Cargando, por favor espere...

Puerto Rico: la castigada colonia de la superpotencia
Desde que EE. UU. ocupó y convirtió a Puerto Rico en una de sus colonias más pobres de AL con el disfraz de “Estado libre asociado”, muchos puertorriqueños han muerto en su lucha por su soberanía.
Cargando...

Desde que, en 1898, Estados Unidos (EE. UU.) ocupó y convirtió esta isla del Caribe en una de sus colonias más pobres de América Latina con el disfraz de Estado libre asociado, muchos puertorriqueños han muerto o sufrido prisión y tortura en la lucha por defender su propia identidad nacional y la soberanía de su patria.

El imperialismo estadounidense en nada se diferencia del europeo del Siglo XVI, como lo confirma la situación de Puerto Rico que, después de sufrir el colonialismo de la monarquía medieval española, se convirtió en el patio insular del moderno capitalismo anglosajón en el que sus habitantes padecen las mismas prácticas de opresión política y discriminación socio-económica de hace 121 años.

La isla puertorriqueña, con nueve mil kilómetros cuadrados de territorio (menor a Querétaro), tiene una ubicación geoestratégica para EE. UU. porque se halla al este de Cuba, casi está al frente de Venezuela y Panamá, y con la isla Dominicana cierra el Mar Caribe. Sirve de “vigía” y “portaaviones de EE. UU.” en el Caribe; y garantiza las ruta naval y aérea del Atlántico hacia América del Norte, el Golfo de México y el Canal de Panamá.

 

 

Desde 1898 hasta ahora, los boricuas han pagado una altísima cuota humana en su lucha por alcanzar su autodeterminación; y los intrusos de la primera potencia económica del orbe que ocupan su territorio no se han preocupado por llevar progreso ni bienestar a esa población.

En los años 30 del Siglo XX, el independentista Pedro Albizu Campos sostenía que a Washington le interesaba “más la jaula que los pájaros”. Hoy, los analistas coinciden en que la potencia no sabe qué hacer con los ocho millones de pobladores de su colonia, cuya mitad reside en EE. UU.

En septiembre de 2022, el paso del huracán Fiona, de categoría 1, evidenció la incapacidad del gobierno local para atender esa emergencia. Durante varias semanas, decenas de miles de puertorriqueños (75 por ciento de la población) sufrieron falta de agua, electricidad y carreteras destruidas. “Somos responsables”, confesó a los pobladores de esta localidad de Ponce, el gobernador Pedro Pierluisi.

 

Control natal imperial a su colonia

En los años 50 del siglo pasado, mujeres puertorriqueñas humildes fueron conejillos de indias en el primer ensayo clínico a gran escala para probar la efectividad de la píldora anticonceptiva.

Todas ignoraban que eran parte de lo que más tarde se conoció como la operación, un estudio dirigido por dos académicos estadounidenses de la Universidad de Harvard: John Rock, experto en fertilidad, y Gregory Pincus, biólogo, cuyo objetivo fue precisamente evitar que los habitantes de la isla tuvieran hijos.

El ensayo resultó financiado por laboratorios y organizaciones privadas como la Planned Parenthood y la acaudalada Katharine McCormick, impulsora de la eugenesia (mejora racial por selección genética), revelaron Margaret Marsh y Lourdes Inoa.

 

 

Después de ese flagelo llegó el huracán Ian, que dejó más de 60 muertos y agudizó la falta de servicios. EE. UU. aprobó la declaración de “Desastre Mayor”, que activaría la ayuda de emergencia para damnificados; pero aquélla fluyó a cuentagotas y fue hasta el tres de octubre cuando llegó a la isla el presidente estadounidense Joseph Biden quien, con un extraño sentido del humor, comentó: “los puertorriqueños son un pueblo fuerte”.

Fue así como las desgracias ocasionadas por los dos huracanes se sumaron a la histórica precariedad de la isla, de cuya bancarrota es responsable la metrópoli yanqui que, como siempre, responde con represión cuando surge descontento social.

