El fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en enero de 2020 para ofrecer atención pública gratuita del mismo nivel “que Dinamarca”, obligó al Gobierno Federal a sustituirlo con el programa Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar (IMSS-Bienestar), cuyas manifiestas limitaciones ponen en peligro a 33 millones de mexicanos sin servicios sanitarios formales.

IMSS-Bienestar es el nuevo nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social-Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (IMSS-Coplamar), que fue creado en 1977 para extender los servicios del IMSS a personas sin filiación laboral fija. Este programa, sin embargo, desde hace 45 años carece de infraestructura y personal suficiente, su atención médica es solo de primer y segundo nivel; y llega únicamente a 11.6 millones de personas en 19 de las 32 entidades de la República.

Actualmente, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende ampliar sus servicios y cobertura mediante convenios con los gobiernos estatales que implicarían, además de aportaciones financieras locales, la absorción de sus institutos de salud por cuenta del Gobierno Federal en un esquema centralizado como el del fallido Insabi.

Entre tanto, la población necesitada de atención sanitaria se encuentra en riesgo, como lo evidencia el análisis México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna, publicado el siete de abril de 2021 por las organizaciones México Evalúa, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, en el que se afirma que el Sistema Nacional de Salud excluye al 26 por ciento de la población.

El Sistema Nacional de Salud concluye que la organización “presenta fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud, excluye a 33 millones de mexicanos, equivalentes al 26 por ciento y es inequitativo, lo que afecta a la población más pobre”.

Entre las carencias detectadas resaltan los problemas de acceso a los servicios médicos; la insuficiencia y la baja calidad de los servicios, debido a la falta de capacitación idónea en el personal médico; la disponibilidad limitada de materiales y equipos médicos y la carencia de recursos financieros para que las personas vulnerables reciban atención médica integral.

Pero los problemas sanitarios de México, vistos desde una perspectiva más amplia, colocan en situación de riesgo sanitario a 66 millones de personas –como lo evidencia el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– debido a que ahora el IMSS-Bienestar no ofrece el mismo modelo de seguridad social del IMSS, incluidas pensiones para adultos mayores.

“Entre 2018 y 2020 se observa una disminución en el porcentaje de la población con acceso a la seguridad social de 53.5 por ciento a 52 por ciento; en términos de número de personas, pasó de 66.2 millones de personas a 66 millones, en este periodo”, revela el Coneval.

El 16 de marzo de 2022, al día siguiente del anuncio emitido por el Gobierno Federal en relación con el IMSS-Bienestar, Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud y hoy Diputado Federal del partido Movimiento Ciudadano (MC), tuiteó:

“La decisión del Ejecutivo de trasladar los servicios de salud de la población sin cobertura al IMSS-Bienestar es una nueva improvisación, un gravísimo error (…) Primero, el hecho contundente que confirma esta decisión del Presidente es el fracaso que significó la desaparición del Seguro Popular –en 2019– y el invento del Insabi (…)”.

“(…) Tras tres años, en nada han mejorado las condiciones del sector salud. Por el contrario, hay disminución en la capacidad del sistema y un desabasto que no se había visto en décadas; todo ello por la toma de decisiones sin evidencia, con improvisación y con desprecio al conocimiento (…)”.

“(…) Preocupa cómo y qué se vaya a hacer con esto. Hacerlo a mitad del sexenio presupone que no habrá tiempo para una implementación correcta. Sin intentar ser aves de mal agüero, desde hoy vaticinamos, con dolor, un nuevo fracaso en perjuicio de la salud de las y los mexicanos (…)”.

Ampliación y carencias

De acuerdo con el plan anunciado en la mañanera del 15 de marzo de 2022, el “nuevo modelo” apoyado en el IMSS-Bienestar comenzaría a operar en 13 de los 32 estados: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Campeche, Colima y Ciudad de México (CDMX), que absorbería sus institutos de salud.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que en el diagnóstico de los servicios sanitarios de Nayarit (a partir del 1° de abril se hicieron pruebas en este estado, Tlaxcala y Colima) se detectó que en 277 unidades médicas se necesitarán mil 629 trabajadores (453 médicos generales, 68 médicos especialistas y mil 108 enfermeras), además de equipos para brindar atención al primer, segundo y tercer nivel.

