El gobierno del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Joseph Biden, está frenando la inmigración de mexicanos, latinoamericanos y ciudadanos de otros países mediante la aplicación del Artículo 8, norma xenófoba y racista que reactivó pese a que en su campaña política había previsto revocarla.

La pandemia de Covid-19 alteró radicalmente la movilidad humana en el mundo. En 2020, el expresidente estadounidense Donald Trump impuso el Título 42 a migrantes indocumentados que solicitaban asilo sin razones “creíbles”; los expulsó y obligó a esperar la respuesta fuera de su territorio. El 11 de mayo, cuando finalizó la emergencia sanitaria, se suspendió esa norma y miles de migrantes corrieron hacia la frontera, confiados en que serían aceptados.

Pero no fue así, y ahora miles de ellos copan ciudades fronterizas mexicanas. En Washington, el Secretario de Seguridad Interior, Paul Mayorkas, declaró que su país cerraba la frontera y deportaría a quien intentara ingresar sin solicitud de asilo previamente aprobada.

Si con el título 42, las autoridades estadounidenses expulsaron a tres millones 200 mil migrantes entre 2020 y abril de 2023, con el retiro de esa norma del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se espera que en una primera fase deporte a 160 mil; ya que diariamente intentan cruzar la frontera unos 10 mil migrantes.

A dos días de que expirara ese título, Biden aumentó el personal del servicio de migración y aduanas (CBP); desplegó a mil 500 elementos del Ejército, infantería de Marina y Fuerza Aérea y más de 24 mil funcionarios en la frontera. También incrementó el número de vuelos de deportación hacia Centroamérica y pactó con México que reciba hasta a 30 mil migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, según la agencia informativa EFE.

En el primer minuto del 12 de mayo, el huésped de la Casa Blanca reactivó el Título 8 del Código Asociado a la Inmigración y Nacionalidad, una medida más cruel que la anterior, pues faculta al gobierno a deportar en caliente a inmigrantes sin documentos, penarlos con cinco años sin derecho a tramitar asilo o ingreso al país o a enfrentar cargos judiciales si reinciden.

El Título 8 clasifica como “no aptos” para el asilo a quienes no se entregaron a un tercer país en su viaje hacia EE. UU. o si no presentan en la frontera su petición de cita para asilo vía la App móvil CBP One. Además, la mayoría de las visas se darán con base en criterios muy subjetivos y discriminatorios que se aplican a migrantes de países pobres.

La espera que impone el Título 8 implica mayores riesgos para los migrantes que, desesperados, intentarán ingresar a EE. UU. por rutas más peligrosas y serán víctimas del crimen organizado, denuncian organizaciones defensoras. Además, la norma viola la obligación legal de EE. UU. de no devolver a refugiados en situaciones de persecución o tortura, denuncia el investigador Ari Sawyer.

Otros riesgos del plan antimigratorio son la militarización de la frontera y el auge de las empresas de seguridad (la mayoría privadas) ajenas a toda rendición de cuentas en materia de abusos a los derechos humanos.

Política xenófoba

Además, en este contexto, la crisis migratoria se ha convertido en un problema político-electoral de mayor presión del Partido Republicano sobre el presidente Biden, resalta Luis Herrera-Lasso, a partir de que éste anunció su propósito de buscar la reelección y se agudizó la situación jurídica de Donald Trump.

Los republicanos culpan a Biden por la crisis migratoria e insisten en que debe contenerla con mano dura. En 2022, los gobernadores republicanos del sur y Florida aplicaron el plan de reubicación de migrantes; enviaron a cientos hacia estados demócratas del norte (Washington, Nueva York y Massachusetts) para que éstos “asumieran la carga” económico y política que conlleva atenderlos.

La xenofobia tiene múltiples expresiones: se construyen narrativas imaginarias y amenazantes en la memoria colectiva, denuncia la socióloga Ana Gabriela Salazar. En medios corporativos y redes sociales predomina la descalificación prejuiciosa de los migrantes latinoamericanos contraria a la bienvenida que se brinda a los del este de Europa.

Además, es distinto ser inmigrante en California que en Texas, estados opuestos en la práctica de esta política. California es progresista y es vista como un estado santuario para los migrantes, a diferencia de Texas y Arizona, considerados como el “sur conservador bíblico” que recurre al uso de vigilantes armados en la frontera, apunta el investigador de la Universidad Complutense Alberto Hernández.

Una investigación del Departamento de Justicia (julio de 2022) concluyó: “Texas debe acabar de inmediato con el acoso a migrantes”, ordenado por el gobernador Greg Abbott y los sheriffs. Los haitianos que solicitan asilo son víctimas de detenciones arbitrarias, maltrato, humillaciones y discriminación, advierte Amnistía Internacional.

País seguro o incapaz

La actual crisis se avistó en 2018 con las “caravanas migrantes”, nueva forma de movilidad humana generada por la precaria situación económica de sus países de origen y las grandes condiciones de riesgo físico que deben enfrentar durante su recorrido por el territorio de México.

El fin de la más conocida norma antimigratoria estadounidense anticipó una marejada proveniente del sur. En el último minuto del 11 de mayo, en Tijuana y Ciudad Juárez, miles de mujeres y hombres confiaban en ingresar a EE. UU. y obtener asilo. Veían a los agentes de la Patrulla Fronteriza por los orificios del doble muro en espera del momento oportuno para entregarse a ellos.

Aunque las cifras cambian cada día, solo en Tijuana unos 10 mil migrantes esperan cruzar hacia EE. UU., esta cantidad de población es muy variable, pues hay novatos y expulsados, aunque todos son mal vistos y humillados. Ninguno quiere permanecer en México como asilado, refugiado o residente con los empleos que ofrece el gobierno.

El director del albergue Juventud 2000, José María García, explica que ningún país expulsor de migrantes –sean de Centroamérica, Venezuela, Haití o Ecuador– parece hacer el trabajo que les corresponde para brindar seguridad a sus ciudadanos.

Para los habitantes de ciudades fronterizas, las autoridades migratorias de México responden a las presiones del gobierno de EE. UU. por cerrar el paso de los viajeros hacia aquel país.

Urge restaurar el derecho de asilo en la frontera, en plena emergencia humanitaria, denuncia el director del Comité de Rescate Internacional, Kennji Kizuka, quien reveló que el uso de una aplicación móvil, inaccesible para muchos y defectuosa, no garantiza ese derecho.

El gobierno mexicano tiene el reto de dar atención a sus connacionales y a los migrantes que aún llegan, ya que aumentarán la falta de servicios y los riesgos de secuestro y violencia sexual, anticipa la presidenta de Programas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Maureen Meyer.

Tal como ha advertido el canciller cubano Bruno Rodríguez, será imposible obtener resultados en la gestión de los flujos migratorios irregulares si no se materializan el diálogo y la colaboración genuina entre los gobiernos implicados para otorgar respuesta a un problema de naturaleza global.