Debido a que los juicios de amparo remitidos a un tribunal de consigna no han podido frenar las afectaciones acumuladas en la población (salud y medio ambiente), el abogado Luis Miguel Cano adelantó que a más tardar en febrero llevarán su queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o al Sistema Universal de Derechos Humanos, uno de los Comités de Naciones Unidas competente para conocer de Comunicaciones por violaciones a los derechos humanos.

El Colectivo Ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, denunció esta mañana la falta de justicia y sesgo de la misma, ya que todos los amparos y juicios fueron concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por tener un criterio previo a los amparos y conocer los juicios del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y Santa Lucía.

Ambas instancias judiciales no podrían ir en contra de lo que ya dictaminaron sobre el beneficio del nuevo aeropuerto, dijeron los abogados Luis Miguel Cano, Mario Victoria y José Luis Guerrero, en sus distintas intervenciones. Por otra parte, la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha remitido a la Primera Sala las solicitudes de atracción de los juicios, cuando es la Segunda Sala a la que corresponde conocer por ser la especializada en Materia Administrativa.

Los abogados advirtieron que existe una estrategia de demora por parte de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), que en todo momento, mediante quejas sin fundamento, “han tratado de retrasar el avance de los diversos Juicios, llegando incluso a presentar formatos idénticos en sus recursos, donde se alegan cosas diferentes a los hechos a que se refieren los amparos o advirtiendo, por ejemplo, que un juzgador está imposibilitado de tomar decisiones en materia de aeronáutica, desconociendo la Constitución, porque México, como signante del Tratado de Chicago, acepta que puede regularse”.

La autoridad responsable (SENEAM) debió realizar los estudios para determinar cuál sería la problemática del ruido como agente contaminante, como lo declaró la OMS, en afectaciones de sueño, cardiacas, de nivel de vida de la gente, que no son inmediatas, sino a futuro. Sin embargo, tampoco en este rubro cumple la autoridad judicial que no exige a SENEAM la comprobación.

“Los ciudadanos no somos ratas de laboratorio, necesitamos transparencia y justicia”, destacó la representante del colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, mientras el abogado Mario Victoria, afectado de la zona donde pasan las nuevas rutas, dijo que las autoridades tomaron decisiones “sin tomar en cuenta que quienes estamos abajo somos seres humanos en una gran ciudad y que estamos teniendo problemas de salud”.

Los abogados han presentado más de 30 amparos y 7 recursos, de los cuales 25 siguen en trámite, pero confían que el poder judicial manifieste su autonomía del Poder Ejecutivo y resarza la vulneración fundamental que existe en estos casos. Es “nuestro derecho a la legalidad”, saben que “si revisa, la autoridad responsable encontrará fallas y esa es la omisión y opacidad de la que nos quejamos”.

Mario Victoria agregó que “la defensa (de las autoridades responsables) está basada en la no rendición de cuentas” e, incluso, llegan a cuestionar la competencia del Poder Judicial en la revisión constitucional de sus actos de autoridad, bajo el argumento de seguridad nacional, cuando se trata de un aeropuerto civil y las responsables son autoridades civiles.

Luis Miguel Cano y José Luis Guerrero agregaron que están viviendo un adelanto de lo que puede significar el acuerdo presidencial anunciado la semana pasada, porque ahora cualquier persona en el país está en riesgo de que se aprueben proyectos sin informarles, sin dejarles participar, sin que se midan los impactos ambientales y, como en este caso, “se vulnere la tranquilidad y la paz, condiciones mínimas indispensables para una buena vida, y que han sido violentadas desde hace 8 meses de forma permanente”.

“No somos los ciudadanos quienes debemos demostrar que estamos tirados en la cama por afectaciones a la salud, son las autoridades quienes deben asegurarse de que eso no suceda; así funciona un estado democrático de derecho y nuestra Constitución. Y es lo que no hicieron las autoridades”, agregó Cano.

Minerva López, Luz María Gaubeca y Javier Girault, representantes del colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, dieron a conocer que ya existen afectaciones a la salud, lo que ha obligado a muchas familias a migrar de los lugares donde vivían, “y pueden ser más”, por lo que demandaron que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia atraiga sus casos y resuelva conforme a derecho a favor de los vecinos afectados.

El abogado Guerrero reveló que las afectaciones a la ciudadanía son reales y son cuantificables en el número de quejas que ya existen en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM).

Mario Victoria, finalmente, destacó que la falta de cumplimento de la ley acrecienta las dudas sobre la seguridad aérea en la creación de las nuevas rutas, sobre si son las más adecuadas para el Valle de México e, incluso, sobre su operatividad.