En las últimas semanas, el Gobierno Federal ha pregonado su preocupación por la educación en México a los cuatro vientos; pero ha dado más de un motivo para pensar que es solo para guardar las apariencias, porque no ha mostrado ningún interés en proteger y procurar el bienestar general de los estudiantes.

Esto fue evidenciado en su decisión de ordenar la vuelta a clases presenciales cuando el número de contagiados de Covid-19 se incrementa y con el menor aumento autorizado al gasto educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021. Cuando el proyecto de éste se presentó en el Congreso de la Unión ya llevábamos casi un año de pandemia y el gobierno sabía que era necesaria una estrategia de apoyos para que los estudiantes no abandonaran sus estudios. A pesar de ello, el sector educativo recibió un presupuesto de apenas 0.4 por ciento mayor en términos reales que el del año pasado.

En ese gasto también destaca la ausencia total de recursos destinados a programas que ayudarán a superar las brechas en el acceso y uso de tecnologías de comunicación en los estudiantes, pese a que una encuesta de la Organización de las Naciones para la Infancia (Unicef-ENCOVID-2019) demostró que solo el 5.5 por ciento y el 7.7 de los estratos de la población con niveles de ingreso más bajos tenían computadora y acceso a Internet. Una encuesta posterior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi-ENDUTIH, 2019) reveló que solo el 56.4 por ciento de los hogares con niños tenía conexión a Internet y el 44.3 por ciento con computadora.

Otro claro ejemplo del menosprecio del gobierno vigente hacia la educación es el recorte aplicado a las becas de estudiantes mexicanos en el extranjero. Pese a que esta decisión no fue tomada por el Presidente, la directriz para eliminar o reducir estos apoyos viene aplicándose desde 2019. En su conferencia mañanera del tres de enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió: “se acabó el turismo académico… que no vayan a pasear a costa del erario”. Además, indicó que ahora el trabajo científico puede realizarse a través de Internet y criticó a los investigadores por pedir dinero para salir al extranjero en tiempos de austeridad.

Posteriormente, en febrero del mismo año, en una entrevista con el periódico El Universal, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, afirmó que “hay becarios que podrían estar formándose mejor acá y costándole al erario público mucho menos. Estamos decidiendo, de hecho, si va a haber nueva convocatoria para becas en el extranjero para este año”. Estas amenazas del nuevo gobierno se concretaron en marzo de 2021, cuando el Conacyt publicó sus convocatorias y en ninguna se ofreció apoyo para realizar estudios de posgrado en el extranjero, salvo algunas para ciencias de la salud y bellas artes (dos). Entre 2018 y 2020, de acuerdo al II Informe de Gobierno, las becas que otorga el Conacyt disminuyeron 17 por ciento. También se han reducido de 14 a seis las opciones de acceso a becas; y la única convocatoria nueva fue creada para estudiantes que residen en ciertos estados.

El repudio del Gobierno Federal hacia la educación y la ciencia provocará que el país profundice aun más su atraso económico y social. Recordemos que no solo ha perjudicado a los estudiantes que se encuentran en formación académica superior, es decir a quienes serán los próximos científicos, sino que, desde octubre de 2020, recortó los recursos destinados a desarrollar ciencia y tecnología mediante fideicomisos del Conacyt, los que de por sí eran insuficientes. La educación en México se encuentra en crisis, por eso urge que todos los mexicanos nos organicemos para evitar que el gobierno de AMLO profundice en los problemas del país y que los daños que está causando sean irreversibles.