“Cada vez que se habla del medio ambiente, se habla de un deterioro ligado a los intereses económicos y políticos del hombre, afectando directamente a uno de los derechos humanos elementales para la supervivencia: el derecho a un medio ambiente sano, que se decretó por primera vez en 1999, en el Artículo 4º constitucional”, dijo a buzos el activista Luis González Lozano, quien lidera Cambio de Ruta, organización no gubernamental (ONG) que en San Luis Potosí promueve la participación ciudadana en defensa de los derechos humanos y el equilibrio ecológico.

González Lozano invocó esta figura legal debido a que, en enero pasado, la entidad potosina registró 18 denuncias de delitos ambientales, cifra que la ubica en el tercer lugar nacional, solo superada por la Ciudad de México, que reportó 43, y el Estado de México, donde se denunciaron 36 delitos. Esto “deja al descubierto que en San Luis Potosí se está consumando un desastre ambiental. El declive que se observaba desde hace años en modo estructural, finalmente reventó desde varias vertientes, por las constantes omisiones de todos los niveles de gobierno”, subrayó.

Las regiones del estado con más afectación ambiental son la Centro, donde se ubican la capital de San Luis Potosí y su área metropolitana, en cuyo caso el mayor problema lo representa la contaminación del aire, debido fundamentalmente a las ladrilleras, los parques industriales y al imparable uso de vehículos automotores, según expertos en ecología.

En la zona Huasteca, el suelo y los cuerpos de agua se han ido contaminando, ya que la mayoría de los municipios no cuentan con rellenos sanitarios regulados con normas sanitarias y las aguas residuales son depositadas en ríos. En días pasados, habitantes de la zona dieron a conocer que el río Huichihuayan recibe sistemáticamente descargas residuales provenientes de una fábrica de jugos. En la Sierra de Álvarez es frecuente el rechazo de los pobladores a las emisiones de polvo contaminante de la empresa Cal Química de México.

Los ciudadanos denunciantes de este atentado contra su salud responsabilizan también a las autoridades ambientales, entre ellas la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya titular Yvett Salazar Torres ha hecho caso omiso de las denuncias de violación a las leyes ambientales contra empresas de diferentes giros.

Amenaza a la salud de los potosinos

Fernando Díaz Barriga, coordinador del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), explicó que “ambientalmente San Luis Potosí es una ciudad del siglo pasado”, pues la falta de monitoreo en la calidad del aire y la contaminación del agua por empresas mineras, aunada a la proliferación de hornos de ladrillo en el norte de la capital, son una amenaza constante para el desarrollo sostenible de la ciudad y la salud  de los potosinos, quienes respiran cada vez más sustancias tóxicas y cancerígenas.

“El agua es un tema que tiene que ser fundamental en ámbitos de investigación y aplicación de estrategias. Este recurso natural se está acabando; además, el flúor y el arsénico aumentarán por la contaminación de las industrias; limpiarla también será un problema, pues en el futuro se transformará en un problema económico, una dificultad social que se convertirá en violencia. Es un problema urgente que nadie quiere atender”, recomendó el especialista.

Alfredo Ávila Galarza, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, sostiene que los niveles de contaminación en las zonas urbanas de la entidad implican un alto riesgo a la salud de pacientes con enfermedades cardiacas y pulmonares. “En los últimos años, los contaminantes se han incrementado, causando estragos en el clima y en la calidad de vida de los ciudadanos”.

Hoy, enfatizó, los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí pueden constatar la presencia de un fenómeno amenazante: la inversión térmica. Este fenómeno, detalló, “está presente cuando en las noches despejadas el suelo ha perdido calor por radiación, las capas de aire cercanas a él se enfrían más rápido que las capas superiores de aire, por lo que se genera un gradiente positivo de temperatura con la altitud (lo que es un fenómeno contrario al que se presenta normalmente, la temperatura de la troposfera que disminuye con la altitud)”.

Esto provoca que la capa de aire caliente quede atrapada entre las dos capas de aire frío sin poder circular, ya que la presencia de la capa de aire frío cercana al suelo le da gran estabilidad a la atmósfera, porque prácticamente no hay convección térmica, ni fenómenos de transporte y difusión de gases, y esto hace que disminuya la velocidad de mezclado vertical entre la región que hay entre estas dos capas frías de aire.

Urge que el gobierno del estado impulse un programa que reduzca la contaminación en la capital, su zona metropolitana y toda la entidad. El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) desarrolló una calculadora para identificar los daños en salud provocados por partículas de 10 micras (PM10) y cuantificar los impactos económicos que se derivan de los mismos.

