Estados Unidos (EE. UU.) consideró que había llegado el momento oportuno para presionar al gobierno mexicano, dejando atrás la fase de las propuestas de ayuda militar para combatir el tráfico de drogas, el crimen organizado, la violencia y la inseguridad pública; dejó de ofrecer cooperación para que ambos gobiernos combatan conjuntamente el narcotráfico y la violencia criminal y ahora ha entrado a otra fase, anunciando que declarará terroristas a los cárteles de la droga que operan en México, y ya sabemos que esta declaración implica perseguirlos en nuestro territorio, lo que obligaría a pasar de una etapa de dependencia económica a otra en que se normalice la presencia militar, el libre tránsito de tropas de aquel país, situación que en los hechos le permitiría al vecino del norte lograr mayor influencia en la política y la economía mexicanas y seguir saqueando sin freno de ninguna especie recursos naturales y humanos.

El gobierno de EE. UU. intentó muchas veces imponer su presencia militar, la entrada de sus tropas a nuestro territorio, su libre tránsito y la realización de tareas como el combate al tráfico de drogas y la persecución del crimen organizado en colaboración con las autoridades locales. Es muy sabido, gracias a la experiencia mundial, que el segundo paso sería el establecimiento de algo parecido a bases militares; y un tercer paso, la injerencia en el gobierno del país. Ése sería, en pocas palabras, el esquema para avanzar en sus planes injerencistas y de dominio global.

En los últimos meses, el gobierno yanqui ofreció sus servicios para perseguir el tráfico de drogas, cuyo mercado es fundamentalmente el pueblo norteamericano, que se convirtió hace mucho en el principal consumidor de sustancias ilegales en el mundo.

El aumento de la violencia y la inseguridad en México por la confrontación entre el Ejército y los cárteles de la drogas y la reciente masacre en el estado de Chihuahua sirvieron como pretexto a Donald Trump para reiterar su “generoso” ofrecimiento de ayuda militar; apoyo que, en su momento, declinó aceptar el Estado mexicano. Ahora, la peligrosa oferta se ha transformado en presión y hasta en la declaración de que los criminales son terroristas, lo que significa una tácita amenaza al provenir de un gobierno a cuyo mando se encuentra una persona con las características psicológicas de Trump. Una vez más, el imperialismo norteamericano anuncia su decisión de perseguir y hacer justicia en territorios donde no le corresponde en absoluto tener injerencia, aunque se sienta “el gendarme del mundo” sin que nadie lo haya designado y la mayoría de países lo repudie.

La incapacidad del gobierno imperialista para erradicar el tráfico y el consumo de drogas, extendido por todo su territorio, hace dudar de que su estrategia de combate frontal rinda frutos en México, habiendo fracasado en su propio país.

Varios factores se han conjugado para animar al presidente de EE. UU. a subir de tono sus declaraciones injerencistas: la fallida estrategia de combate al narcotráfico y a las adicciones en su propio país; la proximidad del cambio presidencial, para el que Trump y su partido necesitan ostentar méritos con miras a obtener votos y alzarse con el triunfo electoral; la necesidad de recuperar su prestigio y fortalecerse para enfrentar con éxito el juicio político al que lo han sometido sus adversarios, cuya fuerza va en aumento.

Y en México existen factores que permiten este atrevimiento: la creciente inseguridad pública, la inestabilidad económica, la debilidad mostrada por el gobierno mexicano desde principios del sexenio ante las amenazas arancelarias de Trump y su exigencia de frenar el flujo migratorio, que desembocó en la creación de un “muro humano” en nuestra frontera sur; todo esto parece haber ensoberbecido a la potencia mundial y engallado a su presidente para avanzar en su estrategia de intervención. Éste es el tema de nuestro reporte especial.