Reynaldo Pérez Pérez representaba a 63 familias tzotziles desplazadas de Santa Martha, Chenalhó, y contaba con protección federal desde 2023.
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Aplicar infracciones de tránsito, realizar revisiones vehiculares, instalar puntos de inspección y ordenar el retiro de unidades con grúa, son sólo algunas de las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional (GN) en autopistas federales.
Con la reforma al reglamento federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los elementos de la corporación podrán sancionar conductas como exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o no usar cinturón de seguridad.
Asimismo, los uniformados de la GN estarán facultados para efectuar inspecciones mecánicas en carretera y verificar condiciones de seguridad en los vehículos. También podrán aplicar pruebas de alcoholemia en vías federales cuando existan operativos o protocolos de seguridad. En casos considerados graves, la autoridad podrá ordenar el traslado de vehículos al corralón.
Otro de los puntos incluidos en la reforma contempla sanciones para quienes se nieguen a obedecer instrucciones de los agentes. Conductas como no detenerse, rechazar la entrega de documentos o agredir a los elementos podrían derivar en la puesta a disposición ante el Ministerio Público (MP).
Las autoridades federales argumentan que las nuevas disposiciones pretenden mejorar el control en carreteras y reducir riesgos para conductores y transportistas; sin embargo, la reforma sucede en un contexto en el que la corporación ha sido señalada por cometer diversas violaciones a los derechos humanos.
Desde su creación, en 2019, la GN ha concentrado un total de dos mil 203 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sólo se han emitido 14 recomendaciones por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y desaparición forzada.
En 2025, la CNDH recibió 378 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, pero el organismo sólo emitió una recomendación durante ese año.
Reynaldo Pérez Pérez representaba a 63 familias tzotziles desplazadas de Santa Martha, Chenalhó, y contaba con protección federal desde 2023.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.