Cada año se reactiva en México el mismo debate sobre la tendencia del Producto Interno Bruto, si crecerá entre uno y dos por ciento, si será menor, o incluso si habrá una recesión económica. El debate cuestiona al gobierno en turno y su habilidad para lograr el crecimiento de la economía. Se supone que, de no lograrse, será muestra del fracaso de sus políticas en el periodo y la falta de confianza de los inversionistas en dichas políticas.

En ese contexto, a principios de 2025, el actual gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) presentó el Plan México. La Presidenta lo ha calificado como una prioridad de su administración: un proyecto destinado a fortalecer la economía nacional aprovechando el mercado interno y la producción local con mano de obra mexicana. En otras palabras, se busca encontrar motores nuevos y duraderos que impulsen un crecimiento sostenido y de mejor calidad. Hasta ahora, el avance más visible ha sido la autorización de tres mil 500 millones de dólares en inversiones.

Hace unos meses, a petición del propio gobierno mexicano, Mariana Mazzucato, reconocida economista experta en política industrial e innovación, junto con Lara Merling, realizó un análisis del Plan México. Los resultados del estudio no hicieron sino confirmar lo que numerosos académicos y líderes sociales del país ya han señalado en reiteradas ocasiones: la inversión pública es escasa, las desigualdades económicas y regionales son abismales, la dependencia de las cadenas globales de valor sigue siendo excesiva y el Estado mexicano adolece de una debilidad estructural.

El informe de Mazzucato sirve, sin duda, como un recordatorio de los problemas estructurales que aquejan al país. Sin embargo, contrasta abiertamente con las prioridades de la política social y económica de la 4T. Por ejemplo, el estudio subraya la falta de inversión pública, pero el gasto gubernamental, tanto del actual gobierno como del anterior, se ha orientado mayoritariamente a transferencias monetarias directas. Dado que el presupuesto es finito, esta decisión compite necesariamente con la inversión en infraestructura y desarrollo. Y los datos son elocuentes: desde 2018, cada año se establece un récord de disminución en la inversión pública.

Otro punto neurálgico es la debilidad del Estado. Mazzucato y Merling sostienen que se requiere una nueva arquitectura estatal, alineada con los objetivos de crecimiento, que lidere la relación entre el sector público y la empresa privada. Para ello se necesita un Estado fuerte, con recursos suficientes para encabezar el desarrollo esperado. Ello implicaría, necesariamente, una reforma fiscal que grave con mayor progresividad a quienes más tienen. Sin embargo, la promesa reiterada de los gobiernos de la 4T ha sido no aumentar impuestos a nadie.

Resulta casi imposible discrepar de las recomendaciones de las académicas: la urgencia de transformar el Estado mexicano es evidente. No obstante, su análisis omite un factor determinante: la relación asimétrica de México con la economía estadounidense. El Plan México, en realidad, busca profundizar la integración regional con América del Norte para hacer frente común a las importaciones asiáticas, especialmente las chinas. Cuando el Plan insiste en que la producción nacional debe superar a la importación, está apuntando directamente a China.

Pero esta estrategia, vista en perspectiva, nos condena a perpetuar una economía dependiente de Estados Unidos. El imperialismo norteamericano, desde hace más de un siglo, ha penetrado cada rama de la economía nacional y ha moldeado la política económica al servicio de sus intereses. Por eso, aunque Mazzucato y Merling aciertan al señalar los problemas internos, su diagnóstico se queda cojo cuando ignoran los factores externos que han impedido, década tras década, que la economía mexicana despegue de manera sostenida.