El tratamiento que el Gobierno Federal aplica a los más graves problemas económicos y sociales del país siempre ha sido imitado por los gobiernos estatales y municipales sin ninguna actitud crítica, ningún intento de mejorar o enmendar alguna falla o deficiencia; no consideran la necesidad de matizar el lineamiento general para aplicarlo de acuerdo a las condiciones particulares del estado o del municipio en cuestión. Se trata de una forma de la obediencia ciega, incondicional, absoluta, expresión de la mayor confianza y fidelidad a la autoridad máxima del país ante la que buscan congraciarse y probar que son los más fieles subordinados.

La forma en que las dependencias federales atienden las necesidades, las demandas concretas de la población mexicana, repercute inmediatamente en la política local; antes de que reciban instrucción alguna, los gobernantes estatales y municipales copian sus respuestas, pues su capacidad de imitación es muy alta.

Un ejemplo de esta calca es la política del gobierno del Estado de México, especialmente en lo que se refiere a la atención de los problemas sociales, de los programas destinados al mejoramiento de las condiciones de vida, obras, servicios y apoyos para el desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales. El gobierno de esta entidad replica la “austeridad”, la negativa a atender graves problemas y la parcialidad que se observa en la asignación de recursos por parte del nuevo Gobierno Federal; esta imitación no parece obedecer a una actitud casual, sino a la decisión de ceñirse fielmente a los lineamientos trazados por el nuevo jefe del Ejecutivo Federal.

En el reporte especial de esta semana se plantea la repercusión de la política aplicada por el gobierno de la Cuarta Transformación en el campo mexiquense y en municipios muy poblados, en los que el rezago social es el signo distintivo. Las políticas de “austeridad” impulsadas por el Presidente han dado pie a la asignación inequitativa de las partidas presupuestales, a la injusta desproporción en los recursos destinados a municipios muy marginados y con una alta densidad poblacional, que recibirán menos recursos que otros con menor población y rezago, favorecidos por el nuevo Gobierno como efecto de su afinidad política con el partido en el poder.