El proyecto de ampliación y cobertura del IMSS-Bienestar se completará hasta el término del sexenio en 2024, con una inversión de 200 mil millones de pesos (mdp), se anunció en esa misma conferencia en Palacio Nacional, aunque no se abordaron los problemas que surgirán con la absorción de los 32 sistemas de salud estatales, en las 14 entidades gobernadas por la oposición y en las que gobierna el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que todos tienen problemas financieros.

Hasta ahora se desconoce cómo marchan esas negociaciones debido a que, en las primeras 13 entidades donde se aplica el plan de expansión del IMSS-Bienestar, 11 tienen gobernador de Morena, uno es del Partido Acción Nacional (PAN) y otro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Trascendió que al margen de la pérdida de su control sobre la infraestructura sanitaria local, los 18 mandatarios morenistas estarían dispuestos a que sus servicios de salud pasen a depender del Gobierno Federal, pero no los gobernadores priistas, panistas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como ocurrió cuando se opusieron a la centralización con base en el Insabi, al que consideraron inviable.

Consultado al respecto, Andrés Castañeda, coordinador de la Causa Salud y Bienestar, de la organización Nosotrxs, informó a buzos que de hecho, hace año y medio, se firmaron algunos convenios entre la Federación y varias instancias para que se transfirieran al Insabi inmuebles y trabajadores de la salud, pero que finalmente no se concretaron.

El analista explicó que no se aclara el futuro del Insabi, ni quién tendrá la rectoría del sistema sanitario, es decir, si será el IMSS-Bienestar o la Secretaría de Salud Federal; tampoco se conoce el papel de los gobiernos estatales, debido a que el Gobierno Federal no ha definido las reglas de operación.

“En los hechos, lo que entendemos con este anuncio (del 15 de marzo de 2022), es que el IMSS-Bienestar será el que realmente absorba tanto instalaciones, como los contratos de los profesionales de los gobiernos estatales”, advirtió Castañeda.

“Se necesita saber si la secretaría –de Salud federal– mantendrá sus funciones rectoras del Sistema de Salud (planeación, coordinación y orientación general) o si habrá cierto nivel de rectoría a nivel local… Y también, ¿qué va a pasar con todos los funcionarios? Hay que considerar que los estados no solo tienen estructuras de atención, es decir, hospitales y clínicas, sino también una estructura administrativa”, destacó.

Castañeda afirmó que tampoco está claro si el Insabi se convertirá en un financiador de los servicios sanitarios como era el Seguro Popular (SP) –desmantelado por el gobierno de AMLO en 2019– función para la que carece de reglas operativas específicas.

“En un principio, y desde su presentación, se buscaba que el Insabi se volviera, no como el Seguro Popular, que era nada más un financiador, con reglas de operación muy claras y montos capitalizados (presupuesto calculado por persona en cantidades iguales), etcétera, sino que se volviera un prestador de servicios. Y esto hay que decirlo: el Seguro Popular nunca prestó servicios; quienes prestaban los servicios eran los gobiernos de los estados; lo que hacía el Seguro Popular era financiar esos servicios”.

Trabajadores de salud “en el aire”

La enfermera de profesión Martha Medina Gómez, secretaria general del Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social (SDATSS) –alterno al Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS (SNTSS)– dijo a buzos que la contratación de los trabajadores de los institutos estatales de salud, podrían generar varios problemas.

Precisó que los trabajadores del IMSS están sindicalizados a nivel federal (incluidos los del IMSS-Bienestar, unos en el mayoritario SNTSS y otros en el SDATSS); y sus derechos laborales están regidos por un contrato colectivo de trabajo, es decir, al amparo del apartado A del Artículo 123º de la Constitución; mientras que los trabajadores de las instituciones locales lo están en el apartado B y dentro de las condiciones generales para los trabajadores al servicio del Estado.

Medina explicó que la anunciada transferencia de servicios sanitarios estatales al IMSS-Bienestar necesariamente implicará que los trabajadores locales acepten voluntariamente incorporarse a éste; pero esta posibilidad es solo asertiva o supuesta; además de que entre los trabajadores del IMSS hay dudas al respecto.

“Sí, hay muchas lagunas en materia de nosotros, de los trabajadores, de los profesionales de la salud; hay inquietudes en cuanto a esto. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a hacer a nosotros con condiciones generales de trabajo (apartado B) o ellos (los trabajadores estatales de la salud) pasarán acá?, pregunta la lideresa sindical.

