Nada queda del próspero, educado y solidario Estado que por 42 años construyó la Revolución Verde en Libia. En ese periodo, dicho país disfrutó del mayor ingreso per cápita del continente africano, además de que su ejemplo influyó en Medio Oriente y Europa. Hoy, a ocho años de la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el escenario post-Khadafi es tan dantesco que Occidente lo ha abandonado a su suerte. Solo las trasnacionales energéticas y acuíferas están dispuestas a medrar en el caos creado por el afán geopolítico de diseñar regiones al gusto imperial.

En Libia hay dos “gobiernos”: uno en la capital, Trípoli, y otro en Tobruk. Ambos se disputan el favor occidental y el apoyo de las múltiples facciones políticas que hace ocho años surgieron tras la descomposición del país más rico del Magreb y hoy uno de los más pobres del planeta. Ese Estado fallido es el saldo de la intervención de Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE), a través de la OTAN para cambiar el régimen de Muammar el Khadafi.

Lo que realmente se disputan las facciones rivales es el control del territorio llamado “el petróleo creciente”, franja costera que comienza en el sur de Bengasi y dobla al oeste hacia Sirte.  Ese arco aloja las terminales de crudo de Sidra y Ras Lanuf, las deterioradas “joyas de la corona” de la infraestructura petrolera de Libia, bloqueadas por los “Señores de la Guerra”. Hoy, por novena ocasión desde 2011, la masacre en Libia busca controlar ese estratégico territorio.

Pese a sus altos ingresos petroleros, Libia tiene una inflación galopante, un mercado interno donde los alimentos escasean y una emigración de miles de libios hacia Europa, acosados por la escasez de todos los bienes básicos. La inseguridad pública ha rebasado su débil institucionalidad y hay más de 170 mil desplazados internos.

Las milicias libias han dividido al país en dos centros de poder: en Trípoli, en el este, rige el Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN), del primer ministro e ingeniero Fayez Sarraj. Lo respaldan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional, aunque su poder es mínimo en el resto del país.

En 2018, Sarraj formó su Fuerza de Protección con cuatro milicias: los revolucionarios de Trípoli, las fuerzas de seguridad central de Abu Salim, el batallón Nawasi y las fuerzas especiales de disuasión. Estas corporaciones y su influencia tribal son su principal sostén.

En Tobruk, en el oeste, rige el polémico general Jalifa Haftar, formado en la extinta Unión Soviética y más tarde informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); su “gobierno” data de 2014. Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos consideran más sólido su liderazgo.

El cuatro de abril, Haftar decidió tomar Trípoli y sus alrededores con la llamada Operación Volcán de la Ira. Este asedio, desde varios puntos estratégicos –como el aeropuerto internacional– ha causado decenas de muertos y heridos.

Occidente no es ajeno a esta disputa de poder en un país ya ingobernable, herencia de su intervención político-militar desde 2011. Por ello mantiene en la mira los movimientos de las milicias, cuya lealtad es volátil. La principal es la Brigada 301, que contribuyó a la caída de Khadafi y que hoy apoya a Sarraj en Trípoli, contra Haftar. La Brigada Salah al-Burki rechaza la autoridad de ambos.

Para mantener una Libia siempre dependiente, Occidente activa la excusa del radicalismo, que reivindica una versión local del Estado Islámico (EI). Esta amenaza creció aprovechando el vacío de poder y su existencia refuerza el discurso de la necesaria presencia de fuerzas extranjeras en el país.

El fiel de la balanza se inclinará a favor de uno de los dos “Señores de la Guerra”, del que logre seducir a los países clave. Haftar es bien recibido en Rusia, que ha logrado vetar una resolución que condena su avance a la capital.

Los franceses, ambiguos, se han acercado a Haftar desde la gestión de François Holland, a través de su ministro de defensa, Jean-Yves Le Drian. Este nexo continúa con Emmanuel Macron, quien ha sido el primero en invitarlo a las conversaciones de paz y que en febrero pasado lanzó bombardeos aéreos para propiciar su avance.

México mantiene relaciones con el país norafricano a través de su embajada. Lo representa el diplomático Mustah R.M. Altayar. El embajador mexicano ante Argelia, Gabriel Rosenzweig Pichardo, es concurrente en Libia.

Nefasta protección

La actual debacle de Libia comenzó al calor de las mal llamadas “revoluciones árabes” en 2011. La prensa occidental ponderó las manifestaciones opositoras al presidente Khadafi y los medios electrónicos del planeta repitieron el lema “¡Khadafi se debe ir!”.

Por esa presión imperial, Libia ha sido el único país contra el que se autorizó una intervención armada, con supuesta misión “humanitaria”, que costó 50 mil vidas. En marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas y un cese al fuego mientras autorizaba a los estados miembros a usar “todas las medidas” necesarias para proteger a la sociedad civil.

Así entró en acción la norma Responsabilidad de Proteger (R2P), medida de la ONU con la que se atribuyó a Khadafi la responsabilidad de la crisis de derechos humanos, dice el analista Miguel Caum Julio. Esa abierta claudicación a la neutralidad del organismo internacional permitió a EE. UU, Reino Unido y Francia ampliar el mandato de la resolución y derrocar al líder libio “por los medios que fuera”.

Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU impuso una zona de exclusión aérea sobre el país, se interpretó como una luz verde a los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A la par actuaron las milicias “rebeldes anti-Khadafi” para minar toda resistencia anti-imperial.

Los correos de Hillary Clinton, filtrados a WikiLeaks, revelaron que Francia armó a los “rebeldes” libios pese al embargo de armas. También que la inteligencia estadounidense sabía que las fuerzas especiales británicas y francesas entrenaban y armaban a esos rebeldes en Egipto. Éstos fueron los entretelones de la tragedia de Libia en 2019.

Libia era próspera

En 1969 Muammar el-Khadafi puso fin a la pro-occidental y corrupta monarquía del rey Idris, que no producía bienestar. De cuatro millones de habitantes, solo 250 mil estaban alfabetizados; había únicamente 16 graduados universitarios y no existían médicos, ingenieros, topógrafos ni farmacéuticos.

Su revolución creó instituciones para garantizar la gobernabilidad; nacionalizó la industria petrolera e invirtió esos beneficios en construir una poderosa infraestructura. A la par, impulsó una reforma agraria que elevó el nivel de vida de su población. En las cuatro décadas del liderazgo de Khadafi, los libios disfrutaron de un envidiable sistema de seguridad social, con asistencia médica y educación gratuitos, y la alfabetización remontó del cinco al 83 por ciento.

Un año antes de la intervención de la OTAN, la Libia de Khadafi disfrutaba de un producto interno bruto (PIB) de 13 mil 846 millones de dólares que le permitía dar gratuitamente agua y electricidad a todos sus ciudadanos; la vivienda era un derecho universal y a las nuevas parejas se les otorgaban 50 mil dólares para adquirir casa o automóvil.

El galón de gasolina costaba 14 centavos de dólar; el Estado garantizaba las prestaciones laborales y daba tierra, casa, animales de cría, equipo de labranza y semillas a los nuevos agricultores.

La agenda del dirigente libio trascendió su propio entorno. Se propuso cooperar con los recién independizados Estados y promovió la creación de la Unión Africana en 2001. El analista internacional, Basem Taljedine, afirma que Khadafi se proponía crear una moneda única sustentada en sus reservas de oro, que se hallaban custodiadas en bóvedas de bancos extranjeros.

Pero el coronel Khadafi confió demasiado en que el dinero y el petróleo mantendrían a raya a un Occidente siempre receloso de su poder. Los bombardeos de la OTAN confirmaron su equivocación.