Luego de que el pasado 26 de mayo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) presentara la propuesta de reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicada en febrero de este año, organizaciones de la sociedad civil advierten de la posible interferencia de las tabacaleras que tratan de que tal propuesta sea laxa, insustancial, para servir a sus intereses.

“En la sociedad civil no queremos un reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que desentone, que no recoja los argumentos sólidos que tanto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) como la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) han aportado en el proceso de tal reglamentación”, señaló Erick Antonio Ochoa.

En 2021, la Cámara de Diputados y Senadores votaron en 2021 por unanimidad la reforma a la LGCT para proteger en todo el país de las personas del humo de tabaco y emisiones y prohibir toda forma de publicidad, promoción y propaganda de tabaco.

“Hasta donde sabemos el expediente abierto el 26 de mayo se cerró y se abrió uno nuevo el 7 de julio del presente año, este expediente sigue abierto está en consulta pública, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones que hemos promovido durante muchos años este avance en las políticas públicas para el control del tabaco presentaremos los comentarios y sin lugar a duda nos mantendremos atentos al proceso, aun no se cierran comentarios”.

A pesar de que la CONADIC ha promovido el cambio de impacto regulatorio con argumentación sólida y contundente, la industria tabacalera busca descalificar sus argumentos, expresó Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de Salud Justa Mx. La regulación constitucional establece en su artículo 4 que el Estado está obligado a proteger la salud de los mexicanos y no solo a ser reactivo y consecuente a cualquier enfermedad o situación que padezcan los ciudadanos. El Estado tiene que establecer programas para prevenir cualquier consecuencia de salud que pudieran implicar este tipo de productos”.

Adriana Rocha, directora de Sociedad Civil y Asuntos Legislativos de Polithink resaltó que la industria utiliza los canales institucionales que sean más favorables a sus intereses comerciales, los intereses de la industria son irreconciliables con los de la salud, reiteró. El objetivo de la ley y la reforma es proteger la salud de todos, sobre todo niños y adolescentes.

Es preciso alertar a las autoridades y defiendan el objetivo principal de la ley ya que la industria busca desviar estos argumentos haciendo creer que las consecuencias de contar con una regulación fuerte son fatales.

El investigador de ARIÓN 9, Nicolás Díaz Rodríguez, indicó que “… se trata de un proceso de consulta pública muy importante para dar publicidad y transparencia a la regulación y busca dejar claro a los regulados el objetivo de la política pública que se busca establecer, así como dar a conocer los beneficios de su implementación, en este caso la modificación del reglamento que impacta directamente en la salud de la población mexicana.

“Existe preocupación de las organizaciones civiles con el proceso que se está llevando, debemos estar atentas a que no se ensucie con los argumentos de la industria y que se valoren los argumentos de la sociedad civil. La consulta pública es un mecanismo de conexión entre los regulados y la forma en que se va a implementar la regulación con la finalidad de vencer las barreras de la información asimétrica entre regulados, regulador y terceros involucrados”, concluyó.

Por su parte, Sandra Páramo, encargada del área de Comunicación en CÓDICE, compartió cuatro casos donde la industria tabacalera interfirió en procesos legislativos: “En Jalisco se aprobó en 2011 en comisiones un dictamen que declaraba a Jalisco 100% libre de humo de tabaco, pero el dictamen se aprobó en otros términos. En Puebla, desde 2013 se han presentado iniciativas para que el estado sea libre de humo. En 2019 se presentó una propuesta, sin embargo, cuando llega a la mesa directiva no se programó para la votación debido a interferencia de las tabacaleras. En Nuevo León se aprueba la ley en abril de 2013.

“En 2015 intentan hacer reformas para permitir fumar en espacios cerrados y en 2016 el diario ABC publicó que algunos legisladores recibieron alrededor de 20 millones de pesos para vetar la reforma. Por último, en Querétaro el gobierno envió un oficio a los legisladores en el cual se menciona que la ley aprobada afectaría los intereses de la industria tabacalera, bares y restaurantes, por lo que el gobernador veta la iniciativa. La industria tabacalera no solo interviene en los asuntos de índole federal, también lo hace en al ámbito local”, subrayó la activista.