Los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y protegen a todas las personas sin distinción de su origen étnico, sexo, nacionalidad, etc. Cuando se habla de derechos humanos se hace referencia a libertades fundamentales como la de pensamiento, expresión, religión, participación política, entre otros aspectos; pero poco se habla del derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a una vivienda, al agua, a la cultura, etc., que también son derechos humanos, pues permiten, al igual que las libertades, el desarrollo integral de las personas.

El reconocimiento de tales derechos ha dado a los individuos importantes herramientas de defensa frente al Estado y les ha permitido exigir el cumplimiento de éstos a las autoridades de nivel nacional e internacional. Si bien los derechos por sí mismos no brindan solución a los graves problemas que aquejan a la humanidad –provocados por un injusto sistema económico que por un lado engendra un puñado de grandes ricos y por otra condena a millones de personas a sufrir hambre, pobreza e ignorancia– son relevantes porque sirven como armas para denunciar y luchar en mejores condiciones contra las causas de fondo de las injusticias y males.

Si bien los derechos humanos deberían ser instrumentos para procurar el mejoramiento de la vida de las personas, reiteradamente son usados como consigna de naciones poderosas, sobre todo Estados Unidos (EE. UU.), para justificar acciones de intervención política o armada en otros países, cuyos gobiernos y sistemas económicos no son afines a sus intereses.

No hay que hacer grandes esfuerzos para verificar que las intervenciones en pro de los derechos humanos y la democracia han provocado la muerte de millones de civiles y la destrucción de infraestructura social y económica en los países afectados, como ha sido el caso reciente de Afganistán, Libia, Irak y Siria en África, el Cercano Oriente y Asia; o como ahora está ocurriendo en Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde hace unos días EE. UU. reactivó una campaña para desestabilizar a este país a través de los medios de comunicación y redes sociales, mediante la organización de protestas callejeras contra la supuesta dictadura de La Isla y valiéndose de la difícil situación económica que ésta enfrenta debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

Esta campaña tiene, sin duda, la clara intención de justificar la intervención militar del imperialismo estadounidense para eliminar al gobierno socialista de Cuba al que, junto a su pueblo, no ha podido someter después de un sinnúmero de ataques de toda índole criminal, entre los que resalta el bloqueo económico, que desde hace 60 años ha impuesto ilegítima y unilateralmente contra todos los principios del derecho internacional y que, por sí solo, ha violado los derechos humanos de millones de cubanos al impedirles el acceso a alimentos, medicinas, insumos, equipos médicos, tecnología, etc., ya que las empresas estadounidenses y las de otros países se exponen a sanciones administrativas si efectúan cualquier operación comercial con Cuba.

Al igual que con el bloqueo económico, las acciones que EE. UU. impulsa contra Cuba no tienen ningún respaldo jurídico del derecho internacional. Por el contrario, la actual campaña de desestabilización infringe abiertamente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuyo contenido, vinculante para todos los Estados miembros de la ONU, obliga al gobierno de EE. UU. a respetar la soberanía de La Isla, su libre determinación política, su libertad de elegir al gobierno que más le convenga, su sistema social, económico y cultural y a abstenerse de recurrir a las amenazas o al uso de la fuerza contra su independencia política.

Con todo esto, solo queda por decir: si lo que realmente preocupa al gobierno de Washington es el respeto a los derechos humanos en Cuba, muy bien haría en revisar la resolución que recientemente se votó en la Asamblea General de la ONU –que se ha repetido desde 1992– por que se levante el bloqueo económico contra Cuba, ya que de negarse a obedecer este mandato internacional, demostrará una vez más que los derechos humanos son solo el pretexto para esclavizar a un pueblo que desde hace muchos años decidió defender su dignidad, su revolución, su verdadera libertad y el derecho a decidir su futuro por sí mismo.