Esta herramienta busca generar, con base en evidencia sólida, información útil para impulsar políticas públicas más efectivas con el fin de mejorar la calidad del aire en las ciudades mexicanas. Este aparato, único en su tipo, relaciona los daños en la salud con sus costos asociados, analiza la calidad del aire de 34 ciudades mexicanas con más de un millón 500 mil habitantes, de las que ofrece resultados desagregados.

Entre estas ciudades no figura la capital de San Luis Potosí, y ante la falta de estadísticas oficiales desde 2010, Imco da por hecho que su concentración de contaminantes promedia las mismas observaciones que se advierten en las ciudades con un millón a 10 millones de habitantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado en 20 puntos el límite de partículas aceptables para la salud; la zona metropolitana de San Luis Potosí tiene una concentración promedio de 52.50, más del doble de lo permitido. Las consecuencias sanitarias de la contaminación ambiental en los habitantes de esta ciudad cada año, según el Imco, son: 80 muertes directas, 257 hospitalizaciones y 14 mil 691 consultas.

Infracciones a la ley ambiental

Las denuncias por infracciones a la ley ambiental van en aumento en todas las regiones potosinas. El pasado 14 de marzo, tras el fallo de un Tribunal Federal, fue impugnado un amparo para establecer un programa de manejo en la Sierra de Álvarez, decretada Área Natural Protegida (ANP) el siete de abril de 1981, formada por una superficie de 16 mil 900 hectáreas distribuidas en los municipios de Villa de Zaragoza, Armadillo de los Infante y San Nicolás Tolentino, a una hora de la capital potosina.

Es una de las 75 áreas naturales de competencia federal en el país que no cuentan con un programa de manejo que brinde certidumbre a las autoridades encargadas de su cuidado, así como a los propietarios, usuarios y vecinos que residen y lleven a cabo actividades laborales en este territorio.

En entrevista con buzos, González Lozano dijo: “la Sierra de Álvarez, es un ANP sin un programa de manejo; existe desde 1981, el problema que se adquiere al no tener un programa de manejo es que el decreto por sí solo no defiende el área, es un error considerar que al tener este título ‘hay un algo’ que la esté protegiendo, porque se requieren reglas de manejo para delimitar el área y saber qué se puede hacer, o no, en esta zona, si habrá actividades reguladas, prohibidas; si se van a permitir ciertas actividades con límites, etcétera”.

Sierra de Álvarez no cuenta con un programa de manejo desde hace 38 años y la misma ley dice que debe existir este programa un año después de que se declare ANP. Pero han transcurrido “más de tres décadas y aún no se tiene este documento, ya es demasiado; lo que deja ver es que hay intereses que han impedido que se concrete este programa de manejo. Un ejemplo muy claro: En San Luis Potosí se decretó, hace aproximadamente año y medio, el ANP Gogorrón, su programa de manejo salió en febrero del año pasado; se tardó menos de un año en realizarse. Pero por qué Sierra de Álvarez aún no se decreta área protegida”, observó el activista.

González Lozano explicó que el programa de manejo es vital para la supervivencia de la propia área; pero además, en 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 26 para caracterizar como violación a los derechos humanos la falta de los programas de manejo y actualización. Este cúmulo de información se ha estado utilizando para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) la emisión de un programa de manejo.

Con base en la misma argumentación, “Cambio de Ruta promovió un juicio de amparo y un juez federal nos dio la razón, ya que la omisión de un programa de manejo origina una violación de los derechos humanos”, detalló el activista.

“Desafortunadamente, Semarnat y Conanp impugnaron este amparo, y derivado de esa acción, un tribunal colegiado determinó que no había afectación de derechos humanos; los pobladores de la zona que se sumaron y promovieron este amparo no recibían esta afectación, criterio con el que no estamos de acuerdo”.

En peligro, Sierra de Álvarez

González Lozano indicó que en 2018 las cámaras de video de la Conanp grabaron en uno de sus bosques a un puma, especie que se creía extinta en dicha zona. “Esto lo divulgó la propia autoridad, incluso hay estudios del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), donde varios científicos han establecido que en esta zona hay bosques primarios que son primordiales para la recarga de mantos acuíferos, que es muy importante para el valle de San Luis Potosí. En contraposición, existen intereses económicos muy fuertes de industria extractiva, industria minera, bancos de materiales y algunos fraccionadores”.

