La deuda ha crecido enormemente y no se ha utilizado en inversión pública, en obras y servicios que beneficien a la población.
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La reforma electoral presentada el 4 de marzo ante el Congreso por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha generado críticas de la oposición y advertencias de analistas que consideran que algunos de sus planteamientos podrían representar retrocesos democráticos.
La iniciativa contempla diez cambios constitucionales, entre ellos reducir en 25 por ciento el gasto público destinado a la organización de elecciones y al financiamiento de partidos políticos, restringir la publicidad electoral y eliminar la representación proporcional en el Senado.
Para María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la propuesta resulta “regresiva en procedimiento y contenido”.
En entrevista con Deutsche Welle, la analista señaló que la reforma favorecería al partido en el poder, al eliminar la asignación proporcional de escaños en el Senado y permitir al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) legalizar la sobrerrepresentación legislativa.
Casar también cuestionó la forma en que se elaboró la iniciativa. “Esta vez se hizo la propuesta en la oscuridad, con una comisión donde todos eran de Morena”, afirmó, en contraste con reformas electorales anteriores negociadas entre fuerzas políticas desde 1978.
Por su parte, Javier Martín, profesor de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que el recorte al financiamiento público podría aumentar el riesgo de corrupción y narcopolítica, al incentivar fuentes de financiamiento ilícitas.
Aunque la reforma incluye medidas como el etiquetado obligatorio de contenidos generados con inteligencia artificial y la prohibición del uso de dinero en efectivo en campañas, especialistas señalan que persisten problemas en el diseño de la propuesta.
Entre ellos destacan falta de claridad en los mecanismos de control, en el conteo de alianzas electorales y en los criterios de transparencia, aspectos que podrían generar complicaciones operativas, facilitar la manipulación electoral o incluso abrir la puerta a posibles mecanismos de censura previa.
Analistas consultados por DW consideran que la iniciativa podría debilitar los contrapesos democráticos construidos durante décadas y aumentar el riesgo de penetración del crimen organizado en la política, lo que la convierte en una de las reformas electorales más controvertidas de los últimos años.
El proyecto ya inició su debate legislativo, aunque diversos analistas prevén que su aprobación por mayoría calificada podría enfrentar dificultades, debido a las divisiones surgidas incluso dentro de la coalición gobernante.
La deuda ha crecido enormemente y no se ha utilizado en inversión pública, en obras y servicios que beneficien a la población.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.