Pero el proyecto para convertir el IMSS-Coplamar en IMSS-Bienestar no solo está provocando incertidumbre entre los trabajadores, sino que, además, el Sistema Nacional de Salud continúa en proceso de descomposición y cada vez está volviéndose más fragmentado y excluyente, como afirman las organizaciones civiles especializadas en su análisis.

Los expertos aseguran que esto se evidencia en que el acceso a los servicios de salud integrales está predominantemente asociado al régimen laboral, es decir, a los servicios brindados por el IMSS a las personas que tienen un trabajo formal; mientras que los mexicanos que trabajan en el sector informal carecen de atención médica, servicios y prestaciones sociales.

Además, el presupuesto para el Sistema Nacional de Salud, denuncia el análisis, resulta insuficiente y está estancado, a pesar de la pandemia de Covid-19, en cuya atención se concentraron recursos públicos y se descuidó el tratamiento de otras enfermedades graves. Hoy, el presupuesto por persona es extremadamente inequitativo entre la población con afiliación a la seguridad social y la que carece de ella.

“La fragmentación del acceso a servicios se agrava con la insuficiencia presupuestaria. México es de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos gasta en salud; pues destina solo 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cuando 6.6 por ciento es la proporción promedio de los países que conforman este organismo internacional.

“Esto se refleja en las debilidades de infraestructura hospitalaria y de recursos humanos que enfrentamos. Tenemos, por ejemplo, una baja proporción de personal de enfermería con respecto a médicos: 1.2 versus 2.7, que es el promedio de la OCDE”, expone el análisis.

En tanto el 27 por ciento de la población (porcentaje equivalente a 33.8 millones de personas), recibe servicios de salud a través del Insabi-IMSS-Bienestar, instancia pública federal que no brinda servicios y prestaciones de seguridad social, ni otorga pensiones.

Aclara, asimismo, que la afiliación de una persona a los servicios públicos del Estado no garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud, como lo evidencia el hecho de que “el 34 por ciento de la población afiliada al Seguro Social recurre a los servicios privados, principalmente consultorios dependientes de farmacias”.

El “nuevo” IMSS-Bienestar

El IMSS-Coplamar, hoy IMSS-Bienestar, desde su creación, funcionó con presupuesto insuficiente; y ahora solo cuenta con instalaciones sanitarias en mil 328 de los dos mil 456 municipios de 19 de 32 estados de la República.

Fue creado durante la administración del expresidente José López Portillo (1976-1982), con base en un convenio entre el IMSS y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), de la Presidencia de la República.

Luego cambió su denominación, según la política social de administraciones federales posteriores: en el sexenio de Carlos Salinas cambió de nombre a IMSS-Solidaridad; a IMSS-Oportunidades, con Vicente Fox; a IMSS-Prospera, con Enrique Peña Nieto y a IMSS-Bienestar con AMLO.

En febrero de 2022 tenía un padrón de 11 millones 678 mil 723, con la mayoría ubicada en Chiapas, con dos millones 92 mil 221 personas; Michoacán, con un millón 183 mil 336; Oaxaca, un millón 262 mil 316 y Puebla, un millón 261 mil 217 personas.

Su infraestructura sanitaria es predominantemente de primer nivel, es decir, con enfoque preventivo, consulta básica, laboratorios de análisis clínicos, educación para la salud y detección temprana de enfermedades y algunas cirugías de segundo nivel.

Carece de infraestructura propia para la atención de tercer nivel, es decir de alta especialidad y uso de tecnología moderna, a diferencia de los centros sanitarios del IMSS de “régimen obligatorio”, donde se atienden embarazos de alto riesgo y cuidados intensivos para bebés de entre 0 y 28 días de nacidos.

En el segundo nivel están los hospitales generales, donde se atienden urgencias y hospitalizaciones por padecimientos de mediana gravedad, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y medicina interna.

En el tercer nivel están los hospitales de alta especialidad y subespecialidad, que cuentan con equipo tecnológico avanzado y atienden a personas con padecimientos graves, complejos y de alto riesgo.

El IMSS-Bienestar opera con 26 mil 500 trabajadores de salud; tiene cuatro mil 63 unidades de atención; entre éstas, 80 hospitales con servicios de segundo nivel, y de primer nivel, en tres mil 622 unidades sanitarias, 37 Centros de Atención Rural Obstétrica, 184 brigadas de salud y 140 unidades médicas móviles, según el documento Municipios y Programa del IMSS-Bienestar con datos actualizados a 2022.