Problema crónico, y que el gobierno en turno tampoco ha atendido, es la obsolescencia de la infraestructura hidráulica. Específicamente por el deterioro de redes: “En el Valle de México se desperdicia aproximadamente la mitad del agua” (ONU, CNN, 12 de octubre de 2021). “El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha reportado que en la capital del país se desperdicia más del 40% del suministro de agua a causa de las fugas (…) la Gaceta UNAM informó que se pierden 21 mil litros por segundo de cada 63 mil que llegan al Valle de México por falta de mantenimiento e infraestructura defectuosa” (BBVA, 18 de marzo de 2022).

El riego agrícola padece grave deterioro. México es el sexto país en superficie irrigada, pero por sistemas obsoletos de conducción y aplicación se desperdicia el agua. “El contraste es enorme entre los sistemas de regadío de alta tecnología en estados como Baja California, Chihuahua o Sinaloa que disponen de la mejor tecnología para el riego, mientras que en el sureste y Chiapas se mantienen sistemas arcaicos” (José Luis Luege, Forbes, 18 de octubre de 2021). Además, el gran capital disfruta tarifas irrisorias, que muchos inversionistas extranjeros aprovechan para reducir sus costos de agua. “El agua para uso agrícola es virtualmente gratuita, no paga derechos por el uso del recurso y además recibe un alto subsidio en el costo de la energía para los casos en los que se utilizan aguas subterráneas…” (Consejo Consultivo del Agua, A.C.). Dicen expertos: “El agua a la agricultura no le está costando, o sea, la tarifa para el uso agrícola es cero, cuando en otros usos sí es mucho más caro…” (Jürgen Mahlknecht, Tecnológico de Monterrey, Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología del Agua del Centro del Agua para América Latina y el Caribe). Además, según el investigador, solo cinco por ciento de los sistemas de riego es por goteo; 80 por ciento de los campos agrícolas se riega por inundación, perdiéndose así el 60 por ciento del agua por evaporación y filtración.

Gran parte del agua está contaminada. “Más del 70% de los ríos, lagos y presas tiene algún grado de contaminación, según un estudio sobre la protección de cuerpos de agua en 2018” (CNDH, UNAM, CNN, 12 de octubre de 2021). El sector agropecuario genera 62 por ciento de aguas residuales contaminadas con cargas orgánicas, plaguicidas y fertilizantes (Consejo Consultivo del Agua, A.C.). Y únicamente 47.5 por ciento de las aguas residuales recibe tratamiento (Ibid.). Agréguese “… la ausencia de una regulación y vigilancia eficaces de descargas de aguas residuales, así como la impunidad y falta de cumplimiento de la normatividad” (Ibid.).

La problemática regional es alarmante. Caso crítico es el Valle de México. “El sistema de presas del Cutzamala está en un estado crítico (…) José Antonio Benjamín Ordóñez, investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, advierte que (…) de continuar la crisis sin medidas de reforestación o gestión del uso del agua, el sistema Cutzamala podría colapsar (…) la estrategia del gobierno de la Ciudad de México se centra en una nueva planta potabilizadora y en abastecerse de presas cercanas que le dan servicio a otras comunidades (…) sin embargo, Ordóñez advierte que pese a ser un ‘plan práctico’ para el corto plazo, no soluciona el problema crónico de abastecimiento (…) del agua que hay actualmente en las presas que conforman el sistema del que se alimenta la ciudad (…) el consumo que se hace de ella (es) insostenible” (El País, 29 de abril de 2021). El gobierno de la “Cuarta Transformación” sencillamente no puede resolver.

Algunos otros problemas regionales graves, solo a título de ejemplo. El caso de Sonora, donde los yaquis de la región de Obregón se resisten al despojo de su agua; la contaminación de las aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México vertidas al Valle del Mezquital, Hidalgo, añejo problema que causa múltiples enfermedades entre la población de esta última región; la contaminación del sistema de cenotes en la Península de Yucatán; el azolve de lagos y lagunas, destacadamente en Michoacán; las recurrentes y devastadoras inundaciones del río Grijalva, en Tabasco, que hacen necesaria la construcción de un gran sistema de infraestructura hidráulica. En fin, –con implicaciones de soberanía nacional–, la situación de la presa La Boquilla, en Chihuahua, cuyas aguas son vitales para el riego regional, y que el gobierno escamotea, ocasionando conflictos como el de septiembre de 2020, mostrándose incapaz de conciliar los tratados internacionales con las necesidades del país.

En suma, el desarrollo de México y la puesta en marcha de un nuevo modelo económico demandan atención efectiva al problema del agua, en todos sus aspectos, lo cual requiere de la imprescindible participación de comunidades, productores y expertos en el diseño de planes especializados, para alcanzar un mayor nivel de concreción. Por mi parte, señalo aquí solo algunas acciones generales sobre muchas de las cuales existe incluso un amplio consenso.

Por principio debe garantizarse (como ordena la ley) que todos los pueblos y colonias populares, todos los hogares mexicanos, tengan acceso a agua entubada de buena calidad. Eliminar la anarquía en el otorgamiento de concesiones de explotación del agua y la irracionalidad en el empleo del recurso, causante de aumento en la huella hídrica y amenaza a la sustentabilidad. Regular enérgicamente el uso agrícola, elevando las tarifas a los grandes corporativos empresariales (muchos de ellos extranjeros) que usan nuestra agua para exportar productos agrícolas de alto valor agregado y agotan los acuíferos. Garantizar asimismo un manejo integrado de cuencas hidrográficas; modernizar los sistemas de riego, por ejemplo, ampliando el uso de sensores remotos; detectar saturación, aplicar microirrigación. En fin, tecnificar para optimizar el uso del agua. Asimismo, el gobierno debe aplicar un extenso programa de construcción de represas para uso agropecuario.

Recurrir en mayor medida a la reutilización, el reciclaje y la cosecha de agua de lluvia. Instalar plantas desalinizadoras (algo se viene haciendo en zonas costeras del noroeste), crecientemente empleadas en países con escasez de agua dulce, como Israel, líder mundial. Modernizar la infraestructura hidráulica mediante un aumento significativo del gasto público en construcción, equipamiento y mantenimiento de sistemas de conducción y distribución urbanos, en presas y canales, y plantas tratadoras de aguas residuales. “Para alcanzar la sustentabilidad y seguridad hídrica a nivel nacional se necesitan al menos 21 años, con un ritmo de inversión anual por el orden de los 49,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)” (Expansión, 1º de marzo de 2021). Ante semejante situación, evidentemente, nada pueden los “apoyos individuales” con que el presidente López Obrador aparenta resolver los grandes problemas nacionales.

En fin, debe establecerse un programa permanente de educación, desde las escuelas y a través de los medios de comunicación, para un uso responsable del agua. Es indispensable crear esa cultura. Entre otras, que los expertos podrán puntualizar, las medidas aquí propuestas son de necesaria aplicación para preservar tan valioso recurso y para crear las condiciones necesarias para establecer un nuevo modelo económico que eleve la competitividad nacional y el nivel de vida de nuestro pueblo.