México se halla hoy entre Escila y Caribdis, por obra de la “Cuarta Transformación”. De un lado, el prolongado cierre de las escuelas, y la improvisada enseñanza a distancia y por televisión, remiendo estéril, que ha abatido la calidad y aumentado la deserción. De 33.6 millones de alumnos inscritos en el ciclo escolar anterior, según la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 2020 Inegi (El Universal, 24 de marzo): “La pandemia del Covid-19, la falta de dinero o la necesidad de trabajar expulsó a 8.8 millones de estudiantes entre tres y 29 años del ciclo escolar vigente 2020-2021, tanto de escuelas públicas como privadas (...) 2.3 millones de niños, adolescentes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados a la emergencia sanitaria; 2.9 millones por no contar con recursos, y 3.6 millones porque tuvieron que laborar”. Y esto trae sus secuelas.

Basado en un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, dice El Financiero (tres de junio): “De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de secundaria. Hoy su conocimiento llegará solo al equivalente a 1° de secundaria”. A este paso, pues, en un año seremos un país con conocimientos promedio de sexto de primaria, con la consecuente pérdida de productividad y competitividad, caída en la economía y en el ingreso de las familias. Ciertamente, esto se asocia con el prolongado cierre de las escuelas, pero ahora, para “remediar” la situación –igual que antiguamente se sangraba a los pacientes para curarlos, apresurando en realidad su fin–, el Gobierno ordena, “¡llueva, truene o relampaguee!”, en acto de suprema soberbia y de una insensibilidad espeluznante, el retorno a clases presenciales el 30 de agosto, sin considerar consecuencias ni hacer lo necesario (sobre todo lo que implica gastos, pues así lo ordena la austeridad) para garantizar la salud y la vida de estudiantes, profesores y familias, frente a la peligrosa tercera ola de Covid-19. Tal vez oyeron que en otros países, como China, se regresó hace tiempo; sí, pero allá se lucha exitosamente contra la pandemia, conque su regreso es racional; aquí, en cambio, es acción suicida.

El porcentaje de vacunación es muy bajo: apenas 18.4 por ciento de la población tiene el esquema completo –ni la quinta parte. Según analistas, la variante delta, altamente contagiosa, puede ser contenida, siempre y cuando se aplique la vacuna completa mínimamente a 80 por ciento de la población, lo cual implica todavía 110 millones de dosis más. Y al paso que van las cosas, para el 30 de agosto el porcentaje alcanzaría a lo sumo 30 por ciento (Enrique Quintana, El Financiero, 27 de julio). En tales circunstancias, pues, es una peligrosa imprudencia el retorno a clases. La realidad así lo indica, para quien tenga ojos para ver. La pandemia ha dejado, hasta hoy, un saldo de 238 mil 595 fallecimientos (cifras oficiales, sin considerar los no contabilizados), y en esta tercera ola, niños y jóvenes, que son el sector más afectado, serán aglomerados irresponsablemente en los salones de clases. Contra toda ciencia, racionalidad y consideración de circunstancias, se apuesta todo a la suerte… y a los amuletos. Mientras tanto, más estados retornan al semáforo naranja, pero al Gobierno le es indiferente.

Y para no gastar, crea condiciones adversas al regreso a clases al que pretende obligar a los niños mexicanos: “Inversión física en salud bajó 45.6 por ciento a mayo (...) este año se destinó el menor monto desde el 2008 (...) En el caso del ISSSTE, México Evalúa reportó que solo ejerció seis por ciento de su presupuesto anual aprobado para la inversión física (...) con lo que se encuentra 76 por ciento debajo del programado en el periodo y es 86% menor a lo que se gastó en el 2020 (...) Dentro de la inversión física presupuestaria, la cual se destina a proveer bienes y servicios para la construcción de obras públicas, el rubro de salud representó apenas uno por ciento del total que gastó el gobierno en el periodo”. (El Economista, 25 de julio de 2021, datos de la SHCP).

El Gobierno de la 4T tampoco atiende las carencias materiales de las escuelas, principalmente donde estudian los más pobres, expuestos al mayor peligro. “Hace más de un año el subsecretario Marcos Bucio admitió ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que por lo menos 46 mil 515 escuelas –23 por ciento de los planteles del país– no contaban con agua. Ni hablar de agua potable. Al día de hoy, el Gobierno Federal no ha anunciado ampliaciones presupuestales o un plan para dar mantenimiento a las escuelas. ¿Si no son las autoridades, entonces quién va a costear los gastos? ¿Los padres de familia? Sin planes de aprendizaje ni de condiciones físicas dignas lo único que hay es un anuncio político en beneficio de las autoridades, no de las comunidades educativas” (Alexandra Zapata, The Washington Post, dos de junio de 2021).

A mayor abundamiento, El Financiero, 25 de mayo de este año, señala: “de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se estima que para un regreso seguro a clases se requieren, al menos, 10 mil 376 millones de pesos para dotar de lavamanos a 62 mil 629 escuelas públicas básicas que no cuentan con esta infraestructura sanitaria (...) sería necesario un aumento de 1.2 por ciento en el gasto educativo de 2021, que en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 tuvo un nulo crecimiento en términos reales (...) 17.3 por ciento de las escuelas de educación básica y 15.8 por ciento de las escuelas de nivel medio superior no contaron con sanitarios (...) el presupuesto para infraestructura educativa en 2021 (...) (es) 51.5 por ciento menos en términos reales que el asignado en 2020”. Sencillamente, no hay apoyo gubernamental a las escuelas para un regreso seguro.

Existe, además, un peligroso hacinamiento escolar. “De acuerdo con (...) la OCDE, México cuenta con las escuelas más pequeñas de los países evaluados, pero con los grupos de estudiantes más grandes (...) el promedio de niños en un salón de clases de primaria es de 26.3 contra el promedio de 20.3 de los demás países; en secundaria (...) 30.3 alumnos contra 24.1 (...) en el nivel bachillerato (...) 34 estudiantes (33.9 como promedio), mientras que el estándar de la OCDE es de 24.1 (Excelsior, 13 de mayo de 2015)ˮ. Además, por su edad misma, los niños corren más riesgo de descuidar las medidas sanitarias básicas.

Así pues, por la negligencia gubernamental la población se halla en una disyuntiva de hierro: o recuperar la actividad escolar, a riesgo de contagio quizá mortal, o bien, salvar la vida a costa de sacrificar la calidad educativa. Cierto que se requiere el retorno a clases, pero éste debe ocurrir, obligadamente, a condición de que el gobierno provea lo necesario parea garantizar la sanidad. Afortunadamente la sociedad, que sí razona, manifiesta un abierto rechazo a la descabellada resolución gubernamental. En su Encuesta Regreso a Clases, El Financiero, 27 de julio, registra: “... 62 por ciento rechaza regreso a clases presenciales (...) un aumento de 16 puntos con respecto a junio, y se trata de la cifra más alta que ha registrado este indicador de percepción desde mayo de 2020, superando incluso el 57 por ciento que se registró en enero pasado, en el pico de la segunda ola de contagios”.

Obligación del Gobierno es velar por la educación, pero también por la salud y la vida de los habitantes, y aquí no se hace ni una cosa ni la otra. Dijimos antes que estamos ante dos grandes peligros. Valdría precisar que en realidad son tres: el retroceso educativo, el regreso a clases en medio de una creciente pandemia, y el gobierno de Morena.