Sin una estrategia clara para combatir la violencia en México, en tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 4 mil 139 secuestros; es decir, un promedio de 115 secuestros mensuales, 27 semanales y 4 secuestros diarios, de acuerdo con datos de la organización no gubernamental Alto al Secuestro.

En la presentación por zoom de su informe mensual sobre secuestro, la Licenciada Miranda de Wallace, presidenta de la asociación, informó que el mes de noviembre fue el que más secuestros tuvo, al tener un alza del 10.8% respecto a octubre.

En tres años, 13 entidades se ubicaron por encima del promedio nacional de 3.68% en víctimas del delito de secuestro por cada 100 mil habitantes: Veracruz (10.57%), Morelos (9.45%), Zacatecas (8.18%), Quintana Roo (7.62) y Colima (6.30), encabezaron la lista. Le siguen Tabasco, Estado de México, Baja California Sur, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero e Hidalgo.

Wallace criticó la falta de una estrategia para detener los números rojos que azotan al país, así como el olvido en que se mantienen a las policías locales, ya que se le ha dado prioridad a la Guardia Nacional. “Una verdadera estrategia tendría que estar provista de recursos económicos, de materiales humanos, y no estamos viendo eso. Para todo se está usando a la Guardia Nacional”.

Explicó que la falta de acción de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que no ha atendido a víctimas de delitos federales, se debe a que todo lo están analizando en los propios estados, algo “preocupante”, pues éstos no cuentan con las herramientas necesarias para darles seguimiento a las carpetas de investigación.

“Es la primera vez que la FGR no atiende una sola carpeta de investigación para el caso de delito de secuestro”, afirmó.

Por lo anterior “las madres se ven obligadas a acudir al Zócalo, porque en sus estados no les brindan ayuda ni a desaparecidos ni a feminicidios ni a secuestros. Hay un abandono total a las víctimas de delito, por eso la gente ya no quiere ir a denunciar, porque no tiene los medios a veces siquiera para poderse transportar”, mencionó.

El Senado de la República, la Cámara de Diputados y el propio Ejecutivo deben revisar estos puntos, hoy tan abandonados, y etiquetar recursos y dárselos a las víctimas, pero también proveerlas de instrumentos legales para que tengan una mayor equidad, ya que “hasta ahora las leyes están hechas a beneficio de los procesados y no para beneficio de las víctimas”, invitó la activista social durante su informe mensual.