El pasado 10 de abril, miles de campesinos recordaron a Emiliano Zapata, uno de los caudillos más importantes de la Revolución Mexicana; dicen los historiadores que es un símbolo de la resistencia campesina en nuestro país; fue impulsor de las demandas agrarias, la justicia social, la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas de México.

40 mil campesinos, organizados en el Movimiento Antorchista Nacional,  recordaron al Caudillo del Sur durante una jornada de protesta en la que el gobernador Omar Fayad Meneses,  contra toda ley, los obligó a caminar más de 20 kilómetros al retener los autobuses que los llevaban a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde participarían en una multitudinaria marcha para denunciar la política de represión, miseria y marginación social en la que el gobierno de aquella entidad pretende mantener a un millón y medio de hidalguenses pobres, quienes representan la mitad de la población total del estado.

Pero las consecuencias del autoritarismo y la cerrazón gubernamental fueron más graves: uno de los camiones que transportaban a los campesinos fue interceptado por un vehículo oficial que le cerró el paso, provocando su volcadura y  que más de 20 personas resultaran heridas.

¿Qué más sigue en los planes del gobernador Omar Fayad, además de perpetuar la pobreza, la miseria extrema? ¿Prepara otros atentados criminales contra campesinos que solo piden obras públicas para sus comunidades?

El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), revela que en Hidalgo un millón 478 mil 836 son pobres. Si se toma en cuenta que la población de la entidad es de dos millones 900 mil, resulta que más del 50 por ciento sufre algún grado de pobreza.

En Hidalgo, dice el informe, “cerca del 52.8 por ciento de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios. Particularmente, en lo que respecta a la calidad y espacios en la vivienda, se observa que la mayoría de la población de los municipios habita en viviendas con hacinamiento o carece de piso firme, en promedio 5.7 y 2.7 por ciento de la población en estos municipios presentan estas carencias”. El estudio destaca, asimismo, que en lo concerniente a los servicios básicos en viviendas de estos municipios, el 7.1 y el 12. 9 por ciento, respectivamente, carecen de drenaje y chimeneas.

¿Cómo responde el gobernador a estas demandas? Responde ignorando las necesidades de sus gobernados y enviando a los cuerpos policiacos a reprimir a los activistas sociales o a los grupos inconformes que protesten contra su política.

Pese al bloqueo de carreteras ordenado por Fayad para impedir la protesta en su contra, al menos 10 mil hidalguenses se manifestaron en Pachuca e instalaron un plantón permanente en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. La realidad ya demostró el gobierno del estado está dispuesto a reprimir a los inconformes y poco le importan los derechos tutelados en la Constitución; por eso, los manifestantes responsabilizan desde ahora al gobernador de Hidalgo por cualquier agresión de que puedan ser víctimas.

El gobernador “primorenista” Omar Fayad, exhibiendo una profunda afinidad  política con el presidente López Obrador, sigue al pie de la letra la orden de no atender las demandas comunitarias de obras y servicios para pueblos y colonias, esgrimiendo el absurdo argumento de que no debe haber intermediarios. En días pasados, el secretario de gobierno de Fayad, Simón Vargas Aguilar, definió con las siguientes palabras esta política morenista: “La atención será directa con los beneficiarios. Las organizaciones podrán tener su trabajo, pero no la gestión, todo es a través de las personas en lo individual”. Esto explica la cercanía de AMLO y Omar Fayad. Ambos, por cierto, están haciendo que la inconformidad social crezca y tarde o temprano cosecharán lo que ahora están sembrando.

El comportamiento antipopular del gobernador de  Hidalgo debería preocupar a la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu; porque los políticos represores, prepotentes y autoritarios como Omar Fayad seguirán hundiendo en la impopularidad a su partido y preparando el terreno para que, en tres años y medio, el poder político caiga nuevamente en manos de Morena.

Pero si el PRI no llama a cuentas a su fallido gobernante, los antorchistas convocaremos a lo largo y ancho del país a nuestros militantes para obligar  al gobierno de Omar Fayad a que respete el derecho a la manifestación y la libre expresión de las ideas; la fuerza del antorchismo nacional le exigirá que deje de bloquear las carreteras con la policía y que no se atreva a encarcelar a los manifestantes o provocarles algún daño físico. Por lo pronto, diputados federales exigieron al Congreso de Hidalgo la remoción de Fayad del gobierno de esa entidad por las violaciones a los derechos humanos en que incurrió, el 10 de abril, al bloquear los derechos de manifestación; por la volcadura de un autobús con un saldo de 20 lesionados y por su culpabilidad en la tragedia masiva en Tlahuelilpan. Por el momento, querido lector, es todo.