Claudia Sheinbaum, caravanas migrantes, frontera sur, Donald Trump, aranceles a México
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La empresa AP American Protective, SA de CV, solicitó al Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México que obligue al Gobierno capitalino a pagar una deuda de 2 millones 17 mil 128.75 dólares, derivada de la compra de chalecos antibalas realizada hace 27 años.
La petición fue presentada el 13 de agosto por Ysolino Antón González, representante legal de la empresa, quien demandó el cumplimiento de la sentencia mediante la expedición de una carta de crédito, como fue ordenado en 2001, o mediante el pago directo en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
El monto reclamado equivale a aproximadamente 34 millones 215 mil 695 pesos.
El adeudo se originó en 1999, cuando la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal adquirió 8 mil 995 chalecos antibalas durante la gestión de Alejandro Gertz Manero.
El 20 de agosto de 2001, el mismo juzgado condenó al entonces Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, a cubrir la deuda mediante la expedición de una carta de crédito.
Desde entonces, el gobierno capitalino ha promovido diversos incidentes y recursos para impedir o modificar el cumplimiento de la sentencia.
Entre los argumentos planteados se encuentra que la partida presupuestal correspondiente fue ejercida durante la década de los noventa y que actualmente existe imposibilidad para emitir la carta de crédito debido a que Banco Bital, institución señalada en el contrato original, dejó de existir tras ser absorbida por HSBC.
Sin embargo, un juez federal estableció que el pago debe ajustarse a las condiciones actuales, con el tipo de cambio vigente, y que la carta de crédito debe ser emitida a través de HSBC.
La empresa sostiene que el adeudo acumula 25 años de incumplimiento y advirtió que, ante la falta de pago, solicitará el embargo de bienes del Gobierno de la Ciudad de México.
Durante el litigio, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue multada en tres ocasiones por incumplir la sentencia y promovió un amparo contra las medidas de apremio.
Hasta octubre pasado, dicho amparo continuaba en trámite. De acuerdo con lo documentado en el proceso, la siguiente medida de apremio sería el arresto, el cual correspondería a la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.
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El SNTSTC advierte que la falta de recursos para materiales, refacciones y equipos pone en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores, por lo que solicitó una mesa de diálogo urgente con la jefa de Gobierno capitalina.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera