá su papel como fuerza colonizadora”.

Ocasio, como presidenta temporal de la Cámara baja, llevó el proyecto al Senado, pero el gobernante y pro-anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) de la isla, la criticó por descarrilar ese plan en favor de un referéndum por la independencia con la excusa de hacer enmiendas.

En la bancarrota

Mientras otros definen su futuro, Puerto Rico está en bancarrota por las fallidas políticas impuestas por el gobierno estadounidense. En los años 40, Franklin D. Roosevelt designó al gobernador Rexford Tugwell, quien intentó industrializar a la isla; y para sustituir la economía agrícola, creó empresas subsidiadas (fábricas de vidrio, cartón y cemento).

Entre 1950 y 1980, la prensa estadounidense calificó a Puerto Rico como “milagro económico”, porque su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció de 342 dólares a tres mil 479 dólares. En San Juan, la capital, se inauguró la gran urbanización de Puerto Nuevo, con cuatro mil viviendas para la naciente clase urbana.

Durante la Guerra Fría, Puerto Rico creció por la sustitución de importaciones, con la estrategia de las “inversiones por invitación” al capital privado, con exención de impuestos, recuerda el economista puertorriqueño Heberto Martínez.

Su crisis se gestó en 1975, cuando se optó por el sector petroquímico para exportar refinados a EE. UU., pero fracasó cuando la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) elevó los precios del combustible, lo que impactó internacionalmente y a la isla en particular. En ese periodo persistieron los movimientos por la independencia y el rechazo a la anexión.

En 1996, Washington retiró los beneficios a las empresas que el Congreso les había otorgado para depositar en la isla sus ganancias antes de enviarlas a sus matrices libres de impuestos. Se retiraron muchas firmas y entre 1997 y 2012 se perdieron más de 80 mil empleos manufactureros, refiere el sociólogo Emilio Pantojas.

La isla se endeudó exponencialmente. En 2006, la deuda fue de 48 mil millones de dólares (mdd) y 10 años después aumentó 103 por ciento, en tanto que la pobreza afectaba al 45 por ciento de la población y crecieron el desempleo y la emigración hacia EE. UU.

Por su condición de Estado “asociado” a EE. UU., la isla no recibe ayuda del Banco Mundial (BM) ni del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue así como la “vitrina del Caribe”, durante la segunda mitad del Siglo XX –un soñado modelo del capitalismo neoliberal–, fue convertida en la “Grecia del Caribe” –así la llamó el diario The Economist– debido a una impagable deuda externa.

En 2015, la prensa boricua destacó la degradación de sus bonos en Wall Street; y el gobernador Alejandro García anunció que la deuda era impagable. Pero el Congreso autorizó al gobierno local a reestructurarla, vigilado por una Junta de Vigilancia Fiscal. Entre las medidas de austeridad, cortó la mitad el presupuesto para la universidad y estudió la forma de reducir las pensiones.

La bancarrota y los efectos del huracán de 2017 (que colapsó al sistema eléctrico) evidenciaron la inviabilidad del estatus de ELA. El malestar aumentó con los desplantes racistas de Donald Trump y los choques en la cúpula que llevaron a la dimisión del gobernador Ricardo Roselló. De ahí la frase “Puerto Rico desaparece cada vez mejor”, de Juan Duschesne-Wilter.

En enero de 2022, un Tribunal de Quiebras de EE. UU. aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda de la isla, que contenía acuerdos entre los acreedores para reducir en 33 mil mdd la deuda de bonos.

En resumen, la quiebra costó más de mil mdd a los contribuyentes puertorriqueños y estadounidenses; admitió el presidente de la Junta, David Skeel. Hoy, la isla detenta la mayor deuda pública de EE. UU., cuya reestructuración trastocó los delgados hilos del tejido político puertorriqueño.

Los independentistas

Su liberación del imperio más poderoso de la historia ha sido el gran reto histórico de los boricuas deseosos de salir de su condición colonial, refiere la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Lourdes Santiago, quien lamenta que su país esté bajo control del Congreso estadounidense por la Ley Foraker y que la Casa Blanca designe a su gobernador.

Hoy, la población baraja tres vías: mantener el estatus actual o mejorarlo; anexarse a EE. UU. como estado 51 o avanzar hacia un Estado independiente. Durante medio siglo, el Partido Popular Democrático (PPD) ha apoyado la primera vía; el derechista Partido Nuevo Progresista (PNP, en el gobierno) apoya la segunda; y el PIP tiende hacia la tercera.

Para frenar la soberanía, la Ley Jones dio ciudadanía estadounidense a los residentes en la isla y amagó con eliminar el acceso preferente de la isla al mercado de EE. UU. si se alentaba la independencia.

En los años 20, Pedro Albizu articuló la oposición a EE. UU. con su Partido Nacionalista (PN) y lo vinculó al movimiento obrero. De ahí la exitosa huelga de cañeros difundida por el nacionalismo antiimperialista con ideología proletaria. La reacción del gobierno de Roosevelt fue la Masacre de Ponce (1937), explica Luismi Uharte. Prisión, tortura y exilio caracterizaron la respuesta imperial al independentismo, contra la sumisión de los gobernadores locales que han decidido “ser cabeza de ratón, en lugar de cola de león”.

El Partido Independentista optó por la vía armada en 1954; sus miembros asaltaron el Congreso de EE. UU.; uno de ellos, Rafael Cancel, pasó 25 años en la cárcel hasta que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, negoció su liberación con el gobierno estadounidense. Unos 100 mil puertorriqueños han sufrido espionaje. “Si eras independentista: represión; si te portabas bien, accedías a fondos federales”, cita la vicepresidenta del PIP.

Pasada la llamada Guerra Fría y después del quinto plebiscito en el que se votó por la anexión a EE. UU., en 2017 Barack Obama conmutó la pena al independentista Oscar López Rivera, quien pasó 12 años en aislamiento y 35 en prisión por “conspiración sediciosa”, como miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación de Puerto Rico (PALPR). Era de los más buscados por el FBI y en 1999 rechazó la oferta de William Clinton para reducir su pena, pues le exigía “mostrar buen comportamiento”.

Otros notables presos políticos son Carlos Alberto Torres, condenado a 78 años, y purgó 30 años hasta que obtuvo su libertad condicional. Avelino González Claudio, del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP) y del Ejército Popular Boricua (Macheteros); fundó, con Filiberto Ojeda, Hilton Fernández, José Lima, Roberto Todd y otros, el Movimiento Independentista Revolucionario (MIR) cuya campaña más intensa fue entre 1968 y 1972.

Oscar López pasó 35 años en prisión y al salir, declaró: “aún podemos luchar por la independencia”. Ése es el espíritu que reivindica el pueblo puertorriqueño y que se verá en noviembre, cuando vote si quiere ser el estado 51 de EE. UU., permanecer como colonia o prefiere la independencia total.