 

 

Un mal socio

Puerto Rico fue colonia de España desde 1493, cuando Cristóbal Colón “la descubrió”, hasta 1898, cuando pasó a dominio estadounidense, recuerda en su ensayo Puerto Rico, la colonia más vieja del mundo, el abogado de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Pedro. F. Silva-Ruiz.

La lógica colonial estadounidense en Puerto Rico es integral. La vida cotidiana de los puertorriqueños es idéntica en la privación de derechos que en otras colonias; pues quienes residen en la isla, no participan en las elecciones de EE. UU., ya que desde 1917, el territorio carece de personalidad jurídico-política internacionalmente. Tampoco está representada por ningún senador.

Su población ha sido semillero de las tropas estadounidenses que libraron guerras imperiales como las de Vietnam, Afganistán, Libia y Siria; ha sufrido por décadas los daños generados por los equipos y las tropas en las bases militares de Vieques y Culebra, ya que se realizaron mediante ejercicios anfibios y bombardeos aéreos “a bala viva” que afectaron el medio ambiente.

En este momento, las autoridades estadounidenses controlan totalmente el espacio aéreo, marítimo y terrestre, el mar territorial, las fronteras, ríos, lagos y otros cuerpos de agua de su “Estado Libre Asociado” (ELA).

Administran todas las aduanas, puertos y aeropuertos para controlar quién ingresa y sale, y qué hace en la isla. La autoridad local no autoriza siquiera qué barco puede atracar en sus muelles. Además, sus leyes de cabotaje determinan que todo producto que ingresa o sale, debe usar a la Marina Mercante de EE. UU., la más cara del mundo, explica el catedrático puertorriqueño Julio A. Muriente Pérez.

 

 

El Sistema de Justicia está subordinado a las cortes estadounidenses. El Tribunal Supremo está bajo dominio de la Corte Federal y de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Seguridad Interior (DSI).

EE. UU. controla el 85 por ciento de los productos de consumo, al igual que la industria, la banca y el comercio interno, cuyas ganancias van a importadores y comerciantes de la élite local. Aunque la mayoría de medios son de estadounidenses o empresarios anexionistas, están bajo vigilancia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Al igual que en las colonias del Siglo XVI, todo grupo local que no responda a la lógica de dominación de Washington tiene prohibido el uso del idioma español y privilegiar el inglés. Aunque se reconoce la bandera puertorriqueña, la que ondea sobre instituciones públicas es la de las barras y las estrellas; y sus autoridades no expiden pasaportes a sus ciudadanos.

Un “comisionado residente” sin derecho a voto proyecta los intereses de la isla en la Cámara de Representantes. De los 20 que ha habido desde 1900, hoy ejerce el cargo la republicana Jenniffer González quien, en su campaña de 2020, ofreció convertir a la isla en el estado 51 de EE. UU.

 

Anexión o soberanía

Para legitimar su práctica de subyugación legal, administrativa, financiera, económico-comercial y cultural, EE. UU. impuso a la isla el eufemismo de ELA en 1952. Desde entonces, ciudadanos y cúpulas debaten el futuro de tal estatus en plebiscitos, como los de 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017, en los que una presumible mayoría de anexionistas superó a los independentistas.

Después de décadas de polémica, el 15 de diciembre de 2022, el Congreso estadounidense acogió un nuevo proyecto de estatus político para Puerto Rico: el H.R. 8393. Para la mayoría de puertorriqueños, este plan terminaría el pacto político entre cúpulas del Congreso.

Pero en EE. UU. muchos se oponen, como el representante por California y ultraconservador Tom McClintock, quien sugirió que era una vía hacia “la estatidad” y rechazó que la Unión Americana admita a “la isla más inculta y en bancarrota absoluta”.

La iniciativa prevé que el dos de noviembre de este año, los boricuas voten si se anexionan a EE. UU. para hacer de Puerto Rico el estado 51, o se declaran nación independiente. La representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, afirma que por primera vez en la historia, “EE. UU. reconocerá su papel como fuerza colonizadora”.

Ocasio, como presidenta temporal de la Cámara baja, llevó el proyecto al Senado, pero el gobernante y pro-anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) de la isla, la criticó por descarrilar ese plan en favor de un referéndum por la independencia con la excusa de hacer enmiendas.