“Nosotros vemos en la calera una industria que afecta la zona. Es una industria nociva que debería ser regulada de alguna manera, y creemos que un programa de manejo contribuiría a que tuvieran conocimiento de cómo debe actuar esta industria cuando termine su título de concesión, ¿qué se hará en términos de cierre, remediación y mitigación? No lo sabemos, el ecosistema de la Sierra de Álvarez está en peligro sin que aún se tenga un programa de manejo”, advirtió.

Al respecto, Marcos Algara Siller, coordinador de Agenda Ambiental de la UASLP, señaló que uno de los principales aportes a la biodiversidad en la Sierra de Álvarez son los encinos. “Son más de 30 especies identificadas en este momento; durante años, investigadores del Ipicyt han estudiado el bosque de encinos y su perspectiva con el cambio climático.

“La Sierra de Álvarez se ubica al este, localización que hace que llegue la humedad que proviene del Golfo de México, convirtiéndola así en una sierra que capta esta infiltración de agua. Aunque las precipitaciones no son muy elevadas, según los datos que arrojan las estaciones meteorológicas, ubicadas en esta zona, recibimos 500 milímetros de lluvia al año, que permite que la Sierra de Álvarez sea fundamental para la recarga de los mantos acuíferos”, explic ó Algara Siller.

El experto asegura que “existe un interés de conservación de especies, fauna y flora, además de la captación de la humedad desde el Golfo de México. Nos preocupa la actividad de la empresa Cal Química, que ostenta una concesión para la explotación por 167 años. Esta calera no solo quita tres o cuatro rocas, a diario son muchas toneladas y el impacto es considerable. Existe el temor de que las afectaciones continúen, aumentando daños como el ruido, el polvo, las afectaciones al suelo, a la roca, fauna, flora y al agua. Además, existe el peligro del desarrollo habitacional. Todo esto es alarmante, debido a que no existe una regulación, un plan de manejo”.

Alejandra Meléndez Rangel, habitante del Valle de los Fantasmas, sitio que forma parte de la Sierra de Álvarez, denunció la falta de interés y compromiso por parte de las autoridades estatales y federales, quienes desde hace décadas han hecho caso omiso a sus demandas contra la permanente contaminación generada por la Calera y, sobre todo, por la falta de un programa de manejo, que vendría a proteger totalmente la zona.

“Incluso han venido hasta la sierra algunas autoridades de la Conanp para hacer consultas públicas, pero de nada han servido, porque continuamos sin tener el documento; creemos que hay intereses económicos muy grandes que ponen trabas para que esto no sea posible. Los pobladores de la Sierra de Álvarez continuaremos con esta lucha, junto con algunas organizaciones ambientalistas y el apoyo de investigadores especializados”, expresó la afectada.

El coordinador de Agenda Ambiental dijo que a pesar de ser una región considerada ANP y de la demanda reiterada de un programa de manejo para ella, persiste la actitud negativa de las autoridades municipales y de la entidad. “Asistí a las consultas públicas que realiza la Conanp en la Sierra de Álvarez para analizar un trabajo relacionado con el plan de manejo, pero aún no se ha publicado, esto fue en agosto del año pasado, hace ocho meses, por lo que la molestia de los activistas y los lugareños, es más que justificada.

“Al respecto, hicimos algunas observaciones, detalles que no estaban claros, falta de precisión, había contraposiciones. Un ejemplo de esto es el uso del agua, ya que se establecía que quedaba prohibida cualquier intervención humana, por lo que una obra para este servicio no sería aceptada; pero al haber una familia pobre que habita en la zona, entonces ¿tendría que contratar pipas de agua desde San Luis Potosí y pagar el servicio diario, porque tiene prohibido hacer modificaciones en el predio a menor escala? ¿Cuánto se gastaría por adquirir pipas? Sería algo casi imposible, pues la gente necesita el agua para autoconsumo, cultivos de autoproducción pues hay personas que viven de lo que cultivan. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo empatar las necesidades sociales con la protección del área? El trabajo no está pensado para una solución completa”.

En este tema existen puntos de transparencia que hay que atender. “La propia Ley de Transparencia es clara; si la información existe, pero no está disponible, no hay transparencia, y en este caso seguimos sin un plan de manejo. ¿Qué está pasando? Hay intereses que no permiten que esto concluya de la mejor manera. Se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no solo afectan a una persona, sino a la comunidad en general, por lo que su defensa y titularidad deben ser reconocidas en lo individual y en lo colectivo”, agregó el coordinador de la  ANP.